Esta semana se cumple un año del “culiacanazo”. En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ningún hecho de violencia ha causado tanto impacto. Se habían visto enfrentamientos con estas características en otras ciudades, pero ninguno de esta magnitud. En solo unas horas Culiacán se convirtió en el punto geográfico más visto en el mundo al mismo tiempo. Se combinaron varios factores y uno de ellos, sin duda, fue que en el centro de los hechos estaban los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Igual que en otros casos relacionados con la violencia, pasarán muchos años para que se sepan las verdades. Porque son muchas, no una sola. No basta con que el presidente de la república asuma que fue él quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán López cuando ya había sido detenido y existía una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición. Eso, en realidad, nos dice muy poco. Los hechos del 17 de octubre de 2019 son muchos hechos a la vez y están siendo celosamente guardados como secretos de Estado.
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La exposición del general secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, hecha en una conferencia en palacio nacional, llenó solo unos huecos de la información requerida por una sociedad ávida de saber qué más había ocurrido ese día y no conocíamos, cómo y porqué. Pero nada se proporcionó de la información que pueda implicar responsabilidades administrativas y/o penales para funcionarios del gobierno. No se tuvo nunca la intención de hacerlo y prueba de ello es que, habiendo pasado un año de los hechos, las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República y por el Ministerio Público Militar, siguen sin culminarse y, por lo tanto, sin producir órdenes de aprehensión, imputaciones penales o lo que proceda en su caso. Contra presuntos criminales o contra funcionarios o miembros de las fuerzas policiacas o armadas, que pudieron haber incurrido en conductas criminales o, al menos, violatorias de los derechos humanos. Hubo, no hay que olvidarlo, víctimas inocentes. No solo mortales, también decenas de familias y empresas que fueron afectadas en su patrimonio.
Desde la FGR, pero también desde la misma Presidencia de la República, se ufanan de la autonomía que tiene ahora esta dependencia, pero en muchos hechos está demostrando que esa autonomía no es tal, que sigue siendo un instrumento, no del Estado (ojalá fuera eso), sino del presidente y, lo cual es peor, de lo que ellos llaman la Cuarta Transformación. Y por eso nada se hará desde la FGR que enturbie el proyecto que defienden.
Las Fuerzas Armadas fueron humilladas ese día. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y la Municipal, la Ministerial, resultaron insuficientes para contener el despliegue de cientos de hombres armados –más de 800 según las cuentas del propio secretario de la defensa– que salían de todas partes, que llegaban de todas partes y que atacaban por todas partes. No causaron tantas bajas, es verdad –un elemento de la GN muerto y varios militares y policías heridos–, porque tal vez no era su propósito. El objetivo era otro y lo lograron: liberar a Ovidio. Hostigaron a las fuerzas del gobierno, presionaron, causaron terror y pánico en la población, amenazaron y, en un hecho inédito, secuestraron militares para intercambiarlos por el hombre que les interesaba, so pena de fusilarlos.
¿Debe quedar un hecho así en el limbo de la justicia? ¿Es suficiente con que el presidente diga que con no concretar la aprehensión de Ovidio Guzmán se salvaron vidas? ¿Hay que darle vuelta a la página? ¿Olvidar? ¿O tal vez sea mejor fingir que no pasó nada? ¿O afirmar, como lo sostienen algunos desde el gobierno, que no volverá a pasar? ¿Y por qué no habría de pasar otra vez?
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Y que paradójico: justo al cumplirse un año de estos hechos, el hombre responsable de la seguridad en el país, el que dijo que se había preparado para reducir los índices delictivos sin que lo haya logrado –por el contrario–, se va a buscar la gubernatura de su entidad, Sonora, bañada en sangre de los LeBarón, en otro hecho que debiera cargar siempre, con un poquito de vergüenza, sobre su espalda.
Bola y cadena
¿CUÁNTOS MUERTOS HUBO ESE DÍA? Puede saberse, pero no es sencillo. Oficialmente 13, entre ellos tres inocentes. Lo cierto es que, luego de que se dio la orden de dejar libre a Ovidio Guzmán, todavía les dieron permiso a los sicarios de levantar los que eran suyos y llevárselos. También de recoger las camionetas y las armas que habían quedado abandonadas en las calles. A algunos los velaron en funerarias y a otros los llevaron a sus pueblos de origen. Y es literal, los autorizaron para eso, el Estado absolutamente rendido en unas horas.
Sentido contrario
EL GOBIERNO DE SINALOA se ha estado haciendo de la vista gorda con las medidas restrictivas frente a la pandemia, que parece estacionada en su meseta, con contagios y muertes. Bares, antros, restaurantes, tiendas, hoteles, casinos –y pronto estadios– que no respetan los protocolos acordados. Así que si el gobierno no cuida que se cumplan las medidas sanitarias, el resto le queda a la gente.
Humo negro
DICE PORFIRIO MUÑOZ LEDO que la lucha por la dirigencia de Morena es su “última batalla”. Que le crea el que no lo conozca. Hace 25 años lo entrevisté. Me dijo que si Cuauhtémoc Cárdenas perdía la elección presidencial –en 1994—él se retiraba de la política. Años después regresó a Sinaloa y le recordé aquello: casi me baja de la camioneta por haber inventado ese “absurdo”. Una genialidad que tiene en jaque al movimiento político más grande e importante de este país hoy día.
Columna publicada el 11 de octubre de 2020 en la edición 924 del semanario Ríodoce.
