La solución no vendrá de fuera, debemos actuar localmente con medidas adecuadas a nuestra realidad. Eso dice la evidencia de los casos exitosos sucedidos en estos años en México.

La manera de obtener seguridad para las familias sinaloenses es invertir suficiente y eficientemente.

Para darnos cuenta como estamos, veamos los datos de 2019 reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos.

Padecimos 935 homicidios dolosos, que significa una tasa de 30.3 por cada 100 mil habitantes por lo que ocupamos el lugar número 12 en el país.

Sufrimos 39 feminicidios, una tasa de 1.27 por cada 100 mil habitantes por lo que ocupamos el lugar número 5.

Fuimos víctima de 6 secuestros, una tasa de 0.19 por cada 100 mil habitantes por lo que ocupamos el lugar número 30 en el país.

Soportamos 3 mil 827 robos con violencia, una tasa de 124.14 por cada 100 mil habitantes por lo que ocupamos el lugar número 16 en el país.

Nos vejaron con 2 mil 367 robos de vehículo con violencia, una tasa de 76.78 por cada 100 mil habitantes por lo que ocupamos el lugar número 4 en el país.

Según el INEGI, la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2019 fue de 23 mil 064 y al mismo tiempo que en el país fue de 28 mil 269. Así mismo, reporta que en 2018 en el estado de Sinaloa se denunció sólo el 7.4 por ciento de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 50 por ciento de los casos.

Una acción fundamental es abatir la impunidad, que quienes cometen conductas antisociales sepan que serán castigados. El índice de impunidad de Sinaloa es el peor de todos, 99 por ciento, de acuerdo al estudio de la asociación civil, “México Evalúa”.

La capacidad de investigación, persecución y castigo debe fortalecerse. Invertirse en ella.

La suficiencia de personal es baja. 2.42 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 9.93; en número de ministerios públicos la tasa estatal es de 8.76 y la del país es de 9.60, y respecto a la cantidad de peritos, 0.03 es la tasa de Sinaloa y 2.37 la de México.

El índice de congestión ministerial, la saturación de trabajo en nuestro estado es de 68.7 por ciento, el sexto peor, muy por arriba del promedio del país, 44.9 por ciento.

Nuestra capacidad institucional para impartir justicia y prevenir y castigar los delitos es débil, por debajo de los promedios nacionales y muy menores a la de las sociedades que gozan de seguridad pública y un estado de derecho.

No solo es necesario invertir suficientemente sino también debe hacerse bien, eficientemente.

La experiencia más exitosa de esta época en México es la recuperación de la región de La Laguna que comparten Durango y Coahuila.

En 2011 la tasa de homicidios dolosos fue de 63.9 por ciento; en 2012, de 95.62; en 2013, de 52.6; en 2014, de 26.2; en 2015, 17.8; en 2016, de 12; en 2017, 14 y en 2019, de 16, por lo que ocupó, en ese año, el lugar 26 en el país.

En La Laguna invirtieron el proceso de elaboración de la política de seguridad pública. En lugar de juntar a unos pocos ciudadanos para que ayudaran a implementar las políticas definidas en la CDMX, convocaron a una gran cantidad de ciudadanos a diseñar programas adecuados a la realidad concreta de la región y pidieron a las autoridades del centro que se sumaran.

Los dos factores clave son: 1) los tres niveles de gobierno hicieron a un lado diferencias partidistas para coordinarse y 2) dialogar y responder las peticiones de actores sociales. El resultado fue que se logró el mejor modelo de seguridad en México. Basada en expedientes de búsqueda de personas desaparecidas en la región y en decenas de entrevistas con funcionarios de los tres niveles de gobierno, víctimas, empresarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación.

El real y masivo involucramiento ciudadano en el combate a la delincuencia es una constante en las historias de éxito.

Evidentemente los programas contra la pobreza y para favorecer la cohesión social tienen un rol que desempeñar para alcanzar la seguridad. Sin embargo es pertinente diferenciar entre el delito que se comete orillado por la necesidad y el que es originado por la codicia. Los delitos de alto impacto son cometidos por la delincuencia organizada que no los lleva a cabo para conseguir un pan para cenar.

Columna publicada el 25 de octubre de 2020 en la edición 926 del semanario Ríodoce.