abril 18, 2021 10:41 AM

Demandan auditoría a Comisión de Vivienda de Sinaloa; acusan ‘extravío’ de recursos

PROTESTA DE COLONOS. Que se investigue.

Precaristas del norte de Sinaloa exigieron al Congreso que audite a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE) porque existe sospecha fundada de que se malversaron los fondos para adquisición terrenos para lotes de servicios progresivos y de adquisición de casas para familias de escasos recursos económicos y sin prestaciones sociales.

César del Pardo Escalante y Juan Soltero Sánchez, fundadores de la Central Unitaria de Vivienda, aseguraron que hay decenas de millones de pesos etiquetados para la compra de reservas territoriales y de casas abandonadas pero que terminaron perdidos entre la burocracia y los bolsillos de los funcionarios que en su tiempo administraron el Instituto de la Vivienda de Sinaloa (Invies) y la CVIVE.

Por ello, exigieron que el Congreso de Sinaloa tramite una auditoría a fondo para determinar en dónde quedó el presupuesto y quien se lo embolsó.

“La investigación debe realizarse antes de que el gobierno de Quirino Ordaz termine para que se finquen responsabilidades penales y administrativas y no cuando concluya el sexenio, porque el próximo gobierno extenderá la cobija de la impunidad y terminará ocurriendo el robo del erario estatal.

Recordó que en la administración anterior, Jaime Romero barrera lucró, robo el dinero para reservas territoriales y nada ocurrió. “A la investigación le dieron carpetazo”.

Según Del Pardo Escalante, el funcionario había comprado terrenos a precios sobrevaluados al sur de Mazatlán, por el rumbo de Villa Unión. Estos tenían costo de 30 millones de pesos y los adquirieron en 56 MDP. Al salir del gobierno, él los compró subvaluados. “En ese simple proceso se llevaron 26 millones de pesos en utilidad”, denunció.

Esa misma actitud se tiene ahora con Salvador Reynosa Garza, ex director general de CVIVE quien había comprometido 10 millones de pesos para la compra de casas abandonadas propiedad del Instituto Nacional Fomento de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), “pero finalmente se rajaron y no sabemos en dónde quedó el dinero”, aseguró el líder de precaristas.

Dijo que en una investigación en dependencias se encontró que CVIVE tiene terrenos comerciales en Gabriel Leyva y Centenarios y también en Belisario Domínguez al norte, a un costado del estadio de béisbol “Emilio Ibarra Almada” “pero nadie entiende el estatus que guardan, lo que podría ser que están cocinando una permuta en su favor y en donde el gobierno pierde dinero o terrenos y las familias quedan desamparadas”.

En las instancias de reservas territoriales y de casas la acción recurrente es que se especule y sólo ganen los funcionarios, denunció.

Esa misma historia ocurrió en Topolobampo y comenzó en el sexenio de Francisco Labastida Ochoa cuando se rellenaron esteros para dedicarse a casas para personas de bajos recursos económicos. Estos terminaron vendidos en 20 pesos el metro cuadrado a familias adineradas que en traspasos sucesivos especularon, ganaron dinero y provocaron un problema que subsiste hasta ahora, sólo que con un ingrediente más: violencia y omisión por el gobierno municipal.

Soltero Sánchez, dijo que esos terrenos carecen de escrituras porque no se pueden vender, pero se realizan operaciones con ellos con sólo el traslado de dominio, lo que es ilegal.

Ana Patricia Cruz Ochoa, es residente de la colonia “Javier Gil Ornelas” o invasión Margarita en Topolobampo, y víctima de la violencia que ejerce Margarita Martínez y sus seguidores que se dicen “líderes” puesto que ha sido agredida a golpes, insultada y hasta amenazada con ser quemada viva con su familia si persiste en ocupar la choza que levantó en el predio de Topolobampo.

A ella no le queda otra opción más que la de aguantar, porque carece de empleo formal y por tanto de prestaciones con las cotice para un crédito hipotecario.

“Esperamos que el gobierno nos ayude, pero no se ven trazos de que así sea. Ellos nada más roban para sus bolsillos, y a nosotras nos traen jodidas”.

Francisca Lugo García es una empleada doméstica que tampoco tiene prestaciones sociales y espera que el gobierno le venda una de las casas que ofreció comprar al Infonavit.

Ella tiene en espera seis años, y hasta ahora no ha visto nada en firme, sólo promesas y denuncias de que se robaron el dinero que estaba destinado para subsidiarle la compra de una casa.

Elizabeth Olivas Gonzáles, es otra trabajadora sin cotizaciones para una casa de interés social. Ella tiene 17 años esperando una oportunidad para comprar una casa que pagaría directamente, pero no la ha conseguido porque los gobiernos locales, simplemente, la han abandonado.

Ella entiende que su demanda es traficada por los políticos, que prometen apoyarla, pero en cuanto se sienten en el poder, la desechan y se roban el presupuesto.

Artículo publicado el 21 de marzo de 2021 en la edición 947 del semanario Ríodoce.

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