Acusan al alcalde Gerardo Vargas, de estar detrás de las amenazas

Las amenazas a líderes de ¡Aquí No! subieron de tono, y pasaron de terceros a la presencia de presuntos pistoleros o distribuidores de droga que se apersonan ante las familias de estos para disuadirlos de oponerse a la construcción de la planta de amoniaco en sus territorios sagrados en el Mapahui, ubicado en los alrededores de Topolobampo.

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Esa fue una estrategia usada con el líder más visible y actual síndico de Topolobampo, Joel Ulises Pinzón Vázquez, y que el lunes 12 de septiembre se repitió con Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira; Claudia Susana Quintero Sandoval, alférez del templo de la Virgen del Carmen, también en Ohuira; Melina Maldonado Sandoval, de Lázaro Cárdenas e Irene Díaz López de Paredones.

Pinzón Vázquez denunció al alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, de promover las amenazas de retirarlo de la lucha, dañarle a la familia y de quemarle el equipo de trabajo que le vertieron sujetos que lo citaron en el embarcadero de su padre, pero la querella no avanzó. Aún se tiene en litigio.

Felipe, Claudia, Melina e Irene interpusieron la denuncia AHOME/UATYPC/3730/2022/D, pero contra quien resulte responsable. Ellos tuvieron que enfrentarse a la burocracia de la Fiscalía General de Justicia del Estado que se oponía a recibirles la querella por comparecencia, y justo cuando estaban por pasar con el sicólogo de la dependencia, les avisaron que individuos mal encachados los buscaban a través de una cuñada de Claudia.

Pese a la nueva amenaza, ellos no desistieron.

La primera advertencia en torno a las lideresas ocurrió el domingo 11 de septiembre cuando concluía la asamblea deliberativa sobre la planta de amoniaco en Topolobampo. Después de un rechazo unánime, ellas recibieron un telefonazo de un apoyador ambientalista que les comunicaba que a su negocio había llegado un desconocido para que transmitiera un mensaje: “Vamos a levantar a una de las mujeres de ¡Aquí No!”. Y aunque el mensaje fue entregado, ellas continuaron con su lucha.

En ese mismo momento, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) tomó el caso, y posteriormente, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos los acompañó en el trámite. Hasta ahora, ellos han sido respaldados por dependencias no gubernamentales, porque el gobernador, Rubén Rocha Moya está ausente, lejano y contrario al movimiento.

Tan lo es que la última semana de mayo del 2022, el subsecretario de gobierno, Rodolfo Jiménez López lanzó una amenaza velada a Montaño cuando le describió a su familia y le recordó que ya sólo le quedaba un hijo, después de que fracasaron todos los intentos de corromperlo. Jiménez continúa despachando como gobierno.

Sin embargo, no es el único embate en contra del colectivo ¡Aquí No! El mismo día que se denunciaban las amenazas, el ex cobanaro de Lázaro Cárdenas, Ramón Ahumada Llanes acusó ante la FGJES a algunos miembros de haberle robado un portafolio con documentos importantes, durante una travesía del campo pesquero al puerto de Topolobampo. El ex gobernador tradicional fue derrocado por sus representados cuando descubrieron que usó indebidamente una lista de asistencia de tesorería para desistirse del amparo que finalmente anuló la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a favor de GPO.

En tanto que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) enderezó la cacería de la doctora Diana Escobedo Urías, científica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusándola de revelar estudios a los miembros del colectivo ¡Aquí No!, pidiendo su separación.

Escobedo es la única científica que durante 30 años ha realizado estudios sobre la sanidad de la bahía Ohuira-Santa María-Topolobampo y ha criticado el proyecto de GPO, con una sentencia contundente: “Eligieron el peor lugar para su construcción, porque la bahía no es apta para esa industria. No la va a soportar y acabaran con el sustento directo de más de 3 mil familias”.

Felipe Montaño, en el cierre de la consulta indígena en Ohuira afirmó, “El gobierno sí amenaza” cuando arengó a sus seguidores a resistir cualquier intento de quebrar la oposición. Debemos estar pendientes, unidos, fuertes para enfrentar cualquier embate de GPO y de los gobiernos, que todos son los mismos. Ya les negamos el consentimiento, y no lo van a tener de los pueblos originarios que serían los primeros perjudicados, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, aunque 15 comunidades alejadas del impacto ambiental hubiesen opinado a favor”.

Felipe, Claudia, Melina e Irene se mostraron firmes en su lucha por proteger el sistema lagunar del que han vivido, incluso antes de que Topolobampo se desarrollara como concepto portuario. Las amenazas no los quebrarán, pues GPO ya se va, y tan se retirará que no tiene, en estos momentos, un solo permiso para iniciar su construcción.

Artículo publicado el 18 de septiembre de 2022 en la edición 1025 del semanario Ríodoce.