El presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio “N”, mejor conocido como “El Marro”, compareció la noche de ayer ante el juez del Centro de Justicia Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano.

El  acusado se acogió a su derecho a no declarar y su defensa pidió la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para poder reunir elementos que desvirtúen la acusación hecha por el Fiscalía General de la República.

Ahí, a José Antonio “N” se le hizo saber la imputación que le formula el ministerio público federal por el delito de delincuencia organizada por identificarlo como líder de una organización criminal dedicada al “huachicoleo”.

El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra por lo que deberá permanecer en el área de clasificación y observación del penal de máxima seguridad del Altiplano hasta que se resuelva su situación jurídica.

El Cartel de Santa Rosa de Lima, según la lectura del expediente de la Fiscalía, está dedicado a a extracción de hidrocarburo de los ductos de Pemex, ubicados en Guanajuato, además de su almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de estos combustibles.

Gran parte de la acusación que hace la Fiscalía se basa en las conversaciones de sus colaboradores sostenían por teléfono, pues varias líneas celulares fueron intervenidas durante 180 días a principios del año pasado.

Además, la FGR hizo notar que como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, “El Marro” también ordenó que se perpetraran homicidios, secuestros y extorsiones, entre otras actividades ilícitas.

A lo largo de la lectura, se dejó en claro que, al menos, durante los últimos dos años, tejió una red de protección con policías estatales municipales y hasta efectivos del Ejército a quienes entregaba grandes sumas de dinero para que lo dejaran operar a sus anchas,  y construyó una base social importante en muchas comunidades de Guanajuato, como su localidad de origen Santa Rosa de Lima, Villagrán, Torrecillas  y otras de los municipio de Juventino Rosas y Celaya que lo apoyaban para generar disturbios cuando elementos de la policía federal o la marina iba a su caza.

El ministerio público solicitó al juez, la vinculación a proceso de este sujeto y reveló que al menos seis de sus más cercanos colaboradores ya están siendo enjuiciados por delincuencia organizada bajo la misma causa penal.

El juez fijó para las 12:30 horas del próximo miércoles, la hora y fecha para determinar si lo vincula o no a proceso por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburo bajo la causa penal 63/2019. (La Jornada)