La empresa que forma parte del conglomerado de los hermanos Arellano Hernández está incluida actualmente en la red para triangular recursos utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública
Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte del Grupo Arhe, de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, se encuentra en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al integrar la red de triangulación de recursos utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
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El pasado 9 de marzo, Pablo Gómez, titular de la UIF, confirmó durante la conferencia mañanera, que Operadora Grupo Gas Mart forma parte del entramado financiero de empresas y personas, mediante el cual García Luna y sus cómplices consiguieron más de 726 millones de dólares a través de contratos amañados con dependencias de seguridad del país, y que luego utilizaron para comprar propiedades y crear empresas en Estados Unidos, principalmente en Florida, y que el gobierno mexicano actualmente busca recuperar.
En el diagrama titulado “Contrato del entramado de García Luna (2009-2018)”, difundido por Gómez, se observa que Operadora Grupo Gas Mart recibió en 2013, 2016 y 2017 transferencias por más de 42 millones de pesos de la empresa Nunvav Inc, constituida en Panamá por el grupo Weinberg.
A su vez, Grupo Gas Mart, creada en 2012 en Mazatlán, transfirió en 2015 y 2016, 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad de García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra.
“Hay aquí otro operador, Grupo Gas Mart, que también era, digamos, vinculada a las actividades de la empresa de Glac Security, y algunas otras…’”, dijo Pablo Gómez.
Dicha información fue publicada por Ríodoce el 11 de abril de 2021 en el reportaje “Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe”, a partir de una investigación y denuncia presentada por la UIF en 2019 contra el exsecretario de Seguridad y las empresas y personas señaladas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera consideró entonces que las empresas de esta red, entre las que incluye a varias de los Weinberg, fueron fondeadas “con un alto grado de probabilidad” con dinero “proveniente de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna”, así como con recursos resultantes del “desvío de fondos de la Secretaría de Gobernación y de la Tesorería de la Federación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto”.
El 19 de septiembre de 2022, el gobernador Rubén Rocha Rocha Moya afirmó que en una visita a Pablo Gómez, titular de la UIF, le preguntó sobre quiénes estaban siendo investigados en Sinaloa por lavado, y le respondió que nadie.
“Cuando visité al director, al jefe de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, le dije que si me podía decir quiénes estaban siendo investigados en Sinaloa por lavado, me dijo que ninguno, no sé si ya los tenga, porque fue hace como tres meses o cuatro”, declaró.
Previamente, había señalado que, Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, también le confirmó que no había ninguna investigación abierta contra los Arellano Hernández.
“Le pregunté y estaba conmigo Enrique Díaz, también se dice que los Arellano son lavadores de dinero y me dijo la directora general, que es Rosalinda López Hernández, me dijo, ‘nosotros no hemos encontrado que los Arellano laven dinero, ellos son muy buenos para planear el tema fiscal’”, dijo.
En la conferencia semanera de ayer lunes, Rocha Moya cambió su postura. Mencionó que las empresas que están bajo sospechas no serán invitadas a participar en licitaciones del gobierno estatal.
“Voy a ver el tema y el que esté bajo sospecha no los invitamos para no meternos en problemas”, expresó.
El 17 de julio de 2022, Juan José Arellano Hernández, presidente de Grupo Arhe, que se integra de más de 100 empresas, asistió junto con otros empresarios sinaloenses y del país a una cena a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de la rifa de lotes de Playa Espíritu en Escuinapa.
En Mazatlán, el empresario también estuvo acompañado en diversos actos de sus empresas por el entonces gobernador y actual Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, y el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
La empresa de los Arellano
Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV fue creada el 27 de diciembre de 2012 en Mazatlán con la razón social Canadá Resort S de RL de CV por Roberto Osuna Rubio, —uno de los principales socios de los hermanos Arellano Hernández—, junto con la empresa Consultores en Opciones de Negocios SC de RL, en la que María Hernández Ramos, madre de Juan José y Erick, tenía el 90 por ciento de las acciones.
En 2014 cambió su nombre a Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, luego se modificó el tipo de sociedad a una SA de CV; en 2016 fue escindida parcialmente para dar paso a la empresa Consultoría Administrativa Río Nazas SA de CV, que en abril de 2017 transformó su nombre a Operadora de Servicio ICIT SA; posteriormente cambió su razón social a Consultores Administrativos Río N SA de CV.
En enero de 2020, Operadora Grupo Gas Mart cambió de nuevo su razón social a Canadá R Servicios de Operación SA de CV, nombre que lleva actualmente.
La empresa de Grupo Arhe que aparece en el entramado de triangulación de recursos de García Luna, tiene como actividad financiera registrada servicios de contaduría y auditoría.
María Hernández Ramos, su hermano David, su cuñado Patrón Millán y Osuna Rubio, quienes han compartido la propiedad de Operadora Grupo Gas Mart, también aparecen como accionistas o apoderados en diversas empresas del Grupo Arhe, como Consorcio de Consultores en Servicios Extraordinarios Pren, SC de RL de CV y Despacho VLCC, SC de RL de CV, ambas creadas a partir de la escisión total en 2019 de Consultores en Opciones de Negocios SC de RL.
El entramado
La información más reciente de la investigación de la UIF, que confirma la publicada en 2021 por Ríodoce, señala que García Luna habría utilizado a las empresas Nunvav Inc, SA, Nunvav Technologies, INC SA, Nice Sistems LTD y Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC para obtener 30 contratos con diversas instituciones de seguridad pública en México como el CISEN, la extinta Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por más de 726 millones de pesos.
Posteriormente dichos recursos se transfirieron a bancos nacionales y luego a centros off shore en diversos países como Panamá, Barbados e Israel.
Nunvav Inc, constituida en octubre de 2005 en Panamá y que en 2011 se estableció en México, agrega el esquema de la UIF, también obtuvo 762 millones de pesos de la Tesorería de la Federación y 23 millones del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Pablo Gómez detalló que de 2006 a 2012 el CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna por 316 millones 675 mil 995 dólares, y “ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras, aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna”.
“La empresa Nunvav, Inc., está es muy importante, posteriormente siguió funcionando, fueron otorgados dos contratos por parte de la Policía Federal a cargo del comisionado Esparza y en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, que actualmente está preso, pero por otro motivo, no por este, pero está denunciado por estas cosas. El monto de los contratos fue de 14 millones y medio”, explicó.
“Luego, fueron otorgados a la empresa Nunvav, Inc., cinco contratos por parte del órgano administrativo de prevención y readaptación social, que son las prisiones a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra, como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233 millones 75 mil 995 dólares”.
En el periodo 2012-2018, la trama de corrupción siguió operando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, firmándose 19 contratos más por 363 millones 866 mil 666 pesos.
“Otra vez la empresa Nunvav Inc., fueron otorgados nueve contratos cuando estaba a cargo del CISEN el señor Eugenio Ímaz Gispert por un total de más de 44 millones de dólares y 15 millones de pesos, y cuando estaba a cargo como director general el ciudadano Alberto Bazbaz Sacal, por un monto de 52 millones 200 mil pesos”, indicó
“La empresa Nunvav Technologies Inc. es una empresa distinta a Nunvav Inc., pero tiene los mismos dueños, el mismo personal, con ella se firmó un contrato de 208 millones 832 mil 31 pesos, por parte del director general Eugenio Ímaz Gispert.”
Nuevamente la empresa Nunvav Inc obtuvo cinco contratos, estando a cargo del organismo de prisiones, el comisionado Eduardo Guerrero Durán, cuatro de estos por 157 millones 50 mil dólares y uno más por 270 millones de pesos.
El titular de la UIF señaló que actualmente hay denuncias abiertas contra los involucrados en la triangulación de recursos, entre ellos García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
“No solamente están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación. Hemos estado insistiendo en la fiscalía de que es necesaria ya la solicitud de las órdenes de aprehensión contra todos ellos”, mencionó.
“Los Weinberg están denunciados en México, estos de la holding norteamericana están denunciados por el gobierno mexicano ante la Fiscalía General de la República y están en la carpeta de investigación de la fiscalía”.
Además, el gobierno de México tiene abierta una demanda civil en contra de García Luna y sus cómplices ante la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en EU, con la que pretende recuperar más de 700 millones de dólares que, asegura, los demandados “lavaron” y transfirieron a cuentas bancarias de ese condado, y que después utilizaron para comprar bienes y propiedades.
Artículo publicado el 12 de marzo de 2023 en la edición 1050 del semanario Ríodoce.
