El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, terminó aceptando tres medidas cautelares que la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) tramitó para proteger al periodista independiente, Marcial Pompa Guillén, quien habría sido vejado por el munícipe en su propio despacho.

En un oficio de respuesta al desahogo del caso 33/2022 iniciado el 17 de mayo en Los Mochis por la visitadora zona norte, María Aracely Sepúlveda Sauceda, el alcalde aceptó proteger la integridad física de reportero, y que él y su gabinete favorecían el ejercicio de todos los comunicadores, pero no contestó a los cargos que Pompa Guillén le imputó, aduciendo que lo haría en una respuesta posterior.

En los hechos denunciados por el director del portal El Periodista de Sinaloa, estos habrían ocurrido el martes 13 de mayo en el despacho de la presidencia, cuando, después de una antesala de 15 minutos, tuvo frente a frente al alcalde, con quien concertó el encuentro.

Ese día, el alcalde se aprovechó de que el reportero es una persona vulnerable por padecer retinopatía diabética y por ello dependiente de terceros para movilizarse, vejándolo, insultándolo y hasta amedrentándolo con ponerle “unos chingazos en el hocico”, sin tener una causa justificada o una provocación previa.

El arranque de ira del alcalde se produjo en forma instantánea y sin provocación, llegando incluso a mofarse de las familias de los comunicadores aduciendo que los hijos de estos deberían ser una vergüenza porque aceptan el dinero que sale de los municipios.

Pompa Guillen afirmó que el alcalde tenía un carácter irritable y comportamiento errático, reiterando que todos “eran una bola de basura y mantenidos”, y que “no le temblaría la mano para pegarles unos chingazos”.

En un momento de lucidez, según el reportero, Leyva Ortega atinó a decir que su molestia contra los reporteros era porque no le reconocían que era el mejor alcalde que ha tenido El Fuerte y uno de los mejores del país.

El periodista aseguró que el encuentro tuvo 10 minutos de duración y logró salir apresuradamente del despacho para no detenerse más, pues el estado alterado del alcalde lo presumía ser un riesgo potencial para su integridad física.

En respuesta a la denuncia de hechos en la CEDH, Sepúlveda Sauceda comentó que se enviarían los requerimientos necesarios para garantizar que el alcalde, Leyva Ortega no atente contra la libertad de expresión de los periodistas y de las personas en general, pues esta es una garantía consagrada en la Constitución.

Además, afirmó, que se llegaría hasta las últimas consecuencias para proteger las integridad de los reporteros.
Con ese antecedente, ese viernes, ella notificó a Pompa Guillén de que el Presidente Municipal aceptaba los términos de las primeras medidas cautelares solicitadas.

Además de la denuncia de hechos en la Comisión de Derechos Humanos, el reportero interpuso también una denuncia de hechos en el Órgano Interno de Control la cual sería ratificada en comparecencia durante la última semana de mayo.

En la nueva acusación contra Gildardo Leyva Ortega se agregó al secretario, Édgar Adair Espinoza Robles y al director de Comunicación Social, Gabriel Alberto Félix Castro, quienes se encontraban en el despacho del presidente al momento de la vejación, pero fueron omisos para detenerla.

Martín Román Cota Cota, director del Órgano Interno de Control, recepcionó la denuncia de hechos que contenía varios anexos e inmediatamente la remitió al director de Investigación, Bismarck Ayala. Este citó a Pompa Guillén para que ratificara la querella de hechos.

El alcalde, Gildardo Leyva Ortega, el secretario de la comuna, secretario de la comuna, Édgar Adair Espinoza Robles, y el director de Comunicación Social, Gabriel Alberto Félix Castro no han respondido a la denuncia de Pompa Guillén.

Este, por su parte, insistió en que continuará con los procesos legales en contra del alcalde y su gabinete porque lo agraviaron sin haber dado motivos. “Fue una actitud de abuso de poder que debe ser sancionada con rigor para evitar que otro alcalde, por el sólo hecho de serlo, atente contra reporteros.

En los hechos, las asociaciones de periodistas, Ocus y “Aarón Flores Heredia” condenaron la conducta abusiva del presidente municipal de El Fuerte y de sus subordinaros y demandaron un alto a las agresiones.

En tanto que los regidores del ayuntamiento de el Fuerte, Sandra Ham Mendívil, José Ramón Bueno Ibarra y Jairo Samuel Leyva Soto exigieron al alcalde que se disculpara con el reportero marcial Pompa Guillén, y en general con los periodistas …”que día a día tratan de mantener enterada a la población de una forma veraz y eficiente”, solidarizándose con el comunicador local por lo que dijeron “lamentable y penosa situación por la que atraviesa”.

En un comunicado, invitaron al gobernador, Rubén Rocha Moya, Congreso de Sinaloa y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a actuar en el caso conforme a derecho, a favor de la justicia y legalidad.

Artículo publicado el 22 de mayo de 2022 en la edición 1008 del semanario Ríodoce.