El ex funcionario malovista junto con dos exservidores públicos de la SAyF deberán publicar una tercera excusa

De nueva cuenta el juez de control rechazó la disculpa pública de los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas durante la administración de Mario López Valdez, acusados de desviar 263 millones de pesos.

Esta es la segunda ocasión que el juez Adán Alberto Salazar Gastélum la rechaza, por lo que los imputados deberán publicar una tercera disculpa.

Los acusados son el ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos Ramírez.

El 24 de junio de 2021, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada concedió una suspensión condicional del proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público con la que evitan llegar a juicio.

Entre las condiciones para cerrar el proceso penal debían pagar como reparación del daño 2 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública a la sociedad.

La disculpa fue publicada el 24 de noviembre y fue rechazada por el juez Adán Alberto, quien pidió publicar una nueva.

La segunda disculpa fue publicada el 25 de enero pasado en el periódico El Debate de las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis.

“Dentro de la Causa penal 880/2018, seguida por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en la fracción IV del artículo 298 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en fecha 24 de junio de 2021, se autorizó en nuestro favor Suspensión Condicional del Proceso”, señala el texto.

Menciona que “en cumplimiento de una de las condiciones impuestas, por este medio ofrecemos nuestras más respetuosas y sinceras disculpas, a la sociedad sinaloense en general, así como a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas y/o agraviadas, por las circunstancias que dieron origen a la citada causa penal”.

La semana pasada los defensores de los acusados pidieron al juez cerrar la causa penal debido a que ya habían cumplido con las condiciones.

El abogado de Ernesto Herrera, Rafael Trejo, dijo que se había publicado la disculpa con los lineamientos que dictó el juez, en los que pedía que debía señalar la causa penal y el delito.

Se consideran cubiertas las condiciones, solicitamos el sobreseimiento de la causa penal, mencionó.

Ernesto Benítez, abogado de Armando Villarreal; y Carlos Olguín, de José Carlos, señalaron que con la nueva disculpa quedaban cumplidas las exigencias del juez.

“Los lineamientos están cumplidos, solo resta la suspensión”, dijo Benítez.

La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Nereyda Avilés, expresó que no había condiciones para dictar el sobreseimiento.

“La sociedad merece una disculpa real, verdadera, es lo menos que se merece. Todos estamos de cara a la sociedad y tenemos que dar cuentas”, señaló.

La vicefiscal Anticorrupción rechazó la disculpa porque dijo que el juez había dictado lineamientos muy claros y fáciles de entender, en los que señaló que debía incluir el delito y también el hecho por el que se les concede la suspensión.

La nueva disculpa, indicó, sí menciona el delito pero no menciona el hecho por el que fueron acusados.

“¿Sí un sinaloense la lee, va entender por qué se están disculpando?, ni un abogado entendería cuál es el hecho por el que se están disculpando. No entiendo porqué no cumplen si lo que sigue es la extinción de la responsabilidad”, expresó.

Manifestó que en la audiencia anterior, la Fiscalía estuvo de acuerdo con la primera disculpa porque era algo inédito, ya que no había un precedente de una disculpa por este delito y no había lineamientos establecidos, pero para la segunda el juez ya había dado lineamientos, los cuales no fueron cumplidos.

La disculpa que publicaron sin acatar los lineamientos del juez, dijo, “pareciera un desplante o manifestación de soberbia”.

Pidió al juez negar la suspensión y que publicaran otra que cualquier persona que la lea entienda cuál fue el hecho.

El abogado Rafael Trejo recriminó a la vicefiscal que ella ni siquiera estuvo en la audiencia en la que el juez dictó los lineamientos y recordó que fue la defensa quien pidió al juez que los dictara.

Señaló que contrario a lo que dijo la vicefiscal sobre que la disculpa no menciona el hecho, ésta sí lo menciona y es el ejercicio indebido del servicio público.

El defensor Carlos Olguín manifestó que si lo que la vicefiscal pretende es que acepten la responsabilidad y la culpabilidad, esto va en contra de la Constitución.

El abogado Ernesto Benítez cuestionó que la Fiscalía había estado satisfecha con la primera disculpa pública y ahora con la segunda ya no.

“Con la segunda disculpa la Fiscalía debe estar el doble de satisfecha”, expresó.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dijo que la primera disculpa no reunía el estándar para ser una disculpa.

Manifestó que no está pidiendo que reconozcan la responsabilidad, solo que ofrezcan una disculpa.

Señaló que no comparte con la Fiscalía que en la disculpa se tenga que poner todo el hecho tal y como está en la acusación.

Pidió a los acusados publicar una nueva disculpa pública que será el mismo texto que el anterior, solo deben cambiar la palabra “circunstancias” por “hechos”.

Donde dice “por las circunstancias que dieron origen a la citada causa penal”, deberá decir “por los hechos que dieron origen a la citada causa penal”.

En la primera disculpa señalaban “ofrecemos pues, disculpas a la sociedad, por la desafortunada forma en que se desarrollaron los hechos que nos ocupan, mismos que nunca se ejecutaron con dolo o mala fe, por el contrario, siempre tuvimos en mente la intención de cumplir con prontitud y efectividad, las obligaciones propias del encargo; todo ello siempre en procuración del bienestar de la sociedad sinaloense”.

El juez la rechazó porque dijo que era muy pobre y no cumplía con los estándares mínimos para ser una disculpa.

“Al analizarla parece que dice: no hicimos nada pero tenemos que pedir disculpas”, expresó sobre ese texto.

Los acusados ya pagaron 2 millones de pesos como reparación del daño y una vez que se publique la nueva disculpa deberán solicitar al juez otra vez que cierre la causa penal.

Los tres exfuncionarios están acusados de trasferir 263 millones de pesos de cuentas de recursos federales a cuentas de recursos estatales para usarlos con fines distintos a los que estaban destinados, durante el segundo semestre de 2016, al final del gobierno de Mario López Valdez.

Artículo publicado el 06 de febrero de 2022 en la edición 993 del semanario Ríodoce.