Y ahora, juicios en secrecía y desalojos bajo amenazas en Ahome

En la calle Veredas 1911, en el fraccionamiento Álamos Country, al sur poniente de Los Mochis, había una casa abandonada, que fue ocupada por un matrimonio que no tenía cómo comprobar ingresos por la falta de un trabajo estable.

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Ellos la mantuvieron habitable ya últimas fechas andaban regocijados pues esa casa la podrían comprar si el gobierno de Sinaloa cumplía con su oferta de que adquiriría cartera vencida al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y este detenía todos los juicios de desalojo que había promovido.

Incluso, ellos esperaban que ese acuerdo fuese real pronto para poder iniciar el trámite y ahorrar para lograr el patrimonio familiar.

Pero este viernes 3 de junio llegó hasta su puerta un actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial del Ahome con una notificación para Arnoldo Soto Soto relativo al juicio civil ordinario 870/2011-2 promovido por el INFONAVIT, exigiéndole la entrega de la casa.

Él accedió para evitar que su esposa e hija se alterara. Los policías asignados al caso para la seguridad del actuario lo amenazaron con lanzarlo a la fuerza, pues el juez los había facultado para romper toda clase de cerraduras de puertas y ventanas.

Así, él comenzó a cargar una camioneta y un camión con sus pertenencias, y poco tiempo después ya estaba afuera, de nuevo en la calle, como una década atrás lo estuvo.

El acuerdo político a que estuvo esperanzado Arnoldo y su familia para tener su casa nunca llegó. Ese acuerdo no era para él. Ni será para otras 30 familias que en igual circunstancias invadieron una de las muchas casas que se edificaron en la ciudad y que terminaron deshabitadas o convertidas en pocilgas, focos de infecciones, nido de vagos y en algunos casos “narcocasitas” o picaderos de drogadictos.

Aideé Soto Martínez, de la agrupación “Se da tu Vida Digna” afirmó que creyendo en la oferta del gobernador Rubén Rocha Moya que anunció un acuerdo con el Infonavit para comprar las casas ocupadas por precaristas doblaron las manos en la vigilia de los juicios, y fueron sorprendidos por leguleyos que con papeles en mano desalojaron a los inquilinos.

Tras analizar varios casos, se encontró con que el Infonavit no detuvo nunca los juicios de desalojo, sino que por el contrario se alió con despachos jurídicos para que a través de ellos se aceleraran los procedimientos de lanzamiento. El caso de Arnoldo Soto Soto es uno de ellos, consideró.

Además, los jueces de Sinaloa entraron al juego que se detectó en el país sobre la simulación de las actuaciones.

Pero en la entidad, aducen una cláusula de secrecía “privada” para no notificar a la contraparte de que se ha iniciado un juicio civil para lanzarlo de la casa, luego se sentencia el asunto y es ya concluido.

Para Soto Martínez el asunto es burdo y revela que el Infonavit se desentendió de los compromisos anunciados por el Presidente y el Gobernador, acordó con despachos simular juicios para terminar vendiendo a inmobiliarias las casas ya ocupadas por los precaristas.

“Ya no sabemos qué hacer, porque los políticos nos dan la esperanza de que la falta de vivienda se solucionará, que adquirirán la cartera vencida, que rehabilitarán las casas y que serán vendidas a precaristas, pero poco después son desalojados. Es lo mismo con los anuncios del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de los alcaldes y de los diputados. Todos mienten”, opinó.

Antes, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que resolvería de una vez por todas el problema de vivienda a los precaristas, a los que residen en invasiones los regularizarán y dotarán de servicios progresivos algunos predios que tiene la Comisión de Vivienda de Sinaloa (CVIVE), y que estaban en negociación con el Infonavit para encontrar la forma de comprar las casas abandonadas para distribuirlas entre las familias de bajos recursos económicos.
Arnoldo ya no tuvo esa suerte.

Juan Soltero Sánchez, líder en Sinaloa de la Central Unitaria de Vivienda, explicó que los juicios de desalojo se reiniciaron sorpresivamente porque algunos directivos de Infonavit acordaron validar los traspasos de los créditos cuando el gobierno bloqueó las subastas de cartera vencida.

“Desde hace dos meses hay un alud de ofertas de compra de casas con adeudos y con una serie de atrasos, pero es por eso, porque ya se puede traspasar el crédito hipotecario”, afirmó.

Esto fue un ardid de las mafias del poder que no quieren perder la forma de acumular dinero, y optaron por cambiar la operación.

No obstante, las organizaciones de precaristas ya encontraron la forma de bloquear esos traspasos y recaerá en los gobiernos de los estados, y de estos, Sinaloa es el más avanzado.

Soltero Sánchez consideró que hay algunos funcionarios federales que no quieren soltar el negocio del acaparamiento de las casas de interés social para beneficiar a las masas de bajos recursos económicos.

Artículo publicado el 05 de junio de 2022 en la edición 1010 del semanario Ríodoce.