Aun cuando Ciudad Juárez fue considerada como el punto de arranque para trazar la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la pacificación del país, el balance de su primer año de gobierno exhibe que en esta comunidad fronteriza la violencia se recrudeció y arrebató la vida a mil 495 personas.

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Esa cifra establece un aumento de 20.5 por cientos en el número de personas asesinadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019, con relación al mismo periodo del 2017-2018, cuando ese índice llegó a mil 240 víctimas mortales a consecuencia de la inseguridad que se registra en la ciudad con más población del estado de Chihuahua, con más de un millón 400 mil habitantes.

Los índices de criminalidad no bajan pese a los operativos implementados en esta localidad consideradas por el gobierno lopezobradorista como prioritaria para reducir la delincuencia. Por el contrario, los hechos violentos tienen a Ciudad Juárez en jaque y volvieron a poner en alerta roja a las corporaciones policiacas que son desafiadas con agresión a balazos, incendios de vehículos —en su mayoría camiones de transporte público— y asesinatos.

Frente a este panorama, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ubicó en octubre pasado a Juárez en el segundo municipio del país con mayor número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Tijuana.

A nivel estatal, los asesinatos cometidos apenas si registran una reducción de 5.5 por ciento en el primer año de AMLO en el gobierno federal, al alcanzar 2 mil 089 asesinatos en la entidad. En el lapso inmediato anterior, de diciembre del 2017 a noviembre del 2018, cuando presidía el país Enrique Peña Nieto, fueron 2 mil 211 las víctimas.Peor aún, la gran mayoría de estos delitos están en la impunidad y sus víctimas en espera de justicia, de acuerdo con reportes oficiales.

Los resultados exhiben que las estrategias contra la inseguridad no han tenido aún el funcionamiento ni la coordinación que se requiere, consideraron especialistas en el tema de seguridad pública y justicia.

Para la coordinadora de la Mesa de Seguridad Juárez (MSJ), Isabel Sánchez Quirarte, las intervenciones de la administración de López Obrador aquí han sido insuficientes para cumplir los ofrecimientos que hizo al comenzar su gestión.

El criminólogo y profesor universitario, Oscar Máynez Grijalva, dice que el mandatario mexicano realiza acciones contra la impunidad y la corrupción, pero el resultado podrá apreciarse hasta dentro de 10 años y falla en implementar acciones a corto plazo que den confianza a los ciudadanos.

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A su vez, Juan Ángel Lira Quintana, presidente de la Organización de Abogados Postulantes Independientes en esta frontera, considera que el presidente de México todavía enfrenta la resistencia de funcionarios estatales y municipales que, además, protegen algunas de las actividades que provocaron los conflictos que se enfrentan en la actualidad, como el cúmulo de homicidios.

El resultado estadístico expuesto tiene como base cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) publicadas por la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez.

En entredicho plan anticrimen

Ante el recrudecimiento de la violencia, el propio presidente López Obrador ha reconocido que sus operativos en esta plaza no han tenido resultados.

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“En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución”, indicó el mandatario en uno de los primeros balances a su gestión de zonas prioritarias en marzo pasado. La espiral de inseguridad recrudeció más aún en los siguientes meses.

“Los números no mienten de cómo estamos en inseguridad, es muy triste lo que estamos ahorita viviendo”, señala Sánchez Quirarte como crítica al primer año del Gobierno Nacional.

Da a conocer que hasta septiembre pasado en Ciudad Juárez se cometieron mil 149 homicidios, mientras que el 2018 cerró con mil 247, en caso de continuar al ritmo que se lleva en la actualidad los integrantes de la MSJ calculan que el año cerrará con mil 500 homicidios o más.

Ese rango añadiría unos 300 asesinatos a lo que se presentó el año pasado, un incremento de casi el 25 por ciento, lo que calificó como negativo para la comunidad.

“Si bien la ciudad está relativamente en paz en lo que respecta al resto de delitos, porque no están al alza y están todos controlados, en homicidios se espera un crecimiento”, menciona.

Recuerda la promesa que hizo López Obrador para reducir las muertes dolosas durante el primer año de su gobierno, lo que no se ha visto, tampoco se nota una Guardia Nacional (GN) activa con relación a la persecución o contención del delito porque está en tareas de migración.

“No creemos que para eso se formara la Guardia Nacional y vemos que no podemos esperar mucho en un año, pero no hubo ninguna mejora”, añade la coordinadora de la MSJ.

Sin embargo, dice, se tiene la expectativa de que una intervención que realizaron los tres niveles de gobierno en el Cereso estatal a principios de noviembre —para controlar a quienes ordenan desde su interior incursiones criminales— ayude a bajar el número de homicidios que se cometen aquí en unos dos o tres meses.

Además, agrega, el estado y el Municipio tienen que trabajar con los recursos que tienen, cuidar a los ciudadanos y evitar la esperanza de que la federación ayude a resolver el problema. Además, la sociedad chihuahuense y fronteriza tiene disposición para trabajar en conjunto con las autoridades.

Acerca de la coordinación para el combate a la criminalidad, Sánchez Quirarte considera que existe, sobre todo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el estado y el Municipio.

El problema que prevalece es que persiste un déficit importante de elementos en las corporaciones locales y en la federal.

“López Obrador prometió que la Guardia Nacional haría la tarea de patrullar y no lo hemos visto, están en el bordo (del río Bravo), no hace el trabajo de contención para el cual se le solicitó ayuda a la federación”, declara.

‘Acciones tendrán impacto a largo plazo’

Máynez Grijalva, desde su perspectiva, considera que López Obrador creó instituciones confiables con nombramientos honestos para abatir la corrupción y crear empleos, que son pasos básicos; además,dio apoyo a jóvenes y a gente en situación vulnerable, que es una receta contra la violencia.

Sin embargo, esas estrategias funcionan a largo plazo y México requiere, después de la creación de instituciones confiables, unos 10 años para romper el ciclo nocivo y de otras intervenciones que de un resultado positivo inmediato.

Para combatir al crimen organizado, que son ejércitos con armamento de alto poder, se requiere fuerza, grupos militares o paramilitares con inteligencia que los enfrenten.

“Ahí es donde no me gusta la estrategia de abrazos en lugar de balazos, aunque debe hacerlo diferente a como lo hizo Calderón (Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México), quien no combatió ni la corrupción ni el lavado de dinero, sólo hizo la guerra”, expone.

Reitera que hace falta inteligencia, grupos altamente especializados en combatir a la delincuencia organizada y que el Ejército realice labores “quirúrgicas”, así como cuidar y supervisar a la GN para que sus elementos no cometan abusos.

Resistencias frenan estrategias anticrimen

Sobre el tema, Lira Quintana menciona que durante este primer año de la administración de López Obrador no hubo resultados positivos, pero el presidente de México sí trató de hacer cambios en ese sentido, aunqueenfrenta reticencias de ciertos grupos interesados en que no mejore la seguridad pública porque afecta el desarrollo de sus negocios.

“Es un tema que no es tan fácil, porque los cuerpos de seguridad aquí se dedican a proteger a ciertos lugares, giros negros”, acusa.

Con relación a la GN, que fue enfocada a trabajar en la política migratoria por presiones de Estados Unidos, considera que existe un interés interno para evitar afectar a miles de personas transfronterizas que realizan actividades en ambos países, por lo que se prefiere tener un control en pro de evitar mayores conflictos.

Por otro lado, no se refleja que el Gobierno del Estado haya mejorado en sus procesos, ni se ha integrado de forma eficiente para trabajar de forma conjunta con la federación.

Subir los niveles de seguridad, comenta, no será un trabajo fácil para López Obrador; puede ir mejorando, peroes importante que haya disposición política de todas las autoridades, que afronten ese problema y no lo evadan.

“En el caso del gobernador (Javier Corral Jurado) no se le ve, no enfrenta situaciones que él debe encarar porque son serias y delicadas para nuestra seguridad, mientras que el presidente municipal (de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez), está ocupado en otras cosas y no en la administración pública”, señala.

López Obrador, agrega, trata de depurar a los cuerpos policiacos federales porque el enemigo está dentro, ahí está el verdadero conflicto: sanar todas las instituciones de seguridad.

“Cuando se vean reflejados esos cambios, cuando comience a sanar la Policía, entonces la gente se sentirá segura, cuando realmente estén combatiendo a los criminales”, menciona.

Artículo publicado el 8 de diciembre de 2019 en la edición 880 del semanario Ríodoce.