Si alguna política pública ha implementado con éxito la izquierda en este país es la de los retenes del alcoholímetro en la Ciudad de México.

Viaducto, Río Churubusco, el Periférico, y otras vialidades de alta velocidad, amanecían los sábados y domingos con carros hechos pedazos contra los pilares y soportes de los puentes, con un elevado costo de vidas y salud de los capitalinos.

La razón de que esta acción del Gobierno de la Ciudad, haya sido y continue siendo exitosa es aparentemente muy sencilla: no hay distinciones ni valen influencias y quien es sorprendido conduciendo con niveles de alcohol más allá de los permitidos se va a cumplir sus horas de arresto.

No valen charolas, influencias, dinero, ni llamadas a políticos encumbrados para que los saquen del problema.

A casi veinte años de su implementación a nadie queda duda que además de que se han evitado muchos accidentes, los habitantes de la ciudad, se han educado en el uso del transporte público o en la famosa figura del “conductor designado”.

En Sinaloa, se han hecho tímidos intentos de establecer los puntos de revisión, sin embargo, es célebre y ya forma parte del anecdotario, cómo, cuándo y con cuánto se evitó la detención de conductores ebrios.

Hace unas semanas, antes del feriado de Semana Santa, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció sorpresivamente que ya no habría puntos de revisión de alcoholemia, porque a su juicio no eran efectivos y se prestaban a la corrupción.

Como muchas de las acciones de Estrada Ferreiro, esta no mereció ser socializada, pedir opiniones, soportarla en estadística y simple y sencillamente dijo: se acabaron y ya!

El Gobernador discrepó publicamente de la supresión y en tono hasta cierto punto de molestia pidió a las autoridades municipales “que cumplieran con su obligación y aplicaran el Bando de Policía”.

Rocha Moya reconoció que podía haber extorsión a los conductores en los puntos de vigilancia, pero que esa no era una razón para suprimirlos de tajo, sin embargo, al menos en Culiacán, su “molestia” no pareció calar en el ánimo del alcalde, que mantuvo la medida.

Pero haciendo a un lado la poca disposición de Estrada Ferreiro para consultar, escuchar, atender opiniones y su indiferencia ante la molestia del Gobernador, el hecho es que en Culiacán ya no operan los puntos de revisión, pero la corrupción sigue rampante porque ya no se limita a los clásicos retenes sino a la cacería de conductores.

En la madrugada culichi los conductores son detenidos de manera indiscriminada por patrullas solitarias colocadas en lugares “estratégicos” y no es difícil suponer que más de alguno va con copas de más.

¿Qué ocurre? Sencillo: si la ebriedad del conductor es manifiesta, amenazan con la detención y si se dfiende con que solo “tomó una o dos copas”, le dicen que van a retenerlo mientras llaman a quienes “traen el alcoholímetro” y de ahí en adelante, lo que pasa es que termina proponiendo un arreglo económico para seguir su camino, el cual, si les satisface el monto, es aceptado por los agentes.

El resultado es que el riesgo de los conductores alcoholizados y de terceros que tienen necesidad de circular a esas horas, sigue vigente y cada fin de semana los medios de comunicación dan cuenta de los accidentes por exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad.

No dudo que el presidente municipal haya tenido a la mano datos que respaldan la ineficiencia de los retenes y de la corrupción focalizada en los mismos para tomar la decisión de suprimirlos y creo también que la molestia del Gobernador por su desaparición sea fundada.

El hecho es que datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad, colocan a Sinaloa dentro de los siete estados que por sí solos concentran el 45 por ciento de las muertes por hechos de tránsito y no se aprecia una acción decidida para que esto cambie.

Hace unas semanas, el 17 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que en sus transitorios ordena a las legislaturas de los estados aprobar las reformas necesarias para armonizarlas con esa Ley.

Precisamente entre esas nuevas disposiciones se encuentra la obligación de las entidades federativas y los municipios de “realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente”.

Esta nueva Ley debe verse como una oportunidad para implementar una política pública que haga uniforme en todo el Estado el funcionamiento de los puntos de revisión o la formación de un cuerpo policiaco preventivo especializado, que en rondines de vigilancia evite que los conductores ebrios sigan siendo una amenaza a la vida, integridad y bienes de la gente.

El tema de la corrupción y la impunidad de los “influyentes” tendrán también que resolverlo. Sí se puede…

Artículo publicado el 29 de mayo de 2022 en la edición 1009 del semanario Ríodoce.