Establecer el presupuesto necesario para que todos los sinaloenses tengamos acceso a todos los servicios de salud en forma gratuita; estructurar, junto con las dependencias correspondientes un esquema de educación y comunicación masiva sobre los modos de vida saludables y vacunar contra el Covid a 3 millones de habitantes.

Estas son las prioridades que debe resolver el sistema de salud sinaloense que desde enero es administrado por el gobierno federal a través del INSABI.

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el decreto que estableció el Instituto de Salud para el Bienestar y lo mandató atender a toda la población sin seguridad social, con un paquete ilimitado de servicios, gratuito.

Para que eso sea cierto, real, efectivo, se requiere más presupuesto.

Los derechohabientes del IMSS tienen derecho a todos los servicios de salud mientras que quienes eran derechohabientes del Seguro Popular, ahora del INSABI, solo a 359 intervenciones médicas, 633 tipos de medicamento y 37 insumos.

El gasto por derechohabiente del IMSS en 2020 fue de 4 mil 600 pesos mientras que el gasto por derechohabiente del INSABI fue de 3 mil 258. Existe una brecha por cerrar de 1 mil 342 pesos por cada uno del millón 81 mil personas que pasaron del Seguro Popular al INSABI. Esto significa que se necesitan un mil 450 millones de pesos de incremento.

Además de lo anterior, hay 100 mil sinaloenses que ni Seguro Popular tenían, de manera que el requerimiento total para ellos es de 4 mil 600 pesos por 100 mil: 460 millones de pesos.

Adicionalmente se presenta el costo laboral. La mayoría de los empleados estatales trabaja bajo honorarios. El paso a un régimen similar al de empleados del IMSS implica pasivos laborales y contingentes. Dado que, de acuerdo a lo planteado en el decreto , el INSABI nació con esta responsabilidad para Sinaloa, necesitará 242 millones de pesos anuales más para garantizar los derechos de los trabajadores. En suma, para hacer real y efectivo que el subsistema INSABI otorgue todos los servicios de salud a todos los sinaloenses sin seguridad social, se requiere un incremento presupuestal de 2 mil 152 millones de pesos respecto al actual.

Mientras no tengamos ese dinero extra en Sinaloa, el INSABI será solo un bonito verso.

Por otra parte, es urgente una reforma educativa para la salud.

La educación en Sinaloa debe, con conocimientos científicos, fundamentar y promover la adopción de modos de vida saludable.

No se trata de impartir una conferencia aislada o “una semana de la salud”. SEPYC y Salud deben rediseñar la educación para que aborde con la profundidad y la frecuencia necesaria los temas vinculados a la vida sana.

La información y los conocimientos deben inundar los hogares sinaloenses para orientar sus decisiones y hábitos y deben dar una base sólida a la deliberación pública sobre políticas, programas, legislación y presupuestos.

El conocimiento científico debe cuestionar y evaluar nuestra cultura.

Finalmente, tenemos por enfrente el gran reto de organizar la vacunación de poco más de 3 millones de sinaloenses. En el caso que sea una vacuna que necesite dos aplicaciones, eso duplica la dimensión de la tarea.

La difusión de falsedades en las redes sociales, el clientelismo político, la austeridad mal entendida, y la improvisación administrativa pueden mermar la eficiencia y la eficacia de la acción concreta más trascendente para la vida de los habitantes de Sinaloa.

Planeación, sistematización, colaboración y unidad son los principios que permitirán, literalmente, proteger nuestras vidas.

Construyamos un plan estatal de vacunación.

Como toda enumeración de prioridades hay que añadir una de más largo plazo para la cual es pertinente irse preparando: el envejecimiento de la población.

Actualmente hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años. Los adultos mayores pasarán de representar 10.7 por ciento de la población en 2018 a 14.8 en 2030 y 22.5 en 2050.

Se debe construir un sistema de cuidado e iniciar el proceso de adaptación a un patrón de enfermedades diferente al actual.

Esta agenda de tareas implica unidad social y políticas creativas, lo que es difícil de conseguir, pero si se logra, podría convertir una etapa de crisis absoluta en una oportunidad inigualable para la salud de los que queremos.

En este tema no podemos fallar porque se nos muere nuestra gente y se nos muere aquí, frente a nosotros.

Nunca ha sido mayor el potencial para que los niños, las familias y los viejos estén bien; ni mayores las consecuencias del fracaso.

No podemos fallar.

Columna publicada el 06 de septiembre de 2020 en la edición 919 del semanario Ríodoce.