Por pasivos sin fuente de pago, rechazan cuentas de Mazatlán y Culiacán
El crecimiento desordenado de los pasivos sin fuente de pago, privilegiar la contratación directa de obra pública y la baja solventación a las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, fueron los principales los criterios de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado para rechazar las cuentas públicas de 2020.
Un total de nueve cuentas públicas de municipios han sido rechazadas por la Comisión de Fiscalización: Mazatlán, Culiacán, Navolato, Elota, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa y Mocorito.
Los pasivos sin fuente de pago que han presentado los municipios, que compromete la viabilidad económica de las finanzas municipales, serán temas a abordar por la Comisión de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado, para contemplar la posibilidad en el futuro que pudiesen ser considerados como faltas graves.
Los dictámenes elaborados por la Comisión de Fiscalización serán votados por el Pleno en el nuevo periodo de sesiones que inicia este mes de octubre.
Mazatlán, en el ojo del escrutinio público
Los diputados rechazaron la cuenta púbica de Mazatlán de 2020, sin considerar los resultados de la auditoría específica por los contratos de adjudicación directa que se hicieron para la compra de luminarias con la empresa Azteca Ligthing.
La reprobación en el dictamen estuvo basada en la solventación, apenas del 27.14 por ciento que logró el gobierno municipal sobre los pliegos de observaciones que hizo la ASE, en los que se presume un daño a la hacienda pública.
El gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el alcalde Luis Guillermo Benítez, tampoco pudo justificar el crecimiento desordenado de los pasivos sin fuente de pago en un 746 por ciento en relación a la cuenta pública de 2019, lo que significó que no pudo justificar ante la ASE un gasto de 160.9 millones de pesos.
A lo anterior se le sumó que los contratos para realizar las obras públicas que privilegiaron la adjudicación directa en un 64.29 por ciento y que no se realizó ninguna obra vía licitación, un hecho que llamó la atención de los legisladores de la Comisión de Fiscalización.
En las conclusiones del dictamen, los diputados señalaron que existieron 73 resultados con observación, de los cuales derivaron cuatro recomendaciones, 63 promociones de responsabilidad administrativa y 25 pliegos de observaciones.
Los legisladores consignaron también en el dictamen que se excedió este municipio en 7 millones 227 mil pesos respecto al presupuesto de 2019 en el concepto de gasto por servicios personales.
El dictamen incluye que se pagaron 14.9 millones de pesos por concepto de anticipo de pago a proveedores, aportaciones para eventos y pago de quincenas de 2020 del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, pero no se recuperaron.
Existió también el pago de 5.7 millones de pesos de una nómina especial de apoyo para vehículos y asesores para el síndico procurador y regidores, los cuales fueron consideraron sobresueldos.
Se registró un gasto por 2 millones de pesos para la renta de un terreno ubicado en el Ejido de Urías, para ser utilizado como basurón, pero no se mostró evidencia comprobatoria del gasto mediante una factura.
Realizó pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales para el pago de uniformes completos y equipo para la Policía de Tránsito, Turística y elementos de Salvamento Acuático de Mazatlán, pero no presentó documentación justificativa el gasto por un total de 1.3 millones de pesos.
El gobierno municipal también gastó 690 mil pesos en calidad de anticipo por consultoría, un software y equipo de cómputo para la instalación de un mural interactivo en el Archivo Municipal, pero no se recuperaron ni se aplicaron al cierre de la cuenta pública 2020.
El dictamen señala la compra de 327 mil pesos por concepto de compra de boletos de avión y hospedaje para funcionarios del municipio, sin contar con la evidencia justificativa del gasto, entre otras múltiples irregularidades.
Culiacán, el rechazo que se veía venir
El rechazo de la Comisión de Fiscalización a la cuenta pública del 2020 del entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro, se sumó a la lista de cuestionamientos del Congreso del Estado a su desempeño. El dictamen indicó que el gobierno municipal de Culiacán registró 506 millones de pesos por concepto de pasivos sin fuente de pago, lo que representó un incremento del 60.7 por ciento.
Culiacán, además, privilegió la contratación de obra pública en un 92.27 por ciento, lo que consideraron los diputados no aseguró al municipio las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para aumentar la eficiencia en el gasto efectuado.
En los gastos se cuestionó el pago de 12.3 millones de pesos por pagos de resoluciones y sentencias con cargo a la cuenta de gasto corriente, sin contar con las evidencias de los laudos.
Tampoco se contó con comprobación de gastos por concepto de pólizas de seguros por un monto de 8 millones de pesos; se registró el pago de igualas diversas a regidores, lo cuales se consideraron sobresueldos por 2.1 millones de pesos.
El municipio de Culiacán tuvo una disminución de su deuda de largo plazo por un 27 por ciento respecto al ejercicio de 2019.
El gobierno municipal de Culiacán solamente solventó el 37 por ciento de sus pliegos de observaciones, quedado pendiente 25 millones de pesos.
Ante la ASE, el municipio de Culiacán no pudo justificar el incremento de los pasivos sin fuente de pago.
Reprueban la cuenta pública de compañera de bancada
El ser integrante del Grupo Parlamentario de Morena, no salvó a la ex alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, de que la cuenta pública de su administración en 2020 fuese rechazada por la Comisión de Fiscalización.
El dictamen destacó la existencia de 48 observaciones de responsabilidad administrativa y 18 pliegos de observaciones, los cuales derivaron a 23.2 millones de pesos.
En las conclusiones, los diputados reconocieron que la administración municipal disminuyó sus pasivos sin fuente de pago en 41.7 por ciento, respecto a la cuenta pública de 2019, pero subsistió una insuficiencia financiera por 108 millones de pesos para hacer frente a las obligaciones de corto plazo.
El municipio privilegió a la contratación directa para realizar obra pública en un 86.09 por ciento; de ello, 7.83 por ciento, se adjudicó por invitación a por lo menos tres personas y solamente el 6.9 por ciento fueron licitadas.
En servicios personales se registró un incremento sobre el límite aprobado en el presupuesto por 25 millones de pesos, en comparación del presupuesto de 2019.
Se presume un daño a la hacienda pública federal por 10 millones de pesos por no haber reintegrado en el plazo límite, al no ser utilizados, a la tesorería de la federación recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales.
Se realizaron pagos por un millón 851 mil pesos por concepto de asesoría en material legal de despachos a cargo del gasto corriente, sin contar con evidencia justificativa del gasto.
La administración municipal de Guasave realizó pagos por un millón 584 mil pesos con recursos del gasto corriente para la adquisición de maquinaria usada, a la cual la ASE realizó inspección física y encontró que estaba inoperante y no puede ser utilizada.
El dictamen resaltó que el municipio de Guasave no dio respuesta alguna las observaciones hechas por la ASE, por lo que se estableció como no solventadas y emitió una constancia de falta de respuesta.
La cuenta pública fue rechazada por unanimidad; ningún compañero de su bancada defendió la cuenta pública.
Artículo publicado el 02 de octubre de 2022 en la edición 1027 del semanario Ríodoce.
