Desata la ira de familiares de las jóvenes de Durango asesinadas  por policías estatales de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado retiró un delito al coordinador del grupo Elite basada en las declaraciones de sus subalternos que no lo señalaron como responsable.

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Carlos Alberto “C”, conocido como comandante Níquel, estaba acusado de encubrimiento por presuntamente permitir que alteraran la escena del crimen del asesinato de Ana Carolina, de 18 años; y Andrea, de 20.

Las dos jóvenes fueron asesinadas por agentes del grupo Elite la madrugada del 27 de enero de 2020, en el templete de la presa Sanalona, en el municipio de Culiacán, cuando los elementos dispararon sin motivo alguno al automóvil en el que viajaban.

En la audiencia inicial, en marzo del año pasado, la FGE dio a conocer que sembraron una pistola y casquillos y pusieron pólvora en las manos de las víctimas para simular que ellas habían disparado y muerto en un tiroteo.

La semana pasada la FGE solicitó a la jueza Dulce María Villegas sobreseer el delito porque durante la investigación determinó que el comandante Níquel no intervino.

La fiscal, Marlen Medina, dijo que para que se configure el delito de favorecimiento debió haber un acuerdo entre los agentes que dispararon y el comandante y no hay pruebas de que ocurrió.

La Fiscalía llegó a esa conclusión después de entrevistar a agentes que viajaban en el convoy desde el que dispararon al vehículo en el que circulaban las jóvenes.

Los elementos, que son subalternos de Níquel, declararon que tras la agresión el comandante nunca se acercó a los policías que dispararon y se puso a coordinar la implementación del protocolo que se aplica en esos casos.

“Sí hubo alteración, sí hubo manipulación, pero no se acreditó que él tuvo participación. Buscamos el esclarecimiento de los hechos, no buscamos fincar responsabilidades que no hayamos acreditado”, dijo la fiscal.

La fiscal Mercedes Félix señaló que en los antecedentes de investigación no contaban con elementos para acreditar que el comandante intervino y existió un acuerdo con los coacusados.

De los datos de prueba se advierte que no hubo señalamientos de los elementos o de otra persona que estuvo en comunicación con los coacusados y los auxilió, dijo.

Óscar Fidel González Mendívil, representante de las víctimas, los padres de Andrea y Ana Carolina, se opuso al sobreseimiento del delito.

Señaló que viola el derecho a la verdad y a la necesidad de saber qué pasó durante los hechos en los que perdieron la vida sus hijas.

Mencionó que Níquel en su calidad de comandante era el garante de preservar la escena.

“¿No le compete impedir que se altere la escena del delito?, ¿no le corresponde a él impedirlo?”, cuestionó.

Manifestó que el sobreseimiento viola el acceso a la justicia y afecta la teoría del caso de los otros delitos.

El defensor del comandante Níquel, Rafael Trejo, desestimó los argumentos de González Mendívil porque él representa a los padres de Ana Carolina y Andrea y en el delito de encubrimiento las víctimas no son ellos sino la administración y procuración de justicia.

El representante victimal, dijo, tiene facultades para hacer sus investigaciones y hasta la fecha no las ha hecho ni presentado un solo dato prueba.

Manifestó estar de acuerdo en que se sobreseyera porque no hay pruebas para acusarlo y en juicio no podrán acreditar que cometió el delito.

No está probado que se dirigió a otras personas para que se manipulara la escena del crimen, indicó.

La jueza Dulce María Villegas determinó sobreseer el delito.

Dijo que no se afecta el acceso a la justicia de las víctimas porque la causa penal continúa abierta y hay un coacusado vinculado a proceso por privación de la vida.

“No se cierra la puerta a las víctimas de continuar con el derecho de acceso a la justicia. Es una afirmación arriesgada que no se les da oportunidad de acceder al esclarecimiento, el esclarecimiento del hecho continúa. No se afecta el derecho a la justicia”, respondió a Óscar Fidel.

El comandante seguirá el proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y delito cometido por servidores públicos.

La FGE identificó a los cuatro agentes que dispararon pero solo uno está detenido y vinculado a proceso y los otros cuatro están prófugos.

Para José Alonso Aispuro, el personal de la Fiscalía General del Estado se define en cuatro palabras: corruptos, hipócritas, cínicos y sinvergüenzas. Él es el padre de Ana Carolina y tío de Andrea.

En un mensaje de texto dijo que la justicia se está convirtiendo en injusticia.

“De qué sirve que la Fiscalía se vanaglorie en sus páginas oficiales de las redes sociales como una de las tres primeras a nivel nacional en eficacia y eficiencia para aplicar la justicia. Por supuesto que buscaremos los medios legales para apelar dicha decisión. Aquí lo que más preocupa es el mensaje que está mandando la Fiscalía General de Sinaloa al mando de Juan José Ríos Estavillo”, expresó.

José Alonso cuestionó “¿dónde está los demás elementos implicados y prófugos?, ¿Qué ya no hay seguimiento de la investigación? y ¿qué el caso queda cerrado?, Porque al detener a los elementos prófugos no compartirían el argumento de la Fiscalía de que el comandante no se enteró de nada esa noche y le echan por tierra la protección especial a este mal elemento que debería ser castigado con todo el rigor de la ley”.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que volteé a Sinaloa a ver al gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo.