Una corte federal de EU le retira el cargo de “limpiar” dólares para el Cártel de Sinaloa
Cinco años tardó un juez federal del Distrito Central de California para desestimar cargos por lavado de dinero contra directivos de la empresa María Ferré SA de CV, a quienes agentes de la DEA tenían años investigando, incluso habrían presentado testimonios y pruebas a fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), para que se les girara orden de aprehensión.
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Según el expediente cr-14-00372, radicado en Los Ángeles, el esquema de lavado era dirigido por Ignacio Muñoz Orozco Nacho, secundado por el contador Armando Arturo Chávez Gamboa y por la consejera de la empresa, Daisy Estrada Corrales.
Pero tras ampararse, según se explica en los archivos judiciales del USDOJ, sus abogados iniciaron una disputa judicial en los tribunales para demostrar que ellos no lavaban dinero para el cártel de Sinaloa, como se alegaba, sino que “era una confusión”.
Luego de una serie de audiencias que se suscitaron a partir de octubre de 2014, el caso se selló, y el resto del proceso se realizó a puertas cerradas, hasta que el pasado 1 de octubre de 2019, el juez Fernando M. Ogluin determinó que no había delito que perseguir y desestimó todo cargo en contra de los imputados.
Todas pruebas presentadas por los fiscales producto de una investigación encubierta por parte de agentes de la DEA, del Departamento de Policía de Los Ángeles, y del Sheriff, que había durado años de trabajo encubierto, testigos protegidos, grabaciones, bitácoras con fecha y hora de cada transacción, y hasta número de factura para mostrar la legalidad de depósitos, terminaron sirviendo de nada pues, a pesar de que los fiscales consideraron las pruebas “sólidas”, el juez Ogluin determinó que no era suficiente y que no había delito que perseguir. Y retiró los cargos.
Un año y tres meses antes, el 4 de junio de 2018, Muñoz Orozco, dueño y fundador de María Ferré, ya había logrado un triunfo en México, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descongeló cuentas de varias empresas y personas físicas que investigaban por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, incluyendo de la empresa María Ferré, según revela una investigación realizada por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna y publicada en el portal Aristegui Noticias.
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Según el trabajo periodístico, la UIF habría descongelado 722 cuentas bancarias, con un monto superior a los mil millones de pesos, luego que la investigación Hermes, como la llamó el gobierno mexicano, no contara con los elementos necesarios para confirmar que el dinero de esas cuentas estaba ligado a empresas lavadoras de dinero que habían abierto gentes cercanas de Joaquín el Chapo Guzmán, Juan José Moreno Esparragoza el Azul, Rafael Caro Quintero, y al ex secretario de Sedesol, Muñoz Orozco.
Atrás había quedado aquel 13 de septiembre de 2014, cuando agentes federales junto con elementos de la policía de Los Ángeles, cayeron al Distrito de la Moda, en el centro de esa ciudad, y tras un operativo en conjunto lograron arrestar a nueve personas que trabajaban para las supuestas empresas lavadoras de dinero, y decomisaran 65 millones de dólares que supuestamente pertenecían al Cártel de Sinaloa.
Sólo entonces surgió información de que la empresa María Ferré estaba involucrada en este esquema, y que era una de las principales lavadores de dinero del cártel. Al momento de la operación ya se había girado orden de aprehensión en contra de Muñoz Orozco y sus empleados, según precisa el expediente.
“Esta operación forma parte para desmantelar las actividades de lavado de dinero en el distrito de la moda, y esta basado en una gran cantidad de información que tenemos, y que identifican a numerosas empresas de estas empresas que se dedican a los planes de Mercado Negro de Cambio de Pesos”, dijo entonces Robert E. Dugdale, Procurador Adjunto de los Estados Unidos.
Las pruebas sin embargo, se le cayeron a los fiscales, y el juez no tuvo otra que retirar todo cargo.
No es la primera vez que a Estados Unidos se les caen acusaciones, que según agentes de la DEA, “están sumamente sustentadas con testimonios, videos, audios y fotos”, pues en 2013, la Oficina para el control de Activos Extranjeros (OFAC), acusó al notario José Antonio Núñez Bedoya de facilitar la creación de empresas que sirven al cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Pero tras una rápida investigación y aclaración por parte del notario, Estados Unidos tuvo que recular, y retirar su nombre de las personas designadas por la OFAC.
Artículo publicado el 21 de junio de 2020 en la edición 908 del semanario Ríodoce.
