Cabildo da ‘palo’ a Billy Chapman en cuentas públicas 2019

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Junio del 2020 es un mal mes para el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, pues recibió dos reveses que ponen en vilo su administración, al cabildo y de paso a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Local; en el primero, un nuevo incidente en contra por violencia electoral en agravio de la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites y, la segunda, el rechazo a la cuenta pública anual del 2019.

Sobre todo se blande la posibilidad de ser removidos de los cargos que ostentan por desacato a la sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TESIN) en el expediente incidental TESIN-01/2020 que procede del principal TESIN-JDP-21/2019-II, dictada el 14 de febrero del 2020 y notificada cinco días después (19 de febrero) a los inculpados, y que la quejosa resume:

“Todo sigue igual, no han cumplido y siguen obstruyendo el ejercicio de mi cargo, ya calificado como acoso laboral y violencia política de género en la vertiente del ejercicio del cargo público por tres instancias, en lo concerniente a la cuenta pública y otros hechos; así es que es mi deber denunciarlo ante la autoridad ejecutora, lo que continuará hasta el final de mi cargo”.

Valenzuela Benites afirmó que mientras el alcalde y resto de subordinados continúen con la violación sistemática a sus derechos y minimizando el encargo ciudadano de vigilar el uso del tesoro municipal en las cuentas públicas 2018, 2019, 2020 y 2021, y del correcto ejercicio político, ella mantendrá los juicios que ya están firmes por el TESIN, confirmados por la Sala Regional (Guadalajara) y ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) y sin posibilidades de combate.

“Deben cumplir y van a cumplir con la sentencia que les fue dictada por autoridad superior o el Congreso de Sinaloa les debe de iniciar el juicio de procedencia, separarlos de los cargos y designar suplentes; si la Sexagésima Tercera Legislatura es omisa y pretende proteger al alcalde, procede ir en su contra ante autoridad superior, que bien podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un caso que no tiene reversa ni rendición y cuya sentencia fue ratificada por dos instancias superiores”, dijo.

El conflicto del alcalde, Chapman Moreno con la Síndica Procuradora, Valenzuela Benites detonó el 5 de junio cuando ella promovió un nuevo incidente de desacato de sentencia porque las cuentas públicas del ejercicio 2019 no le fueron remitidas íntegras para su revisión como lo exige la Ley Municipal y en cambio el 28 de abril se envió en forma electrónica a la Auditoría Superior del Estado, y física el 30 de abril, ambas versiones para su diagnóstico y aprobación.

Ese día, Juan Francisco Fierro Gaxiola y Ana Elizabeth Ayala Leyva, ambos subordinados de Valenzuela Benites  alardearon públicamente que las cuentas públicas 2019 habían sido presentadas en tiempo y forma.

El 8 de junio, el TESIN recurre al gabinete de Chapman Moreno y al cabildo para que informen lo hecho hasta ese día para el cumplimiento de la sentencia ya firme y los emplaza a 24 horas.

El emplazamiento del tribunal es notificado a ediles de oposición a personal no autorizado para recibirlo, por lo que los regidores, Fernando Arce Gaxiola, Rosa María López Ramírez, Génesis Paola Pineda Valdez y Raúl Cota Murillo responden hasta el 11 de junio. La respuesta que consta de tres fojas y un anexo de 28 fojas es recibida en el TESIN el 12 de junio.

En la contestación, los concejales alegan que el 9 de diciembre del 2019 conminaron al Alcalde, Chapman Moreno, a la Tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, al Director de Administración, Gilberto Estrada Barón y al Contralor General, Pavel Roberto Castro Félix al cabal cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria del  judicial y el 20 de mayo del 2020 requirieron al mismo alcalde para que llame a sesión de cabildo para la discusión de las Cuentas Públicas 2019, sin que exista respuesta alguna.

El 17 de junio, el gobierno de Ahome llama a sesión extraordinaria de cabildo, y por mayoría se rechaza la cuenta pública 2019 y es retornada a la tesorera, Ayala Leyva para que subsane las recurrentes omisiones de procedimiento, como la revisión de la síndica y la aprobación del cabildo, como requisitos insalvables para ser remitida a la Auditoría Superior del Estado.

Valenzuela Benítez, Fernando Arce Gaxiola y Raúl Cota Arredondo defendieron la postura y aseguran que es simple porque la Ley Municipal exige que las cuentas pasen por la síndica procuradora y el cabildo, y no se hizo. “Sí, Chapman cumplió en tiempo con lo que le mandata la Ley de Hacienda Pública, pero no en la forma ni con el procedimiento de una Ley Municipal modificada en el 2018, y por ello violó normas municipales que no están a su libre albedrío, ocurrencia o estado de humor. Nosotros no vamos a permitir una más. Él y los infractores deben ser sancionados, y si es necesario que lo separen del cargo, pues que se llame al suplente. Él no puede ser excluido de la ley por su investidura, sino que ésta lo debe ceñir al cabal cumplimiento”.

Los ediles que rechazaron la cuenta pública 2019 son los de oposición, Fernando Arce Gaxiola (Partido Sinaloense -PAS), Génesis Paola Pineda Valdez, Rosa María López Ramírez y Raúl Cota Murillo (Partido Revolucionario Institucional -PRI-), Ramón López Félix (ex del Partido del Trabajo y reincorporado a Morena-) y por primera vez Rosa María Ramos Solórzano y Gerardo Amado Álvarez (Movimiento de Regeneración Nacional Morena).

Mientras que los que la aprobaron fueron el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el Billy Chapman, los regidores del Partido del Trabajo (PT), Ariana Sulaee Castro Bojórquez, Héctor Vicente López Fuentes, Raymundo Simons Cázarez, María del Socorro Calderón Guillén y Alonso Pinto Galicia (Partido Acción Nacional -PAN).

Artículo publicado el 21 de junio de 2020 en la edición 908 del semanario Ríodoce.

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