El Observatorio Ciudadano señala que la auditoría desnudó a la dependencia
A pesar de que existe un reglamento que obliga al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán a rendir cuentas de los gastos que ejerce por concepto de la organización del Carnaval, no lo hace, y eso debe prender los focos rojos a la Auditoría Superior del Estado (ASE), consideró Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
—¿Ha sido muy opaco el Instituto de Cultura para transparentar sus gastos?
—Exactamente, no nos rinden cuentas, ¿cuánto se gastó, por ejemplo en el Carnaval 2022?, no lo sabemos pese a que el Reglamento Interno del Instituto de Cultura establece la obligación de generar estados financieros exclusivos del carnaval…nunca los han hecho, a los 30 días tienen que hacer un previo y a los 60 debe de publicar el definitivo, ahorita ya estamos en tiempo de que publiquen estos estados financieros del Carnaval.
Con relación a los resultados de la más reciente auditoría de la ASE al ejercicio 2019, derivada de la denuncia que presentó la ex directora Marsol Quiñonez Castro, Observatorio Ciudadano observó una coincidencia en algunos temas, por los que también presentó denuncia.
“Nosotros tenemos un tema en específico que se denunció ante la ASE también (…) son los pagos al Ballet Clásico de Sinaloa, y lo que yo veo en estos resultados de la ASE, es que este tipo de auditoría se hacen de forma y no de fondo”, dijo.
En las auditorías se revisa un procedimiento, el expediente, la transparencia, pólizas de diario de egresos, el registro contable, “pero el fondo no se revisa, y lo vemos en el tema del Ballet Clásico de Sinaloa, en los resultados que emiten… pero el fondo es quienes formaban parte de esa Asociación Civil, es que estaba conformada, en ese momento por servidores públicos en activo.
“Nosotros los tenemos denunciados ante la ASE y esas denuncias pues sí van caminando de manera satisfactoria para nosotros porque las hemos estado empujando (…). En el momento que se generaron los contratos, los que integraban el comité directivo de la Asociación Civil era funcionarios públicos en activo, y ese es el fondo, que no se señala esa parte”, subrayó.
Respecto al resto de la información Observatorio Ciudadano la ve igual.
“Las revisiones son de forma, una cosa que sí pudimos comprobar, porque hemos analizado ese tema, es el de la contratación de músicos, en donde tenemos documentado que son contrataciones que se hacen por adjudicación directa, más bien por excepción a la licitación, son contrataciones directas que se hacen a ciertos músicos sin agotar el procedimiento establecido”, indicó.
La licitación pública es para garantizar las mejores condiciones a la hacienda municipal, pero el Instituto de Cultura no hizo el concurso durante la contratación de artistas para el Carnaval.
—Solamente ustedes presentan denuncias ante la ASE, ¿no van ante la Fiscalía General del Estado?
—Nosotros nos vamos más al proceso administrativo, procedimiento administrativo o la sanción administrativa, casos penales lo dejamos para que camine junto con el procedimiento administrativo, una vez que la ASE determina faltas graves, que sea ella la que canalice ese expediente a la Fiscalía especializada (…)
Dijo que en el Instituto de Cultura hay una situación igual a la que presentó el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien tuvo que devolver 7.5 millones de pesos para resarcir el delito, “es el único caso que se ha dado, y es una situación igual, son excepciones a la licitación, son contratos que se adjudican directamente cuando debieron haber pasado por una licitación pública. Y son temas que ya están documentados, que ya hay un antecedente, y que por ende la autoridad no puede dejar de investigarlos”.
Mencionó el caso especial de la presentación del cantante J Balvin, quien se presentó en el Carnaval de 2019.
“Los gastos ascienden a alrededor de 26 millones hasta donde nosotros estamos corroborando”, dijo.
El caso de J. Balvin es el monto que Observatorio Ciudadano ha documentado y es bajo esa práctica, la de adjudicación directa, que se realiza sin pasar del procedimiento legal
“Los resultados de esta auditoría debería de prender los focos rojos a la ASE porque detectan anomalías en nóminas, en adquisiciones, en alimentos, los pagos de finiquitos que se hicieron a personal que renunció y se les pagó como si se les hubiera despedido, el ejercicio del recurso es donde están los resultados de las auditorías”.
Rojo Navarro señaló otra inconsistencia que no ha sido aclarada por la paramunicipal, como el que en el ejercicio del recurso del año 2021, fecha en la que no hubo Carnaval a causa de la pandemia por COVID-19, tenían asignado un presupuesto y gastaron más de dicho monto.
Se les asignaron 70 millones de pesos más una ampliación de 42 millones 968 mil 411 pesos, que en total lo llevaron a contar con un presupuesto vigente de 112 millones 968 mil 411.53 pesos, sin embargo el Instituto de Cultura gastó, “de acuerdo al estado financiero todo está comprometido, todo está devengado y ejercido y pagados son 105 millones 368 mil 379.71, más 7 millones de pesos en deudas por pagar”.
Este es otro foco rojo para la ASE, que debe revisar el ejercicio 2021, señaló.
Artículo publicado el 17 de abril de 2022 en la edición 1003 del semanario Ríodoce.
