Un grupo de periodistas en Baja California Sur buscan una reforma de Ley para proteger la libertad de expresión, luego de que denunciaran el uso del ejercicio del poder para hostigar a través de instituciones y represalias, por investigaciones periodísticas publicadas en distintos medios de comunicación.

Según cita el medio Zeta de Tijuana, en el estado hay 15 medios de comunicación y periodistas demandados por diversos delitos que denunciaron servidores públicos.

Los comunicadores, están siendo presionados por ejercer la libertad de expresión, que bajo el Artículo 6 de la Constitución dicta: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

Mientras que los afectados sostienen que se están utilizando tanto a las autoridades electorales como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

“Tenemos el caso ahorita de quince compañeros que fueron demandados; en esta lista se encuentra un servidor, y de alguna manera están tratando, pues están en una situación de persecución por diferentes delitos. Lo que estamos haciendo es entregar este documento que firmó una comisión de reporteros, editores y directores de algunos medios para hacer el exhorto al Congreso”, explicó Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, director de Metrópoli Mx.

Algunos de los periodistas y empresarios que figuran en las denuncias, son Lucio Chavira, Juan Carlos Méndez, Bertoldo Velazco, José Luis Puga, Fernando Valencia, Diego Soto, Gerardo Zúñiga, Alejandra Fernández, Erick Murillo, Perla Cota, Ángel Piedra e Issis García.

Los periodistas recurrieron al Congreso local, constituido por mayoría de Morena, para que, a través de los representantes populares, puedan atenderse por separado cada uno de los 15 casos y solicitar revisión.

El pasado 20 de junio los comunicadores entregaron a Oficialía de Partes del Poder Legislativo local un documento solicitando su intervención, sobre todo un pronunciamiento al respecto, ya que, a tres meses de las denuncias presentadas a los legisladores, ni uno solo ha tocado el tema.

A casi un año de que se registraron los hechos, el 02 de marzo del 2022 Arlene Moreno denunció violencia política de género de parte de medios

Las solicitudes son:

– Expedir un extrañamiento por parte del Congreso del Estado de Baja California Sur al Instituto Nacional Electoral (INE), FGR y PGJE por el hostigamiento y persecución a compañeros del gremio periodístico.

– Crear una Comisión Especial Plural, con un legislador de cada partido político, la cual trabaje junto con una comisión de periodistas en la elaboración de un informe de todos los comunicadores hostigados y perseguidos, revisando caso por caso, y elaborar un plan de trabajo con un cronograma de actividades.

– Solicitar la separación del cargo de todos y cada uno de los servidores públicos que presentaron quejas y denuncias contra periodistas, para evitar que utilicen influencias y recursos públicos contra los comunicadores.

“Le vamos a dar lectura en solicitudes de particulares, estoy enterada del asunto y con mucho gusto la vamos a enviar a la comisión dictaminadora para que podamos proceder en ese sentido. Yo no tenía conocimiento de eso hasta hoy que registraron eso, supe que había denuncias en redes sociales y que había interpuesto algo una ciudadana, pero no sé del tema a fondo. No es estar de lado de alguien en especial, sea quien sea, es del lado de la justicia, de la Ley, agradecerles a ustedes el buen trabajo todos los días”, reconoció Gabriela Montoya, diputada por el Partido del Trabajo (PT).

El grupo de periodistas sudcalifornianos dijo a ZETA que algunos fueron denunciados por insultos, otros por violencia política en razón de género, incluso se les abrieron créditos fiscales para presionarlos, con requerimientos que consideran fuera de lugar.

Explican que está muy clara la mano de servidores públicos, principalmente el Estado y la Federación, y se denota con el avance tan apresurado de sus carpetas de investigación, dejando atrás casos que tienen mucho tiempo en pausa.

“Definitivamente se está utilizando el poder público para hostigar a los medios, para hostigar a compañeros que de alguna manera ejercen su derecho. Sí hay varios (servidores públicos) que han presentado denuncias, nada más que eso lo estamos trabajando ahorita, para precisamente presentar bien los casos, números de expediente y todo eso. Estamos organizándonos para ver denuncias, casos, nombres, para hacer el análisis con la comisión de los diputados e ir viendo caso por caso”, evidenció Zúñiga Pacheco.

De esta forma BCS podría ser la primera entidad a nivel nacional en crear una reforma de Ley que permita modificar el Código Penal, donde se añadan penalidades de cárcel a aquellos servidores públicos que utilicen influencias, recursos públicos y demás para hostigar y amedrentar a periodistas.

(Con información de Zeta de Tijuana)