Los archivos hackeados a la Sedena no evidencian avances en las investigaciones ni detención de los responsables, pese a que durante el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán fallecieron al menos tres civiles
A tres años del “culiacanazo”, uno de los episodios más violentos de Sinaloa, cuando los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, arrodillaron a las autoridades, no hay ningún detenido y tampoco se conocen avances en las investigaciones. Lo que sí revelan los archivos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, es que el Ejército buscó minimizar el impacto negativo del suceso en la imagen institucional y del gobierno mexicano e incluso proyectó un cambio de estrategia para enfrentar al Cártel de Sinaloa.
En los cientos de documentos extraídos de correos, algunos catalogados como confidenciales, sobre el operativo fallido del 17 de octubre de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán López, no se encontraron menciones sobre las investigaciones realizadas por la Sedena, tampoco se menciona si hay detenidos, pese a que durante los enfrentamientos al menos tres civiles murieron: un empleado de una llantera y dos carpinteros.
El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó el 18 de octubre de ese año en rueda de prensa en Culiacán, que el procedimiento para detener a Ovidio, no se detendría.
“Recuerden que hay una orden de extradición (contra Ovidio Guzmán) y está solicitada una orden de aprehensión, entonces este procedimiento tiene que continuar”, declaró Durazo.
Actualmente siguen libres tanto Ovidio como su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien de acuerdo a la información oficial es el autor de los enfrentamientos, quema de vehículos y secuestros ocurridos ese día y que llevaron a la liberación del primero.
La información sobre el “culiacanazo” también fue reservada por cinco años, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió días después del hecho a que sería pública. Y de las investigaciones internas de los militares tampoco se sabe nada.
Días después del hecho, las autoridades señalaron que reforzarían la seguridad de las instalaciones militares que fueron agredidas, pero fue hasta este año, que se construyó la barda perimetral de la Unidad Habitacional Militar de la colonia 21 de marzo, mientras que en el Cuartel de la Novena Zona Militar se hizo más alta la barda existente, se construyeron más casetas de vigilancia y se remodeló el acceso.
Minimizar el golpe
En los cientos de documentos sobre el “culiacanazo”, que forman parte del hackeo a la Sedena por parte de Guacamaya, se observa que el Ejército dio un seguimiento puntual a las noticias nacionales e internacionales sobre el tema.
“Respecto a los hechos sucedidos en Culiacán, Sin., ha generado tendencia positiva en favor de la actuación del personal militar, entre usuarios de las redes sociales, registrándose en la presente fecha un incremento de 3,876,013 reproducciones, 24,429 likes, 6,874 compartidos, 1,918 comentarios positivos y 1,156 comentarios negativos al respecto”, señala un documento interno fechado el 19 de octubre de 2019.
Otro archivo interno del mismo mes plantea la elaboración de una encuesta para “mostrar que la opinión pública sabe que el Ejército Mexicano tiene la fuerza, el entrenamiento, las capacidades, los valores y los medios necesarios para derrotar al crimen organizado”.
El documento plantea aplicar una encuesta antes y otra después de que se “presente la línea del tiempo oficial que el presidente López Obrador se ha comprometido a explicar ante la opinión pública nacional”, la cual se dio a conocer el 30 de abril de ese año.
“El objetivo es analizar cambios en la opinión pública derivados de la presentación de la línea del tiempo oficial. Se sugiere esperar a tener los resultados de la encuesta para decidir si se publicará en medios de comunicación o se reservará para su uso interno”, señala.
En el documento se sugiere elaborar diez preguntas para conocer la opinión de la población sobre la decisión de liberar a Ovidio Guzmán y si a partir del “culiacanazo” se modificó la percepción social sobre las fuerzas de seguridad.
Algunas de las preguntas propuestas fueron: ¿cuál considera que fue la principal razón por la que se liberó a Ovidio Guzmán?, ¿usted considera que fue correcto que los militares liberaran a Ovidio Guzmán para salvar a sus familias o considera que debieron sacrificar a sus familias y mantener detenido a Ovidio Guzmán?, ¿usted considera que los militares debieron detener a Ovidio Guzmán sin importar cuál fuera el costo para la sociedad de Culiacán?
Dicha encuesta no se hizo pública y sólo se manejó de forma interna en la Sedena.
Cambio de estrategia
Trece días después del también llamado “Jueves Negro” –cuando los militares detuvieron a Ovidio Guzmán en una vivienda del Desarrollo Urbano Tres Ríos, lo que ocasionó una reacción violenta de la facción de Iván Archivaldo Guzmán, a través de 19 bloqueos en vialidades, 14 agresiones, el secuestro de ocho militares y un civil, la muerte de nueve personas y la fuga de 51 reos del penal de Aguaruto–, la Sedena elaboró un estudio para reorientar el despliegue operativo de los militares en Sinaloa.
La nueva estrategia planteó que el 17 de octubre de 2019, durante el “culiacanazo” la seguridad se vio amenazada debido a que “algunos servicios permanentes” no contaban con suficientes efectivos “para garantizar su seguridad o realizar una maniobra militar”.
Para reforzar los puntos débiles, se propone una redistribución de los más de 1 mil 200 elementos desplegados en el estado, retirando los que se ubican de pistas de aterrizaje y aeródromos, presas, casetas, para concentrar “fuerzas altamente móviles y con gran capacidad de volumen y potencia de fuego, ubicadas en puntos centrales para acudir con prontitud a cualquier emergencia”.
“Una ventaja de la concentración de fuerzas es que permite la coordinación y economía de fuerzas, siendo fuertes en un punto central desde el cual se puede acudir con prontitud, aplicando la mayor fuerza en un punto decisivo”.
El estudio detalla la forma en que opera el Cártel de Sinaloa, su equipamiento, adiestramiento, capacidad de movilización y de cooptación de las autoridades.
“Los integrantes de la delincuencia organizada cooptan a las autoridades para evitar ser capturados o bien que en su caso la averiguación previa correspondiente no sea integrada correctamente, de tal forma que, en el supuesto de ser detenidos, el delito no sea considerado grave y su liberación sea a corto plazo o de inmediato”, señala.
“Asimismo, utilizan algunos miembros de las corporaciones policiales y ministeriales, tanto locales como federales, como informantes, a fin de conocer las actividades que realizan sus corporaciones o cuando se lleve a cabo algún tipo de operación”.
El análisis señala que el adiestramiento de los grupos criminales está orientado “a la forma de actuar en una reacción de emboscada, fuego en movimiento, transición de armamento individual; así como, tiro combinado con armas colectivas a bordo de vehículos”, y no se descarta que “personal con adiestramiento policial o militar les imparta el empleo táctico del armamento y formaciones básicas de combate”.
Añade que dicho grupo delictivo posee armamento de uso exclusivo del Ejército, así como vehículos blindados, que operan principalmente durante la noche y durante el día evitan los enfrentamientos y utilizan “halcones” o espías para tener información sobre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los civiles muertos que la Sedena no reconoce
Durante el “culiacanazo”, Ríodoce constató que al menos tres civiles fallecieron en el fuego cruzado: un empleado de una llantera ubicada junto al City Club, identificado como Noé Beltrán y dos trabajadores de una carpintería, Nicolás “N” y Jorge Arturo Hernández.
Noé recibió un disparo en el estómago, cuando un grupo de hombres armados se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Nicolás y Arturo fueron encontrados asesinados boca abajo cuando junto a la camioneta de redilas en la que se trasladaban por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, luego de entregar unos muebles en el Centro de Ciencias.
El padre de uno de ellos afirmó a Ríodoce que fueron militares quienes les dispararon a los carpinteros cuando se encontraban acostados boca abajo, pues él tuvo acceso a un video que registró el doble crimen.
Un testigo de los hechos, dijo:
“Avanzaban protegidos con un ‘Rino’ (camioneta blindada). Y cuando llegan a la esquina de la Burguer es cuando les disparan a los carpinteros. Ellos estaban acostados boca abajo y los soldados les dispararon como a cinco metros de distancia. No sé, a lo mejor creyeron que eran de los otros, no lo sé. Yo no los puedo juzgar, pero los soldados en esos momentos le tiraban a lo que se moviera”.
En el reporte de la Sedena del 30 de octubre de 2019, sólo se da cuenta de un civil fallecido, un elemento de la Guardia Nacional, dos custodios, un interno del Penal de Aguaruto y cinco agresores.
Otro dato de los documentos hackeados por Guacamaya es que, durante los enfrentamientos, sujetos armados a bordo de varios vehículos dispararon y arrojaron granadas en el acceso a la Novena Zona Militar, “sin que resultara Personal militar lesionado, los agresores huyeron del lugar en sus vehículos llevándose sus armas”.
Las guerras del Cártel de Sinaloa
En los documentos robados al Ejército, se da cuenta que el Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico tiene presencia en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, y que en nueve de esas entidades mantiene una guerra constante con otros grupos criminales por el control de las plazas.
El informe que data de 2020, señala que en Baja California se disputa el narcomenudeo y trasiego de droga contra el Cártel de los Arellano Félix y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Colima con el CJNG por el control del puerto de Manzanillo.
En Quintana Roo el conflicto es con el CJNG, CDG y Los Pelones por el narcomenudeo y extorsión, en Chihuahua, contra La Línea-Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) por el narcomenudeo de producto sintético y rutas de trasiego de droga.
En Jalisco en apoyo a La Nueva Plaza, escisión de CJNG, en Oaxaca es punto de confrontación con el CJNG por el narcomenudeo, trasiego de droga, extorsiones y secuestros. En Sonora con Los Beltrán Leyva por el trasiego y venta de droga, en Zacatecas contra el Cártel del Golfo (CDG), Los Talibanes y Cártel del Noreste, por el predominio de las rutas de trasiego, narcomenudeo y extorsiones.
Mientras que en Sinaloa la guerra es con Los Beltrán Leyva por las zonas productoras de enervantes (mariguana y amapola) y las rutas de trasiego de droga (aunque hay evidencias de que ya llegaron a acuerdos).
Precisa que, tras la detención de Joaquín Guzmán Loera en 2016, se acentúo una división en cuatro facciones: una de Los Chapitos o Los Menores liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, otra a cargo de Rafael Caro Quintero, una tercera de Los Mayos a cargo de Ismael Zambada García, y Los Guanos encabezados por Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo.
El documento señala que el Mayo, el Guano y Caro Quintero, actualmente preso, son más proclives a la negociación, mientras que el grupo de Los Chapitos, es más violento.
“Con la finalidad de atenuar diferencias con los descendientes de Guzmán Loera, el Mayo optó por respetar el coto de poder a sus hijos”.
Añade que, en 2019, en Sonora, Zambada García, Caro Quintero y Los Chapitos moderaron directamente las rutas de trasiego de droga y migrantes, para evitar un choque armado entre los líderes locales”.
El informe “confidencial” proyecta que la insistencia de Los Chapitos por dominar sobre el resto de las vertientes y así lograr una mayor expansión, son riesgos permanentes de ruptura al interior de Pacífico.
“Ismael Zambada continuará con su estrategia de negociación para evitar conflictos internos, con la intención de posicionarse como líder hegemónico. El conflicto entre las vertientes y las fisuras en su interior, debilitarán a la organización. Máxime en entidades donde su presencia es endeble o con resistencia de otros grupos delictivos”, añade.
“De permanecer los conflictos en las vertientes, otros grupos, como el CJNG, intensificarían su expansión en espacios controlados por CDP.”
Un documento más reciente de agosto de este año, señala que actualmente el CDP mantiene presencia total en 16 municipios de Sinaloa y parcial en tres, y que se encuentra bajo el mando del Mayo Zambada e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Señala, además, la existencia de la facción de los Beltrán Leyva bajo el mando de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, que mantiene influencia total en los municipios de Guasave y Sinaloa, y parcialmente en tres municipios.
Artículo publicado el 16 de octubre de 2022 en la edición 1029 del semanario Ríodoce.
