noviembre 24, 2020 11:39 PM

La eterna complicidad de policías y narcotraficantes

MARIGUANA ASEGURADA. Lo que no se dijo.

Algo muy grave sigue pasando en Culiacán a pesar del pretendido cambio. Y lo peor es que, sabiéndolo, el alcalde y el gobernador –uno de Morena y otro del PRI– no toman cartas en el asunto. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio y en particular la Policía Municipal de Culiacán están hasta el cuello involucradas con los grupos del crimen organizado. Con unos y con otros. No hace mucho, en los tiempos de Sergio Torres Félix, quien movía la cuna era Dámaso López Núñez a través de Héctor Raúl Benítez Verdugo. Pero desde que reaprehendieron a Joaquín Guzmán en Los Mochis –enero de 2016–, al Licenciado le cambió la suerte, entró en conflicto con los hijos del capo y se fue aislando. En mayo de 2016 Benítez Verdugo fue destituido del cargo y unos días después asesinado en su casa, ubicada en Lomas del Bulevar. Su crimen, como el de otros jefes policiacos a lo largo de la historia de Sinaloa, fue un típico ajuste de cuentas de la mafia.

En estos días, dos hechos hablan de lo podridas que están las cosas en la SSP municipal de Culiacán. Uno de ellos tiene que ver con el aseguramiento de más de tres toneladas de mariguana en la colonia Santa Rocío, por el rumbo de Bachigualato. De acuerdo a la información oficial que se difundió, el C-4 alertó de movimientos sospechosos en un almacén ubicado en esa colonia y que cuando arribaron al lugar encontraron el portón derribado y varios paquetes tirados en el suelo; también un tráiler en el interior del inmueble en cuya caja había cientos de paquetes con mariguana. No hubo detenidos.

Lo que no informó la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del teniente coronel Cristóbal Castañeda, pero que es vox populli en las corporaciones, es que al llegar al lugar, dos camionetas de la Policía Municipal salieron en estampida y se les persiguió. Según fuentes de las mismas corporaciones, las dos patrullas fueron alcanzadas en el Parque Constitución pero después de hablar con ellos se les dejó ir. ¿Quiénes eran estos policías? ¿Qué patrullas participaron? ¿Por qué huyeron del lugar y porqué los dejaron ir?

El otro hecho está ahora en juzgados, pues dos policías municipales fueron vinculados a proceso luego de que fueron detenidos por la Guardia Nacional en la zona de Tepuche, cuando llevaban a un hombre herido, que había sido torturado y que en su declaración ministerial dijo que había sido levantado por un comando y entregado a los policías para que les dijera “dónde estaban las armas”. Esta historia apenas inicia, pues en la audiencia del viernes se desdijo ante la jueza y ahora hasta está tratando de liberar a los policías de toda responsabilidad.  Lo que se presume es que su familia está amenazada y que por eso cambió radicalmente su versión.

Todos sabemos, desde hace casi un año, que esa zona se encuentra en disputa entre bandos de Ismael Zambada García –quien al parecer se ha deslindado del pleito—y de los llamados Chapitos. Y que el secuestro de este señor, Víctor “N”, muy probablemente tenga que ver con ese enfrentamiento. Luego entonces, los policías estarían trabajando para uno de los grupos. Y no cuesta mucho trabajo inferir para cual.

La pregunta es hasta dónde el gobernador y el alcalde están conscientes de lo que está ocurriendo y por qué se han mostrado dispuestos a tolerar la situación; también si hay acuerdos entre los mandos policiacos y hasta qué niveles. Una cosa es que se hagan de la vista gorda y otra que acepten los acuerdos con beneficios de por medio.

 

Bola y cadena

ANTE HECHOS ASÍ, DEBIERA CUESTIONARSE de inmediato la permanencia de un secretario como Óscar Guinto Marmolejo. Lo puso allí el gobernador desde que era alcalde Jesús Valdés y fue ratificado con la llegada de Jesús Estrada Ferreiro. Ya son muchos años en el cargo… y se crean intereses.

 

Sentido contrario

LA SEMANA PASADA DIERON DE ALTA EN EL IMSS a un joven que fue golpeado por un grupo de gatilleros en la cabecera municipal de Angostura. Junto con unos amigos andaba en la paseada pero a alguien le molestó el ruido de sus camionetas y los levantaron. Los golpearon, los tablearon y fue tanto el daño causado por el “castigo” a uno de ellos, que casi pierde un ojo. Ahora está en rehabilitación. No es la primera vez que ocurre. En materia de seguridad, la administración de Aglaeé Montoya Martínez está subordinada al crimen organizado. Allá no manda el municipio, ni la policía. Mandan ellos, los grupos criminales. Coparon la policía, compraron a los comandantes y son los que se encargan del “orden”, su orden, el que a ellos les conviene, el que les sirve a sus intereses.

 

Humo negro

PASAN LOS AÑOS Y, EFECTIVAMENTE, el 2 de octubre no se olvida. Y son solo eso, sino que su huella en la vida política y social de nuestro país, su legado, se ha ido pasando de generación a generación, de tal forma que las demandas  y consignas de aquel 1968 se repiten ahora con angustiante vigencia: democracia, libertad de expresión, fin del autoritarismo y la represión… Con luchas emergentes desde hace lustros, como las que encausan las mujeres ante la violencia que sufren y el derecho a decidir sobre su cuerpo, la legalización de las drogas, la búsqueda de los desaparecidos. Aquellas luchas estudiantiles y la forma brutal en que fueron sofocadas marcaron un parteaguas, sí, nuestro país renació a partir de entonces. Pero los gobiernos que emanaron a partir de entonces le han quedado a deber a la sociedad mexicana, todos, los del PRI, los del PAN y ahora también este más cargado a la izquierda y que parece no encontrar el camino de la grandeza que se le abrió hace dos años, con aquella elección histórica.

 

Columna publicada el 04 de octubre de 2020 en la edición 923 del semanario Ríodoce.

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