Desde hace dos semanas reventó entre los muros del palacio estatal de gobierno una polémica un poco extraña sobre la Unidad de Servicios Estatales, conocida como USE, donde el gobierno del estado ofrece diversos servicios a la población y ocupa el inmueble en calidad de renta. El gobernador, sin que mediara pregunta alguna, dijo que no se le debía nada a la Sección 53 del SNTE porque no existían documentos que sustentaran deuda alguna. Pero luego salió el dirigente de la sección, Fernando Sandoval, a responder que sí existen documentos, contratos y actas con los cuales se demuestra que el gobierno le debe a esa sección sindical más de 200 millones de pesos.

La pregunta es por qué ahora revienta el tema, qué está ocurriendo en este gobierno que no pasó en los otros, ni en las administraciones priistas desde que la USE se construyó y habilitó, con Juan Millán Lizárraga, ni en el gobierno de Mario López Valdez. ¿Por qué nunca se reclamó el pago de la renta? ¿Qué acuerdos sordos se hicieron entre los gobernadores y las sucesivas dirigencias sindicales de la sección, siempre bajo la sombra de Daniel Amador Gaxiola? ¿Qué han hecho todos estos años a espaldas de los trabajadores, sindicato y gobierno con el fideicomiso que ampara la propiedad para la sección? ¿Por qué nunca se ha informado nada a los trabajadores y maestros que, al final de cuentas, debieran ser los usufructuarios de la propiedad?

El SNTE siempre fue, a nivel nacional, uno de los pilares corporativos del sistema priista –como lo fueron la CTM, el sindicato nacional de mineros, la CNC, la CROC-, pero logró adaptarse a los cambios que se dieron con el arribo del PAN a la presidencia, gracias a la habilidad de su líder, Elba Esther Gordillo. Un poder mafioso, sin duda, se replicó en las secciones sindicales de todo el país, lo mismo que en Sinaloa con la 27 y la 53. Pero, igual que en otros estados, no se conformaron con el poder estrictamente sindical para obtener privilegios económicos y políticos para sus dirigencias –regidurías, alcaldías, diputaciones locales y federales, senadurías…–, sino que buscaron y obtuvieron también espacios en la administración pública, pervirtiendo, solo con eso, la calidad en la educación, que debiera ser la principal preocupación del sistema educativo.

Y algo de esto parece estarse rompiendo con el arribo de Morena al gobierno estatal y particularmente con la llegada de Rubén Rocha Moya, que, además de su perfil político ya conocido, tiene una sólida formación magisterial. Si con la llegada de Malova al gobierno estatal no se pusieron topes a las inercias, parece que ahora sí, aunque sea todavía de manera incipiente y cautelosa. Es mucho el poder que tienen las secciones sindicales y a nadie le conviene un encontronazo. Rocha necesita garantizar cierta gobernabilidad y los líderes magisteriales mantener ciertos privilegios. Y es en ese punto donde las diferencias van a encontrar espacios para el diálogo y los acuerdos. Pero estos acuerdos, a diferencia de lo que se hacía en el pasado, deben hacerse sobre la mesa. No como los que se hicieron con el fideicomiso que ampara la propiedad de la USE para la 53, donde los réditos, siempre en la penumbra, fueron solo para los líderes sindicales.

Rocha dijo la semana pasada que los dirigentes sindicales se hicieron los disimulados con este tema, que no defendieron el interés de los trabajadores, pues ni las retenciones de ISR que hacía el gobierno y que debían entrar al fideicomiso, fueron depositadas… y que este silencio de los líderes sindicales podía deberse a que hubo complicidad. Algo sabe el gobernador, pues fue parte de dos administraciones y conoce los gatos que están encerrados allí. Como este de que el fideicomiso también hacía préstamos a los maestros y éstos eran pagados por los profesores pero el dinero no regresaba al fideicomiso ¿Y a dónde se iba entonces?

Por eso es importante la auditoría en la que las dos partes parecen estar de acuerdo. Que se abra esa caja negra. Los más beneficiados serán los trabajadores y los maestros.

Bola y cadena
LAS SECCIONES SINDICALES han sido durante mucho tiempo parte de la administración estatal y en los municipios, sobre todo en las áreas educativas; han sido los líderes sindicales los que otorgan plazas, direcciones escolares, supervisiones… y muchas de las veces porque ellos mismos han ocupado cargos de alto nivel con poder para hacerlo. Pero esto parece estar cambiando con el nuevo gobierno. Ahora mismo hay un conflicto porque las supervisiones escolares se asignarán por concurso, cuando antes eran directas, casi siempre por recomendaciones de las secciones sindicales. También porque muchos recibieron de Juan Alfonso Mejía un nombramiento provisional y ahora se les está pidiendo que se regresen a sus centros de trabajo porque esas plazas no existen. El viernes hicieron un plantón y, por lo pronto, consiguieron una mesa para negociar. Ya se sabrá si las cosas están cambiando o no.

Sentido contrario
LÁSTIMA QUE A HÉCTOR MELESIO CUEN le dieron Salud y no Educación. Solo porque me hubiera gustado verlo en esas lides. Hubiera sido una pelea de otro nivel.

Humo negro
TAL PARECE QUE AL PRESIDENTE AMLO se le adelantó el otoño y todo, o en gran parte, por su terquedad de estar atacando a medios y periodistas cuando lo critican. Se ha ido contra muchos. Hace unos días contra Carmen Aristegui, uno de los más serios y responsables referentes periodísticos en México y más recientemente contra Carlos Loret de Mola, por haber publicado un reportaje donde pone en crisis la más importante bandera de López Obrador, que es la lucha contra la corrupción. Se metieron con uno de sus hijos y eso lo descompuso. Ahora Loret se ha convertido en un prócer, mientras los periodistas de a pie siguen siendo asesinados, en promedio uno cada semana.

Artículo publicado el 13 de febrero de 2021 en la edición 994 del semanario Ríodoce.