El juez acepta la disculpa pública del ex funcionario malovista

El proceso penal contra los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 263 millones de pesos fue cerrado, y con ello el último proceso que seguía abierto contra funcionarios del gobierno de Mario López Valdez.

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En noviembre de 2017 parecía que la FGE y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel tenían una estrategia de combate a la corrupción y castigarían a funcionarios de la administración anterior.

Ese mes, la FGE dio a conocer que había librado órdenes de aprehensión contra el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, fallecido el año pasado; el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García; y la directora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez.

Entre 2017 y 2018 la FGE llevó ante los jueces a nueve ex funcionarios de las Secretarías de Salud, Administración y Finanzas y Obras Públicas, pero solo dos fueron sentenciados y el resto obtuvo suspensiones o les retiraron las acusaciones.

Cuatro años después, se cerró el último proceso con una suspensión condicional del proceso con efecto de sentencia absolutoria.

La semana pasada se celebró la audiencia en la que el juez decretó la suspensión después de que los imputados pagaron 2 millones de pesos como reparación del daño, ofrecieron una disculpa pública y cumplieron con las condiciones impuestas.

La causa penal quedó cerrada después de que publicaron la disculpa por tercera vez.

Los imputados eran el ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Los ex funcionarios estaban acusados de desviar 263 millones de pesos de cuentas de recursos federales a cuentas de recursos estatales durante el último semestre del gobierno de López Valdez.

La primera disculpa fue publicada en noviembre del año pasado y rechazada por el juez Adán Alberto Salazar Gastélum porque no cumplía con el estándar mínimo y parecía decir, según el juez, “no hicimos nada pero tenemos que pedir una disculpa”.

En enero publicaron la segunda y también fue rechazada por el juez quien pidió publicarla de nueva cuenta con el mismo texto y solo cambiar la palabra circunstancias por hechos.

Este mes publicaron la tercera disculpa y la semana pasada ya fue admitida por el juez y declaró cerrada la causa penal.

Los imputados pagaron la reparación del daño en seis pagos de 333 mil 333 mil 333 pesos con 33 centavos.

Los ex funcionarios también estaban acusados de desempeño irregular de la función pública, pero la FGE, con anuencia del Gobierno del Estado, retiró la acusación.

Los únicos funcionarios llevados a juicio oral y sentenciados son el ex secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa; y la ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil.

Junto con Pineda Ochoa, la FGE acusó al ex secretario Rafael Lizárraga Favela; y al ex coordinador Administrativo, José Luis Martínez, por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público por presuntamente pagar 8 millones 600 mil pesos por campañas publicitarias que no se hicieron.

A Lizárraga Favela y a José Luis la FGE les retiró la acusación y solo la sostuvo contra Pineda Ochoa.

Tras un juicio oral, Pineda Ochoa fue sentenciado a 13 años de prisión por desempeño irregular de la función pública y luego un Tribual redujo la pena a ocho años.

Durante la investigación a FGE encontró que el dinero se transfirió a cuentas de familiares del ex funcionario y lo acusó de peculado pero fue absuelto porque presentó la acusación el último día del juicio, cuando ya no podía hacerlo.

La otra persona sentenciada es María Alejandra Gil, quien fue condenada a 4 años por el delito de desempeño irregular de la función pública y absuelta por ejercicio indebido del servicio público.

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En la misma acusación estaban Echeverría Aispuro y Otáñez García. El primero obtuvo una suspensión con el pago de 7 millones de pesos por reparación del daño y al segundo le retiraron la acusación.

Los ex funcionarios fueron acusados de asignar contratos por 14 millones de pesos para la prestación de servicios de imagenología.

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, hoy Fiscal General del Estado, fue quien dictó la sentencia. El día que dio el fallo dijo que la FGE había aplicado justicia selectiva y mencionó que de los testimonios que presentaron durante el juicio se desprende que había otras personas a las que también les podría resultar responsabilidad.

En otra causa penal, FGE acusó a Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y a José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental.

Los ex funcionarios estaban acusados de los delitos de desempeño irregular y ejercicio indebido por presuntamente realizar licitaciones a modo por 36 millones de pesos para la construcción del tiburonario de Mazatlán.

Meses después de que el tiburonario fue inaugurado el acrílico del estanque colapsó.

Los acusados obtuvieron una suspensión condicional del proceso con la que evitaron el juicio oral.

Representantes del Acuario señalaron que ya no les era útil que repararan el acrílico y como reparación de daño pidieron que pagaran cámaras para monitorear pingüinos con valor de 717 mil pesos.

Todos los procesos penales fueron llevados por la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Reyna Angulo Valenzuela, removida del cargo con la llegada de Sara Bruna Quiñónez como Fiscal General.

El 6 de febrero pasado en su cuenta de Twitter la ex funcionaria recordó que hacía cuatro años se había convertido en la primera fiscal anticorrupción y se dijo satisfecha con los resultados.

“Un día como hace 4 años, iniciaba un nuevo reto, la oportunidad de ser la primer Fiscal Anticorrupción de Sinaloa. Gracias por la oportunidad de lo vivido y aprendido, fue un reto sin procedentes, satisfecha del resultado”, escribió.

Artículo publicado el 20 de febrero de 2022 en la edición 995 del semanario Ríodoce.