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Las nuevas peticiones de juicio político contra el ‘Químico’ Benítez

LUIS GUILLERMO BENÍTEZ. Las nuevas denuncias.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo están protegiendo al hoy exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acusaron dirigentes de asociaciones civiles de Mazatlán. El señalamiento se hizo junto a la ventanilla de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, cuando regresaron al recinto legislativo a presentar de nueva cuenta la solicitud de juicio político contra el hoy secretario de Turismo.

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Esta vez para no correr riesgos, esa misma mañana presentaron ante el Poder Legislativo la solicitud y la ratificación.

Los dirigentes de asociaciones civiles de Mazatlán, que acudieron a presentar nuevamente la solicitud, encabezados por Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez y Jorge Figueroa Cancino, argumentaron que la protección al alcalde de Culiacán puede verse en el hecho de que Benítez Torres fue nombrado secretario de Turismo, pese a que tiene señalamientos de corrupción ante la Fiscalía General, y de que la ASE hizo también observaciones por la compra directa de lámparas led con un contrato millonario.

A la integración del exalcalde al gabinete estatal se suma que la anterior solicitud de juicio político fue desechada por ratificarse tres horas y 30 minutos más tarde. El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, argumentó que el marco legal señalaba un plazo máximo de 72 horas para presentarla.

La demanda de juicio político está basada en cuatro hechos: Los reiterados ataques a la libertad de prensa y el periodismo, el haberse negado a atender a los grupos de desplazados por la violencia, los gastos suntuosos y excesivos como el caso de los constantes viajes con un “séquito de asistentes y amistades”, y la compra sin licitación de luminarias a Azteca Lighting, SA de C.V.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Madrid, turno la denuncia para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, junto a otra solicitud que con fecha anterior había llegado al Congreso del Estado.

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En el documento presentado, los representantes de las organizaciones sociales cuestionaron que desde que inició su administración, Luis Guillermo Benítez lo primero que hizo fue comprar de manera directa y sin licitar una camioneta con un costo mayor a un millón de pesos.

Otro de los señalamientos contra el hoy exalcalde han sido los desencuentros con sus subalternos y funcionarios que no le hicieron caso en manipular el presupuesto, como el exdirector jurídico, Luis Antonio Aguilar Colado; el exdirector de Tenencia de la Tierra, Raúl Carvajal Tirado; Gildardo Izaguirre Fierro; así como Marsol Quiñones Castro, exdirectora del Instituto Municipal de Cultura, la ex síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, quien incluso tuvo que demandar la violación de sus derechos electorales y la práctica reiterada y documentada en razón de género.

A lo anterior sumaron los ataques a la libertad de prensa y periodismo e incluso a la integridad de los trabajadores de los medios, que derivaron en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En otro apartado acusan al exalcalde de haber negado atención a las personas desplazadas por la violencia de la zona serrana de Concordia y otras comunidades, pese a que así lo establece la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley Estatal de Atención de Víctimas del Estado de Sinaloa y la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa.

La demanda se refiere también a un mote que se ganó el exalcalde como “presidente peregrino” por los constantes viajes con gastos suntuosos y excesivos, alejados de la realidad económica. Contabilizan más de 60 viajes, la mayoría de ellos sin justificación y pretextos banales, además que se omitió información de cómo y en qué se gastó.

Dentro de los excesos de Benítez Torres se hace alusión a gastos indebidos e innecesarios en obras suntuarias como el Mirador del Corazón, el Pasillo de Liverpool, las estatuas de Marilyn Monroe y del Capitán Jaques Yves Cousteau, cuando la población tiene verdaderas necesidades de servicios básicos y en la zona turística brotan aguas negras.

Acusan además que se han entregado bienes municipales para pagar deudas que por negligencia al enfrentar juicios se han perdido de manera maliciosa y bajo ciertas sospechas, como el caso del pago de más de 142 millones de pesos a Nafta Lubricantes.

Frente a ello, continúa el documento, por negligencia e impericia de los titulares de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, maquillaban una supuesta defensa, enfocada mejor a perder todo tipo de litigios.

En la parte final del documento se hace referencia a la social y molestia generalizada por el quebranto al patrimonio económico al contratar “fuera de toda cordura y legalidad”, sin mediar licitación pública y trasparencia, la compra y adquisición de 2 mil 139 lámparas led con un costo total de 400.8 millones de pesos a una empresa “de dudosa conformación”, Azteca Lighting, que comenzó con un patrimonio de 50 mil pesos y se dice creadora de prototipos de lámparas de iluminación.

El marco legal vigente no especifica plazo para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emita un dictamen sobre si considera que existen elementos que justifiquen el inicio de un juicio político.

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En forma paralela venció el plazo de 30 días hábiles que la ASE estipula para que se reintegren 60 millones de pesos que el gobierno de Benítez Torres pagó por concepto de anticipo al contrato de las lámparas.

El marco legal señala un plazo límite de 120 días para que la ASE emita un dictamen sobre la evaluación de los documentos presentados para solventar, y para que el área jurídica expida una resolución en caso de que no hayan solventado.

Artículo publicado el 20 de noviembre de 2022 en la edición 1034 del semanario Ríodoce.

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