Abuso, desorden y corrupción en alcaldías encuentra el Congreso de Sinaloa

JESÚS ESTRADA FERREIRO. Sobresueldos injustificados.

Los diputados reprueban las cuentas públicas de los 18 ayuntamientos del estado por irregularidades graves

Ni los municipios encabezados por alcaldes de Morena se salvaron de la reprobación de las cuentas públicas que aplicó la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. En los 18  gobiernos municipales los diputados encontraron razones para no dar luz verde al manejo de los recursos públicos.

Al igual que la Legislatura anterior, todas las cuentas de los municipios fueron no aprobadas por la Comisión de Fiscalización que tomó como base al informe individual, realizado por la ASE, sobre la revisión y fiscalización de los recursos públicos ejercidos en 2019.

Los diputados observaron irregularidades comunes en los municipios como los pasivos sin fuente de pago o las inconsistencias en la reintegración a la federación de recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, no devengados ni vinculados a compromisos.

En la totalidad de los municipios la obra pública se adjudicó de manera directa en una frecuencia que va del 60 al 100 por ciento.

Por ejemplo, la administración de Ahome adjudicó el 80 de los contratos de obras públicas bajo este formato de adjudicación directa.

AGLAEE MONTOYA. Adjudicaciones sospechosas. 

El caso del gobierno municipal de Angostura, con la alcaldesa Aglaee Montoya Martínez, es extremo porque el 100 por ciento de las obras fue mediante adjudicación directa. Coincidentemente la ASE encontró inconclusa una obra de un parque recreativo en el campo El General, pero que cuenta con acta de conclusión, finiquito y entrega recepción.

Otra irregularidad en una obra en Angostura es por el mejoramiento del sistema de agua potable en La Reforma, por la cual se pagaron 109 mil pesos, pero los auditores de la ASE no encontraron documentación justificativa ni comprobatoria de la inversión.

En El Fuerte, la alcaldesa, Nubia Xiclali Ramos Carbajal, contrató por adjudicación directa el 81 por ciento de la obra pública, incluyendo un contrato por 7.3 millones de pesos para la rehabilitación de caminos vecinales.

En Mocorito con el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo, se encontraron obras inconclusas y sin operar. Tres ejemplos: la obra de construcción del sistema de agua potable en Mezquite Gordo, en donde se aplicaron 2.5 millones de pesos; una obra de ampliación y mejoramiento de Unidad Médica Rural No. 48 en la localidad de Santa Rosalía, en la cual se aplicaron 928 mil pesos: la ampliación y mejoramiento de la casa de salud de la comunidad de Comanito en donde se invirtieron 899 mil pesos; y el gasto de 97 mil pesos para la ampliación de la red de energía eléctrica, en comunidades de Potrerillos, Rancho Viejo y Los Chinos, en donde se carece todavía de suministro de energía eléctrica.

También los legisladores observaron casos como el del presidente municipal de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez, quien extravió una laptop Macbook Apple con costo de 54 mil pesos que tenía asignada, o el reporte de compra del alcalde de Rosario, Miguel Antonio Pineda, por una camioneta con un costo de 660 mil pesos, pero con un comprobante fiscal de solo 408 mil pesos. En ese mismo gobierno municipal se presentaron comprobantes fiscales apócrifos en el cobro de 36 mil pesos por el concepto de traslados y viáticos.

LUIS GUILLERMO BENÍTEZ. Con la cuchara grande.

El pago de sobresueldos fue otra observación de los diputados en la administración de los recursos públicos. En Mazatlán el gobierno municipal presidido por Luis Guillermo Benítez pagó sobresueldos por 5.7 millones de pesos a regidores y a la síndica procuradora por concepto de una nómina especial, apoyo para vehículos y asesores.

El mismo egreso por sobresueldos fue registrado en el gobierno municipal de Culiacán donde se pagaron, por concepto de riesgo laboral, 553 mil pesos al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y a la síndica procuradora. La ASE detectó además que se habían pagado sobresueldos a regidores por un millón 440 mil pesos.

El pago de sobresueldos también fue detectado en la gestión del acalde Eliazar Gutiérrez Angulo en Navolato, en donde se pagaron un millón 377 mil pesos con concepto de indemnización por riesgo de trabajo al presidente municipal, síndico procurador y regidores.

También esos sobresueldos se pagaron en el municipio de Sinaloa por un total de 3.6 millones de pesos por concepto de indemnización por enfermedades y riesgos laborales.

En Guasave con la presidenta municipal, María Aurelia Leal López, también se pagaron sobresueldos por 3.1 millón de pesos  por indemnización de riesgos laborales.

AURELIA LEAL. Convicciones a la basura.

En tanto en Choix el pago de sobresueldos ascendió a 2.2 millones de pesos. En ese municipio se benefició no solo al presidente municipal, Omar Rubén Gil Santini, regidores y síndico procurador; también se extendió al secretario del Ayuntamiento y Oficial Mayor.

Otra irregularidad de los municipios fue el gasto sin documentación justificativa. Un ejemplo es el caso de Guasave con la alcaldía de Aurelia Leal, quien pagó 14.3 millones de pesos a una proveedora de nombre Promotora Ambiental de la Laguna, pero el gobierno municipal carece de documentación justificativa.

En ese mismo municipio no se encontró evidencia por el pago de 163 mil pesos por concepto de pintura tráfico amarilla.

Hay casos también específicos sobre irregularidades en Guasave por la contratación de arrendamiento de camiones recolectores de basura por 69 millones de pesos, sin licitación pública.

Tampoco se hicieron adquisiciones mediante licitación pública en El Fuerte, en donde se gastaron 7.3 millones de pesos en la adquisición de estufas ecológicas.

En las inconsistencias encontradas en las cuentas de 2019 de los gobiernos municipales, están también la falta de comprobación de los gastos reportados. Por ejemplo está el caso del alcalde de Ahome, que reportó haber gastado 40 mil pesos por concepto de boletos de avión y servicios de hospedaje en un evento con el presidente de la República, pero omitió entregar la documentación.

El gobierno municipal de Culiacán no presentó comprobante fiscal del pago de 2.5 millones por la construcción de una obra de alcantarillado en la colonia El Barrio; y de 8.7 millones  por el pago de seguro de vehículos.

En Mazatlán no se encontró documentación que justificara el pago de 1.6 millones por concepto de alimentos; tampoco se comprobaron 2.7 millones de un gasto en armamento y municiones; tampoco se encontró la autorización del cabildo para la entrega de un auto con valor de 207 mil pesos en el Día del Maestro.

En Elota se localizó un pago de 46 mil pesos por concepto de gastos de viaje y giras de trabajo, pero no se presentaron los comprobantes fiscales; ni tampoco en la aplicación de 3.6 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de los municipios.

Situación similar con la alcaldesa María Lorena Pérez Oliva en Badiraguato, en donde se pagaron 278 mil pesos por servicios de capacitación, pero no se cuenta con documentación justificativa.

En Cosalá, el director de Turismo no comprobó el gasto de 37 mil pesos; tampoco la ASE encontró documentación justificativo del pago de 52 mil pesos en refacciones.

En el informe de la auditoría realizada por la ASE, los diputados se percataron que en Navolato no se registró evidencia de trabajos realizados y pagados a dos despachos de asesoría en áreas financieras y contables: Alta Dirección Corporativa Prestor SC con dos pagos, uno de 928 mil pesos y otro por 290 mil pesos; y a Altas Direcciones Profesionales Pixe SC (290 mil pesos).

ELIAZAR GUTIÉRREZ. Despachos fantasmas.

Los gobiernos municipales de Concordia, Rosario, Culiacán, San Ignacio no realizaron levantamiento de un inventario de bienes muebles e inmuebles.

Son prácticamente generalizados los pasivos sin fuente de pago en los gobiernos municipales, es decir, endeudamiento con proveedores con quienes se contrató un bien o servicio, pero no se cuenta con recursos para saldar el adeudo.

En un hecho inédito, los dictámenes que votaron los diputados  fueron recibidos como herencia de la Comisión de Fiscalización de la anterior Legislatura. Las 18 propuestas de reprobación de los informes de las cuentas públicas de  gobiernos municipales serán sometidas el próximo jueves 21 de octubre ante el Pleno del Congreso del Estado.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2021 en la edición 977 del semanario Ríodoce.

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