Luis Enrique y una fiscalía de brazos caídos

SARA BRUNA QUIÑONEZ. Una fiscalía sin resultados.

Fueron desoladoras las declaraciones de la fiscal, Sara Bruna Quiñonez, sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, y también que a un año del crimen no se haya detenido a los dos responsables plenamente identificados, uno de ellos asesino material y el otro el que ordenó el crimen, según la propia fiscalía.

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En realidad, fueron reclamos. Reclamos a “la sociedad (que) no coopera, no le interesa, solo le gusta leer por el morbo”. “La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar, de aportar, de dar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar”. Reclamos a los medios de comunicación, a los que condenó que no hayan solicitado a la federación que atraiga el caso, porque –aseguró– quien ordenó el asesinato es miembro del crimen organizado.

“¿Por qué ustedes (medios de comunicación) no cooperan? yo les diría: exijan a la federación, tienen más recursos”, cuestionó.

Fue patética su reacción ante las preguntas de los reporteros que le exigían respuestas a la impunidad que se ha impuesto a un año de ocurrido el crimen. No puede con el caso —eso es muy obvio— y quiere pasar la pelota a la FGR, porque quien ordenó el asesinato “es miembro del crimen organizado”. ¿Es necesario que la FGR lo atraiga para que atrape a los asesinos? ¿Y la coordinación? Ante el crimen de Javier Valdez, en mayo de 2017, gobierno estatal, fiscalía estatal y gobierno federal, a través de la Feadle, se coordinaron y ofrecieron resultados meses después. Hubo cruces de información hasta que armaron la teoría de crimen y establecieron autores materiales y autor intelectual.

Pero esto no ha sido así en el caso de Luis Enrique Ramírez. Desde el principio pudimos ver que el gobierno estatal y el federal andaban por pistas distintas: la fiscalía estatal armando el caso mientras el gobierno federal se adornaba en las conferencias mañaneras del presidente AMLO. Por lo menos en dos ocasiones, el gobierno federal, a través de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y del ex subsecretario de la misma dependencia, Ricardo Mejía Berdeja, expusieron públicamente información confidencial del caso que pudo haber alertado a quienes perpetraron el crimen. La misma fiscal, Sara Bruna Quiñonez, se quejó públicamente de esto.

En el caso de Javier, las dos fiscalías, la estatal y la federal, se hermanaron –me consta–, para sacar adelante la investigación. Pero a Sara Bruna le irrita el caso de Luis Enrique y pide que mejor los ciudadanos le digan dónde están sus asesinos; y como no lo hacen, despotrica contra ellos. Y como no le parece suficiente, responsabiliza a los medios y periodistas sinaloenses porque no hemos exigido que la federación atraiga el caso, como si eso fuese una garantía de que va a ser resuelto.

Lo dijo el profesor Óscar Loza el viernes durante la protesta que hicimos en la sede de la Fiscalía: ningún caso de estos o de otra índole, se ha resuelto solo porque fue atraído por la fiscalía federal; eso no es ninguna garantía.

Así, lo que la fiscal quiere es lavarse las manos, decir yo entregué una carpeta concluida y ahora jodan al gobierno federal.

Y entonces hay que preguntarnos qué hace la fiscal en su puesto. Su trabajo al frente de la fiscalía es sobradamente mediocre y una entidad con tantos agravios criminales merece una mejor gestión de quien esté al frente de la institución que debe investigar y consignar adecuadamente a quienes los perpetran.
En Sinaloa se siguen cometiendo homicidios todos los días, ejecutados, levantados, —ahora también, porque los narcos han dejado de pagar la nómina, robos a comercios, a casa habitación, asaltos, robos de autos, secuestros…— y no se ve que la fiscalía esté resolviendo nada. Tampoco en crímenes que han despertado protestas sociales llenas de indignación, como el del maestro de danza, José Juventino, asesinado en San Miguel Zapotitlán, a principios de marzo, y cuyo caso simplemente parece archivado.

Bola y cadena
¿QUÉ PASÓ CON LOS LEVANTADOS (TRES) en Culiacán hace 15 días, dos de ellos en un centro comercial? Cuando escribo estas líneas descubren a una pareja asesinada, madre e hijo, y encontrada en el asiento trasero de un auto Mercedes Benz. ¿Quién mató al danzante, Maximiliano Corrales? ¿Tiene respuestas la fiscal?

Sentido contrario
DURANTE LA REUNIÓN QUE EL PRESIDENTE AMLO tuvo con los senadores de Morena y las llamadas corcholatas, en Palacio Nacional, les urgió a que en los meses próximos se definiera ya al precandidato presidencial de su partido. Quiere ganar tiempo y ya Mario Delgado empieza a consensuar los términos de la convocatoria. En todas las encuestas que se han hecho, Claudia Sheinbaum sale arriba de su más cercano contendiente, que es el canciller Marcelo Ebrard. En Sinaloa trae, por ejemplo, 10 por ciento de ventaja, en Jalisco 15 y en Tabasco sale, incluso, arriba de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que gobernó esa entidad. La encuesta o las encuestas han sido y serán abiertas –no entre los militantes de Morena—a los ciudadanos y esto abre margen para una operación de la derecha y aliados –PRI, PAN, PRD, MC– con el fin de parar la continuidad de la 4T, que estaría más que garantizada con Claudia. Y ahí es donde Marcelo se puede colar. Ya se verá.

La aguja y el pajar
ALGUIEN DEL GOBIERNO ESTATAL se apresuró a disponer que las niñas y los niños huérfanos por feminicidio recibieran un poyo bimensual, pero solo a las víctimas indirectas de noviembre de 2021 en adelante, es decir, a partir de que Rubén Rocha asumió la gubernatura. La plana se corrigió y ahora se dará desde 2012, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Sinaloa y se propondrá al Legislativo, dijo el gobernador, para que quede ya como Ley.

Artículo publicado el 07 de mayo de 2023 en la edición 1058 del semanario Ríodoce.

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