jueves, agosto 5, 2021
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  • Dias de Impunidad

Poder Judicial: cuatro meses cerrado en Sinaloa

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La justicia no ha dejado de funcionar, asegura Enrique Inzunza

 

 

Para el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa (STJS), Enrique Inzunza Cázarez, el hecho de que los juzgados se hayan mantenido cerrados casi por cuatro meses y la entidad haya estado en semáforo rojo, no ha implicado que la justicia haya dejado de funcionar.

Las oficinas de las sedes del Poder Judicial de Sinaloa lucen desiertas. Los pasillos, antes llenos de trabajadores, abogados litigantes y ciudadanos que buscan solución a alguna controversia, están desolados. Desde el pasado 19 de marzo, fueron suspendidos los trabajos de juzgados en Sinaloa como parte de un acuerdo del Pleno del STJS  de aplicar la medida preventiva para evitar la concentración de personas, y con ello el contagio del virus de Covid-19.

El Poder Judicial no ha estado exento de los contagios, al registrarse casos confirmados en todos los niveles, entre ellos magistrados.

Desde que se decidió suspender todas las labores de los órganos jurisdiccionales, con excepción de los juzgados penales en donde se asignaron guardias para la atención de casos urgentes, se detuvieron los plazos y términos procesales.

A la fecha, en cuatro ocasiones el Pleno del STJS ha ampliado el plazo para la suspensión de actividades en juzgados. Así, de un plazo inicial que estaría vigente solamente del 19 de marzo al 19 abril, se ha extendido al 17 de julio en función el comportamiento de máximo riesgo que tiene Sinaloa en el mapa epidemiológico de las autoridades de salud.

Entrevistado en su oficina, en donde asegura asiste de lunes a sábado, señala que cualquier ciudadano puede acudir ante la autoridad judicial, para que el juez valore la urgencia de su caso, y si se considera en ese carácter se tramita.

En el nuevo sistema penal acusatorio se han emitido un total de 188 órdenes de aprehensión durante el periodo de la urgencia sanitaria, aunque la Fiscalía General sólo ha ejecutado 110. En materia penal lo único que no están haciendo los jueces es celebrar audiencias de juicio oral, las cuales están suspendidas hasta que las autoridades de salud indiquen que existen condiciones para que puedan realizar.

La mayoría de los actos procesales en materia penal, como la celebración de audiencias iniciales, la emisión de ordenes de aprehensión, se siguen realizando, solo se han suspendido los juicios para evitar la comparecencia de testigos, además por el carácter público, y con ellos los riesgos sanitarios.

“No está paralizada la justicia, para nada”, enfatiza.

Además, argumenta, en todas las materias sea civil, penal, mercantil, familiar, de adolescentes, existe la posibilidad de que se plantee ante los jueces cualquier asunto si se considera que es urgente, y si el juez considera que reúne esa característica, se admite.

En materia familiar pone el ejemplo como situación de urgencia o grave está incluida la ejecución de pensiones alimenticias, entrega o consignaciones de pagos, así como en los casos de protección de personas menores de edad o en situación de vulnerabilidad o involucren un derecho relacionado con la contingencia.

El magistrado presidente considera que pueden existir otros asuntos que pueden esperar como la recuperación de un bien inmueble a que existan condiciones de normalidad.

Reitera que los juzgados no están cerrados. “Definitivamente no, hay guardias.”

Desde el 19 marzo al 16 de junio se suspendieron las actividades en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pero se emitió posteriormente otro acuerdo para reanudar actividades en la segunda semana de junio con el uso de video-enlaces, usando las tecnologías de la información.

Argumenta además que en uno de los acuerdos de ampliación del Supremo Tribunal de Justicia se incluyó trabajar internamente y a distancia, por lo que actualmente se atiende  la elaboración de proyectos de sentencia en todos los juzgados y en todas las materias, bajo un rol de personal, para evitar la concentración en las instalaciones. La idea es que cuando regresen, el día que todavía no se define, no se tenga rezago, de manera que todas las sentencias que estaban pendientes de elaborarse estén listas, aunque técnicamente no se pueden dictar porque se tendrían que notificar.

Lo que buscan en no convertirse en un problema sanitario para los usuarios y los servidores públicos, que el sistema judicial continúe, pero protegiendo de los derechos de salud.

Por lo pronto ante el rumor que circula entre abogados de que podría ampliarse la suspensión de actividades de los juzgados hasta el mes de agosto por el goce de vacaciones de personal, aclara que por la emergencia sanitaria se acordó el disfrute de esta prestación del personal de forma escalonadas y no simultánea de todo el equipo.

“Hemos estado buscando de manera creativa, con sentido común, con prudencia”, expone. No hay fecha todavía par el regreso en el Poder Judicial a toda su capacidad. En caso de que Sinaloa siga en semáforo rojo se prevé abrir alguna diligencia posiblemente con apoyo tecnológico.

Con los abogados, asegura, hay una interlocución abierta, permanente, para todos construir el regreso lo más pronto posible.

El regreso puede ser pronto si se actúa con responsabilidad, pero si no se actúa así ,el propósito de regresar cuanto antes a la normalidad, se puede ver retrasado, advierte.

“No es hora de dar señales encontradas, ni de superficialidades, ni frivolidades, ni nada de eso; hay que mostrar empatía y solidaridad con la gente que la está pasando muy mal”.

Artículo publicado el 12 de julio de 2020 en la edición 911 del semanario Ríodoce.

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