En esta misma edición, la reportera Anabel Ibáñez hace un recuento de las leyes y reformas aprobadas por el Congreso del Estado en los últimos meses y que han sido detenidas, “congeladas”, por el gobernador, pues ni hace observaciones a las que tiene derecho según la constitución local, ni las publica en el periódico oficial. Así, el gobierno estatal y las dependencias, incluidas las de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, siguen trabajando y administrando con un marco jurídico ya reformado pero inaplicable.

Por supuesto que no son leyes y reformas de poca monta, sino de mucha trascendencia. Por ello la renuencia del Ejecutivo para darles curso. La mayoría tienen que ver con la transparencia, con el manejo de los recursos públicos, con la independencia de los poderes y con las responsabilidades del Estado frente a injusticias tales como el desplazamiento obligado de personas, por ejemplo y ante lo cual el gobierno debe asumir un costo en términos de ayuda humanitaria.

Pero “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”. Los diputados de Morena han llamado a esta actitud del gobernador Quirino Ordaz “veto de bolsillo”, pero la verdad es que el jefe del Ejecutivo se ha aprovechado de los huecos legales para seguir gobernando bajos sus reglas y criterios.

Así, lo primero que el congreso estatal debió hacer era reformar la Constitución para subsanar esos huecos y que el trabajo legislativo se hiciera efectivo. Sobre todo porque desde que bloqueó la reprobación de la cuentas públicas de 2017 se advirtió que se aprovecharía de esos huecos para obstruir procesos legislativos a su conveniencia. Hay leyes que se han reformado por unanimidad y ni así logran el visto bueno del gobernador, sencillamente porque le amarran las manos a la hora de operar el presupuesto y reducen sus márgenes de maniobra.

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, marcaría un antes y un después en la administración pública estatal, pues le otorga a los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos –como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa–  una autonomía que ahora solo tienen en el papel, empezando porque los recursos asignados en el presupuesto son regateados por el Ejecutivo y hasta usados como elementos de presión.

La pregunta es por qué los diputados hicieron compadre al gobernador si lo primero que tenían que hacer, previendo que se encontrarían resistencias a su trabajo legislativo que se suponía transformador, era obligarlo a publicar los decretos, a dejarle el margen de las observaciones, sí, pero hasta ahí. Ya hay en el Congreso tres iniciativas de reformas para poner fin al “veto de bolsillo”: dos presentadas por el diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro y una más propuesta por el ex diputado panista Roberto Cruz. Pero también están en el limbo, quién sabe porqué.

Otra de las grandes reformas congeladas es la que se hizo a la Ley de Obras Públicas, con la cual, sobre todo, se transparenta la asignación de contratos y se crea un mecanismo ciudadano para la vigilancia del cómo se llevan a cabo. Si el gobernador fuera Supermán, esto sería algo así como la kryptonita.

Antes de irse, la legislatura anterior, bajo control de Mario López Valdez, legisló para darle a Precasin la facultad de realizar obras a discreción, obras grandes, costosas. Con la nueva ley esto se elimina y todo pasa a transparentarse. Por eso está congelada. Así, muchos de los grandes proyectos de obra pública estatal y en los municipios seguirán siendo asignados sin ningún parámetro de transparencia ni vigilancia confiable.

En el gobierno de Malova, la condición que se puso para la autorización del mega crédito de 2 mil 600 millones de pesos, es que se creara un observatorio ciudadano de vigilancia de las obras que se llevarían a cabo. Y lo que se descubrió, la forma en que se manipulaban las obras para robar—porque esa es la palabra—era hasta obscena. Si un tramo carretero tenía una longitud de 16 kilómetros, el gobierno pagaba por 20, con el consecutivo “moche” de la constructora. Ya no se diga la calidad de los materiales, los sobreprecios, etc.

Más en tiempos como los que estamos viviendo a nivel nacional, donde surgen por todos lados casos de corrupción, el gobernador no debiera regatear lo que el Congreso está haciendo para hacer más transparente y más justa la vida pública.

Pero como decía doña Elisa, mi abuela: “es imposible ponerle barbas al que quijadas no tiene”.

Bola y cadena

DE ÚLTIMA HORA, EL VIERNES, el gobernador publicó en el Periódico Oficial las reformas al Código Penal en Materia de Delitos Ambientales y las  Reformas a la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares. De ésta última no lo hizo en tiempo porque así le convenía; las empresas textileras contratadas ya tienen los uniformes con el logo de “Puro Sinaloa”, que era lo que más le interesaba al gobernador y hasta los útiles escolares como cuadernos y mochilas deben estar hechas igual. Pero no tiene la culpa el indio…

Sentido contrario

NI LA DESAFORADA GUERRA de los países y las farmacéuticas por la vacuna contra el Covid –y por el negocio que implica—nos dan esperanzas en el corto plazo. Así que no hay que bajar la guardia. Y si bien nos va, para mediados del año entrante estaremos inmunizándonos contra el virus. Si bien nos va.

Humo negro

LA FAMILIA CARRILLO SIGUE eslabonando tragedias. Ahora le tocó a un hijo de Amado, César Carrillo Leyva, asesinado en Navolato la noche del jueves pasado. Otra cruz para el legendario El Guamuchilito.

Columna publicada el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.