El ex alcalde Culiacán será juzgado por discriminación, abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública

“Búsquense un mayate que las mantenga”, “son unas perras”, “son unas ignorantes”, “se la llevan jodiendo”, son las frases repetidas presuntamente por el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que derivaron en una de las denuncias por las que fue desaforado y separado del cargo.

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La semana pasada, el ex presidente municipal se presentó ante el juez para enfrentar dos acusaciones, una por una denuncia presentada por las viudas de policías por discriminación y abuso de autoridad y la otra por una denuncia presentada por un ciudadano por desempeño irregular de la función pública.

En el delito de desempeño irregular también están involucrados quienes fueron miembros de Comité de Compras y Adquisiciones del Ayuntamiento durante la administración 2018-2021, la actual Tesorera, Issel Guillermina Soto; el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; el ex oficial mayor, Alejandro Amézquita; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; y las ex regidoras de Morena, Angelina Gutiérrez y María Antonia Sarabia.

El miércoles pasado, Estrada Ferreiro acudió para enfrentar la imputación por discriminación y abuso de autoridad.

En la sala estaba el ex presidente municipal en la silla de los imputados, acompañado de sus abogados, Josué Javier Ontiveros, María de Jesús Verdugo y Juan José Galindo; y en el área del público, su hijo Jesús, junto con las 48 viudas y el hijo de un policía asesinado, en calidad de víctimas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el colectivo Viudas de Policías Caídos presentó una denuncia el 25 de marzo de este año contra el entonces presidente municipal de Culiacán.

Según las víctimas, el 10 de septiembre de 2021, se manifestaron en el Ayuntamiento para exigir al alcalde que acatara el decreto 645 que homologa la pensión con el sueldo de los policías en activo.

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Entre las 11:00 y las 12:00 horas, presuntamente el alcalde las atendió en el patio del Ayuntamiento y ahí fue donde supuestamente les dijo las frases que hoy lo tienen ante un juez.

“Búsquense un mayate que las mantenga”, “se la pasan jodiendo”, “son unas ignorantes”, “son unas perras”, “vuélvanse a casar para que las mantengan”, “búsquense un marido para que las mantenga y dejen de ser viudas”, dijo Estrada Ferreiro supuestamente a las viudas.

Presuntamente también les dijo que el Ayuntamiento no tenía porqué mantener huérfanos.

En esa reunión el alcalde les dijo que volvieran una semana después, pero sin Andrea, la líder del colectivo, porque es muy grillera.

Días después se volvieron a reunir en la sala de Cabildo, en una fecha que no pudieron precisar, solo que fue antes del 20 de septiembre.

En ese encuentro supuestamente volvió a decir que se buscaran un mayate, que se volvieran a casa para que dejaran de ser viudas, que nada más se la llevaban jodiendo.

Presuntamente les dijo que había presentado una controversia constitucional contra el decreto y que si el resultado les favorecía a ellas, tampoco les iba a pagar.

La Fiscalía integró a la denuncia de las viudas, una de Mario, hijo de un policía asesinado, quien denunció al alcalde porque se sintió ofendido por sus declaraciones.

Según el Ministerio Público, José Hipólito Varela, el alcalde cometió abuso de autoridad porque violentó con palabras a las viudas y las discriminó por su estado civil de viudas.

Señaló que la conducta atribuida a Estrada Ferreiro es la contemplada en la fracción II del Artículo 301 del Código Penal que señala que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que “ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, haga violencia a una persona sin causa legítima o la veje o la insulte, o la prive de su libertad”.

Detalló que por discriminación imputan la fracción III del Artículo 189, que señala como discriminación a quien por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas.

Al terminar la imputación el juez Adán Alberto Salazar Gastélum preguntó a los defensores si necesitaban alguna aclaración o precisión y Josué pidió a la FGE que precisara, como señala la Constitución, fecha y hora en que ocurrió el segundo encuentro.

El Ministerio Público respondió que no tenían determinada la fecha exacta, solo que fue antes del 20 de septiembre.

Después el juez preguntó a Estrada Ferreiro si le había quedado clara la imputación y respondió: “es confuso, eso es incierto. Sí entendí, no lo que quiso decir, sino lo que quiso enredar”.

Como datos de prueba, la FGE señala que cuenta con los testimonios de las víctimas, audios y videos en los que el ex alcalde señala que no tenía porqué disculparse con las viudas y de las manifestaciones que hicieron las viudas en octubre y abril.

Además de un video de una entrevista en el programa Diálogos con Café que se transmite por redes sociales, en el que dice que tiene adversarios y eso es lo que le genera problemas y que “no hay perro que no tenga dueño”.

La FGE también tiene informes de peritajes en sicología practicados a las viudas que establecen que sufren afectaciones por la pérdida de su pareja y todavía no pueden hablar de la pérdida.

La Fiscalía pidió al juez imponer como medidas cautelares acudir a firmar cada 15 días, la prohibición de viajar al extranjero sin autorización judicial, que no se acerque ni se comunique con las víctimas y evite hacer cometarios en las redes sociales sobre ellas.

Los defensores pidieron al juez no imponer ninguna medida, pero si debía hacerlo que fuera acudir a firmar cada 30 días.

Las medidas que pidió el Ministerio Público, dijo Josué Ontiveros, son para evitar que se sustraiga de la justicia y Estrada Ferreiro no lo hará porque tiene arraigo en la ciudad y tiene voluntad para acudir cada vez que sea citado como ocurrió ese día.

El juez resolvió imponer como medida cautelar que no se acerque ni se comunique ni conviva con las víctimas y evite hacer comentarios en las redes sociales sobre ellas.

La defensa del ex alcalde pidió la duplicidad del término constitucional para aportar datos de prueba, por lo que el martes 28 el juez resolverá si dicta el auto de vinculación a proceso.

A su salida, el ex alcalde dijo tener la conciencia tranquila y sentires apabullado y “con frustración por ver las cosas que ocurren”.

“Estoy tranquilo porque mi conciencia está tranquila, por eso”, expresó.

Estrada Ferreiro mencionó que esto que está ocurriendo con él es algo insólito.

“A título personal quiero decirles que es algo inédito, algo que nunca había ocurrido, hay cosas que entiendo, pero no puedo decir”, manifestó.

Un día después, el jueves 23 de junio, Estrada Ferreiro volvió a la misma sala de audiencias acompañado de los seis ex integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones.

La segunda denuncia fue presentada por un ciudadano por compras que se realizaron sin licitación.

El abogado de Estrada dijo que apenas tenían cuatro días con la carpeta de investigación y no la habían revisado bien, por lo que pidieron deferir la audiencia.

Los abogados de los otros señalados dijeron al juez que no tenían el expediente y por lo voluminoso del mismo solicitaron un plazo de entre 30 y 60 días para revisarlo y poder diseñar una estrategia.

La carpeta de investigación consta de 33 tomos con 16 mil 900 fojas.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum aceptó diferir la audiencia y la programó para el próximo 19 de agosto.

Al salir aseguró que ni él ni los integrantes del Comité cometieron algún delito.

“Ningún delito he cometido yo, ni el Comité tampoco”, comentó Estrada Ferreiro.

Señaló que por lo que ha revisado hasta el momento de la carpeta de investigación no hay una investigación sólida.

“Este caso la verdad es que no hay nada”, “para empezar son 17 mil hojas nada más, las armaron en un mes”, expresó.

Artículo publicado el 26 de junio de 2022 en la edición 1013 del semanario Ríodoce.