Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares bajo la gestión de Genaro García Luna, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia mañanera de este lunes, el funcionario federal detalló que entre los funcionarios involucrados en la firma de contratos están Rodrigo Esparza, excomisionado de la Policía Federal con un contrato por un monto de 69 millones 100 mil dólares; Humberto Martínez, exdirector general de Apoyo Técnico de la extinta Policía Federal con 38.8 millones de dólares; Luis Cárdenas Palomino, con 2.5 millones de dólares; Rafael Avilés, exjefe de la División de Fuerzas Federales, con 12 millones de dólares.
En cuanto al gobierno de Enrique Peña Nieto, se involucra al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social, con 88 millones de pesos.
Gómez aseguró que no se tratan de irregularidades en el desempeño de un funcionario público, sino de un “gigantesco mecanismo de succión de dinero público, que ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande.
Gómez señaló que los contratos que involucran a otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública, conforman el núcleo central de la demanda que ha presentado el gobierno mexicano ante EU, para recuperar 700 millones de dólares surgidos de operaciones ilícitas e involucrados en triangulación de lavado de dinero por parte del exsecretario de Seguridad Pública.
Añadió que actualmente la denuncia se encuentra detenida por una apelación de la defensa de estos funcionarios involucrados, que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida. Señaló que esto deberá resolverse próximamente para continuar por el proceso emprendido para recuperar los recursos extraídos al erario.
