Senador de Morena plantea que la ASF y la UIF investiguen a universidades públicas por ‘falsos investigadores’

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El senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, las de los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen a las universidades públicas el país, por el caso del uso del uso del dinero de supuestos “falsos investigadores”.

En rueda de prensa el legislador señaló que se requiere que se auditen los fondos que se entregan a las universidades, incluyendo a la UNAM, porque son “para educación e investigación, y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”, dijo.

“Aquí en el Senado presentamos un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría superior de los estados y la UIF investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM”, declaró.

“Me da pena, porque yo fui maestro en el Tec de Monterrey, que suceda esto, pero realmente está sucediendo en las universidades del país. Se requiere que se auditen los fondos porque son para educación e investigación, y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”.

Guadiana Tijerina respaldó que la FGR haya solicitado orden de aprehensión contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Aquí aprobamos una Fiscalía autónoma, que no está el servicio del Poder Ejecutivo o Legislativo. Tiene que actuar que actuar en contra de un senador, diputado o presidente de la República, y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”, declaró.

La FGR giró una orden de aprehensión a 31 científicos, académicos y personal administrativo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores por el presunto delito de operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos por parte de dichos trabajadores.

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