Transacciones ilegales de dinero, el monstruo al que se enfrentará la FGE

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Fiscalía General del Estado se enfrentará a un monstruo. Tan solo en 2020, cada hora las instituciones de servicios financieros reportaron 27 operaciones sospechosas de lavado de dinero en Sinaloa. En total fueron 245 mil 422 reportes de enero a diciembre.

La UIPE tendrá funciones similares a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y operará en el estado, que ha sido centro de operaciones financieras de Cártel de Sinaloa.

Desde Sinaloa la organización delictiva ha implementado complejos esquemas para blanquear dinero a través del sistema financiero.

Desde el 17 de abril entraron en vigor las reformas que tipifican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal de Sinaloa y crea el marco legal para la puesta en operación de la UIPE.

El objetivo de las reformas, aprobadas por el Congreso local en marzo pasado, es combatir el lavado de dinero en la entidad.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera, Sinaloa es uno de los focos rojos del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un reporte de la UIF, el año pasado las instituciones financieras reportaron 229 mil 422 operaciones relevantes en Sinaloa

Las operaciones relevantes son aquellas que se realizan por un monto igual o el equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares.

En el estado también reportaron 16 mil 041 operaciones inusuales que son las que no concuerdan con los antecedentes o actividades declaradas o con su patrón habitual de la persona que las realizó, sin que exista justificación razonable para ese comportamiento.

Además hubo 17 reportes de operaciones preocupantes, aquellas que realizan los directivos, empleados o apoderados legales de las instituciones financieras que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en materia de lavado de dinero.

Los tres tipos de operaciones, según la UIF, pueden ubicarse en algunos de los supuestos de lavado de dinero o pueden estar destinados a favorecer la comisión de delitos.

De todo el país hubo 376 mil 375 reportes de operaciones inusuales, 8 millones 153 mil 528 relevantes y 466 de preocupantes; y a 5 mil 715 personas les bloquearon 20 mil 778cuentas bancarias.

La creación de las UIPE en los estados fue impulsada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y aprobada en 2019.

En 2020 en el estado, el titular de la UIF, Santiago Nieto; el Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo; y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, firmaron un acuerdo para la creación de la UIPE en Sinaloa.

Desde el 17 de abril pasado entraron en vigor las reformas para la tipificación del delito y la creación de la Unidad aunque todavía no tiene recursos para su operación.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado adiciona artículos al Código Penal de Sinaloa en los que tipifica y establece sanciones por este delito, que solo era sancionado en el Código Penal Federal.

Establece que se entenderá “que son producto de una actividad ilícita, los recursos, valores, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”.

Señala que la pena será de cinco a 15 años de prisión y una multa de cinco a 10 mil Unidades de Medida y Actualización y aumenta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se duplica si se trata de servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales.

También aumenta hasta una mitad cuando el responsable utilizó a menores de edad o a personas incapaces de comprender el significado del hecho.

Cuando la persona que cometió el delito revele a la autoridad competente la identidad de quien haya aportado los recursos o del dueño, la pena podrá ser reducida hasta en dos terceras partes.

El decreto también reforma la Ley Orgánica de la FGE e incluye en la estructura a la UIPE.

Señala que será responsable de identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados desde la óptica científica de la investigación, mediante el establecimiento de sistemas eficientes y eficaces que permitan la obtención de primera mano de la información patrimonial, fiscal y económica, principalmente, existente en las instancias locales y la transformación de ésta en información de inteligencia.

Establece que el titular será nombrado y removido libremente por el Fiscal General del Estado.

La UIPE tiene facultades para presentar denuncias sin perjuicio de las que presente la UIF, además está obligada a generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan prevenir, detectar y combatir el delito y remitirlos a la dependencia federal.

La Unidad todavía no tiene recursos para operar, el decreto indica que después de la publicación en el Periódico Oficial, el Fiscal General tiene un plazo de 60 días para hacer una solicitud de presupuesto al Secretario de Administración y Finanzas.