Andrés Manuel López Obrador le falló a Baja California en su primer año en el tema de seguridad. La presencia de la Guardia Nacional no contribuyó a incrementar el número de aprehensiones de criminales y los 6 mil 048 millones de pesos entregados en programas sociales tampoco impactaron. Siendo 2018 el año récord en  homicidios violentos, 2019 presentó una reducción marginal del apenas el 7 por ciento en una entidad federativa donde siguen acribillando a 85 personas por cada 100 mil habitantes

El primer año de gestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será recordado como el de la mayor tasa de homicidios dolosos, feminicidios, robos a negocio, trata de personas y narcomenudeo, con fallas en un tema de seguridad en el que prevalece un recorte de presupuesto excepto para las Fuerzas Armadas, afirma Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad.

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“El homicidio sigue creciendo, ellos hablan de un punto de inflexión, nosotros corrimos modelos econométricos y lo que encontramos es que hubo un punto de inflexión hacia el final sexenio pasado, que fue la que hizo que el homicidio empezara a crecer menos. No fue en este sexenio, si lo cacarean, están cacareando algo de Enrique Peña Nieto y también están dando el dato falso de que ya está contenido, cuando no lo está”, enfatizó el titular del organismo.

Los factores para que este primer año no fuera exitoso en el tema de seguridad, consistieron en que la estrategia implementada no estuvo sustentada, además, los recortes presupuestales y el desmantelamiento institucional no fueron favorecedores. Sobre este último punto, Rivas señaló que no es solo un desmantelamiento con la desaparición de la Policía Federal, sino en referencia a la poca presencia y resultados de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, definió como “una brutalidad” la disminución que la Federación aplicó a estados y municipios, principalmente en recursos como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortaseg) a 33 por ciento, sobre todo ahora que las entidades federativas tendrán un costo extra con la presencia federal, toda vez que la Ley establece cuánto debe pagar cada una a la Guardia Nacional.

Más muertos por mes con AMLO

En Baja California, durante el primer año del sexenio de López Obrador, asesinaron a 245 personas por mes. A lo largo de toda la gestión de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la media mensual fue de 127 homicidios. Mientras que con Felipe Calderón Hinojosa la mensualidad mortal promedió 59 víctimas.

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Las 3 mil 160 muertes violentas registradas en BC durante 2018 quedaron plasmadas como la cifra récord en el conteo oficial que se ha realizado en la entidad durante 14 años: 836 asesinatos más que en 2017. Reducirla fue el reto que recibió la Presidencia de AMLO.

Para combatir la inseguridad y la violencia homicida, la primera semana de febrero, el gobierno morenista envió a Baja California a 200 elementos de la Guardia Nacional que se concentraron en Tijuana. Posteriormente, el 1 de noviembre llegaron otros 200 agentes federales comisionados a la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI). Y de acuerdo a lo anunciado por el delegado federal único Alejando Ruiz Uribe, en Baja California se entregaron 504 millones de pesos mensuales en programas sociales.

Como resultado, los homicidios durante 2019 han registrado una reducción marginal de apenas el 7.6 por ciento al comparar con el año pasado, de 2 mil 890 a 2 mil 668 muertos (estadísticas del 1 de enero al 30 de noviembre).

“La tasa mundial de homicidios es de 6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, pero en Baja California actualmente asesinan a 85 personas por cada 100 mil ciudadanos”, expuso Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo.

“Siguen siendo demasiados muertos, además el mismo número representa un incremento del 30 por ciento si se compara contra la media histórica de los últimos tres años. Por ello es la segunda entidad con mayor incidencia homicida en México, solo por debajo de Colima”, enfatizó el analista.

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Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla, consideró que hablar de una tendencia marginal a la baja, “es meramente consecuencial”.

Y complementó:

“Realmente no ha habido una estrategia relacionada al tema de los homicidios por parte de la Federación, y generar 150 o 180 muertos mensuales es una incidencia extremadamente alta, comparada con cualquier estándar”.

Adicionalmente, durante el presente año los homicidios culposos en Baja California aumentaron un 20 por ciento, de 317 en los primeros diez meses de 2018, a 399 en el mismo lapso de 2019.

“Que de repente te incrementen los homicidios culposos, que tienden a ser muy consistentes, no se ve natural, no se explica, porque rara vez los accidentes aumentan o disminuyen dramáticamente. Esto provoca sospecha de la existencia de un sub-registro”, manifestó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

Alta incidencia en tres de cinco municipios

Para analizar el movimiento de la incidencia municipal, Zeta comparó 2018 y 2019 en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre:

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* En Tijuana, considerada la ciudad más violenta del mundo el año pasado —de acuerdo a un estudio de 50 ciudades realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal—, se siguen perpetrando la mayoría de los crímenes en BC. Entre el 72 y 77 por ciento de los homicidios durante 2019, dependiendo del mes.

En esta ciudad los asesinatos bajaron de 2 mil 296 a 2 mil 047, es decir, 249 muertes menos, lo que significa una reducción del 11 por ciento. Aun así, en el municipio asesinan a 132 personas por cada 100 mil habitantes. Mientras que los homicidios culposos crecieron 30 por ciento, de 114 en 2018, a 164 en 2019.

* En Rosarito aumentaron las muertes violentas de 113 a 149; esos 36 cadáveres adicionales significaron un aumento del 32 por ciento, y, por su menor densidad geográfica, el municipio contabiliza 163 homicidios por cada 100 mil habitantes. Las muertes culposas se mantuvieron estables.

* En Ensenada los homicidios crecieron de 240 a 253 cuerpos (5 por ciento), los culposos de 98 a 111 víctimas (13 por ciento) y registra una tasa de 52 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.

* En Tecate ha habido ocho muertos menos que el año pasado, al reducir su incidencia en 8 por ciento y, dada su poca población, registra 84 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

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* Por último, Mexicali sería la ciudad más segura en Baja California, ya que las muertes bajaron 10 por ciento, de 146 a 132 víctimas, cuenta apenas 15 homicidios cada 100 mil habitantes. Pero tratándose de muertes culposas, cuenta el más extraño y gran aumento de un año a otro: de 41 durante 2018, subió a 74 en 2019, lo que significa un 45 por ciento más que significaría un sub-registro.

La Guardia Nacional y la estadística 

Más de 10 meses tienen en Baja California los primeros 200 elementos de la Guardia Nacional enviados por la Federación, la inmensa mayoría concentrados en Tijuana, donde su presencia solo ha destacado por la intervención para controlar a los grupos de migrantes, y esporádicamente, brindando apoyo acordonando zona donde otras corporaciones realizan operativos.

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Su colaboración en la ejecución de órdenes de aprehensión ha sido tan marginal que el número de órdenes concretadas no subió entre febrero y octubre, sino que se mantuvo entre 100 y 120 mensuales (ver gráfica).

En lo especifico, Tijuana registró un leve decremento los primeros dos meses del arribo de estas fuerzas federales: de 220 muertos en enero, bajó a 145 y 152  en febrero y marzo, pero volvió a los 217 en junio, cuando la Guardia Nacional se ocupó de la retención de las caravanas de migrantes y no volvió a tener una reducción significativa hasta octubre, cuando llegaron nuevos mandos de seguridad con los gobiernos municipales y sumaron 156 muertos.

La incidencia homicida de los otros cuatro municipios no se vio impactada por la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, sí tuvieron leves reducciones en los homicidios, primero en octubre con el cambio de gobiernos municipales, y después con el de Gobierno del Estado.

En el caso de Ensenada, de 45 muertos en octubre bajó a 24 en noviembre; Rosarito disminuyó de 24 homicidios en agosto a 11 en octubre; Tecate registró seis en agosto y la misma cantidad en  noviembre; y Mexicali tuvo 18 en octubre para bajar a siete en noviembre. Pero las estadísticas mortales en Baja California continúan siendo muy inestables.

Aun sin resultados tangibles, el 14 de noviembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció que en diciembre llegarían más elementos de la mencionada Guardia, y el 29 de noviembre, el Cabildo de Tijuana aprobó la desincorporación del terreno de 10 mil metros cuadrados en el que se construirá  la estación de la Guardia Nacional en el fraccionamiento El Laurel, en la delegación Presa Este.

Narcotráfico y narcomenudeo

Las actividades de los operadores de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) Arellano Félix (CAF) y De Sinaloa (CDS) no han sido mermadas con la presencia de la Guardia Nacional, dedicada en esta primera fase a labores socialización y apoyo a otras corporaciones.

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Pablo Huerta y Roque García, del CAF; Israel Alejandro Vázquez Cabo 50, David López Jiménez Cabo 20, Jesús Alfonso Trapero y Alejandro Estrada, del CJNG; Felipe Eduardo Barajas Lozano el Omega, Vicente Martínez González el Güilo, Luis Alfredo Garibay Félix, Víctor Hugo Mejía el Griego, José Luis Mendoza Mendoza Uriarte el Güero Chompas, Alfonso y René Arzate, del CDS, han sido identificados como operadores del crimen organizado en Baja California en diferentes niveles.

El problema es precisamente que al igual que sus antecesores, en el primer año de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador ni el Gobierno Federal ni el local, han sido capaces de iniciarles expedientes. Únicamente los Arzate tienen órdenes de aprehensión en su contra por tráfico de drogas… pero en California, Estados Unidos.

“En los homicidios estamos frente a la Ley Pareto” expresó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCS. “El 20 por ciento de los criminales generan el 80 por ciento de la delincuencia, estamos hablando de los líderes de cárteles, que son los que están ordenando estos homicidios y prácticamente todas las actividades de narcomenudeo. Pero mientras no exista inteligencia, carpetas de investigación y las consecuentes órdenes de aprehensión de estas personas, el tema de los homicidios ahí va estar”.

Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, remató:

“En Baja California, Tijuana y todo el país, los homicidios tienen su raíz en el pleito de las bandas por el control territorial para vender drogas, narcomenudistas y narcotraficantes. En los municipios bajacalifornianos la situación se agudiza porque el pleito es también por el control territorial del mercado de exportación, aunque este último es menos violento que el narcomenudeo. La única manera (de reducir los homicidios) es regulando las drogas, lo propuso Andrés Manuel López Obrador, está en su Plan de Paz y Seguridad, pero no ha hecho nada, no hay ninguna iniciativa para regular el cannabis, ya deberían estar regulando hasta el cultivo de la amapola. Aunque no necesariamente bajaría la violencia en Tijuana como en otros lados, porque esta ciudad tiene un pleito de control territorial por el mercado de exportación”.

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Acorde con Hernández Niebla, los homicidios no son tema de policías preventivas, “se necesita una estrategia más armada, estamos hablando de fiscalías, la General si hablamos de narcotráfico, y Estatal tratándose de narcomenudeo y homicidio; es muy claro que el tema está relacionado a eso, y, por más policías que tengamos en el Estado, difícilmente ellos van a poder disminuir el número de homicidios”

Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, de la asociación civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, argumentó:

“La política de ‘Abrazos no balazos’ no tiene resultados ni un impacto significativo en los homicidios, porque no está combatiendo la impunidad ni contribuyendo a elevar los índices de justicia”.

Homicidio, extorsión y narcomenudeo, lo preocupante 

“El problema es que esta autoridad sigue pensando que está dando resultados en temas donde no hay evidencias de que los esté dando. Y no estamos seguros que esta mejora marginal en homicidios sea sostenibles” enfatizó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Los que suben son extorsión un 73 por ciento, narcomenudeo  29 por ciento. Baja California sigue ocupando el primer lugar nacional en robo de vehículo aunque tiene una reducción del 13 por ciento. Además, el Estado está en los primeros lugares nacionales por violaciones, y este año las denuncias registraron un aumento del 5 por ciento”,  expresó Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.

“Los programas sociales que supuestamente es la gran apuesta de López Obrador no sirven en la reducción de  incidencia,  porque la violencia no está correlacionada con la violencia homicida o de narcomenudeo. La relación de la violencia es con el desempleo, cuando aumenta crecen los robos nada más. No suben los delitos de alto impacto. Se lo dijimos a la 4T pero no escuchan”, aseguró el analista.

“La pobreza hay que combatirla porque es un tema social, pero no está correlacionada porque hay estados ricos y pobres con violencia. O casos como el de Yucatán, que está ubicado en la tabla media de la riqueza y es tranquilo”.

Roel reclamó el tema clientelar de los programas: “Tienen un carácter más electoral que social, porque todo se lo deben a López Obrador, además, no tenemos contabilidad ni indicadores que nos digan si se están aplicando bien o no, y no se ha observado que tengan algún impacto en la inseguridad”.

La inseguridad y el presupuesto 

Los analistas y consejeros consultados señalaron que el panorama en el tema de inseguridad para 2020 es muy adverso no solo para Baja California, sino para el resto del país, principalmente por los recortes presupuestales, que tendrán un efecto negativo en la capacidad que tiene los estados y municipios para enfrentar a narcotraficantes y narcomenudistas.

Durante 2019, el plan de egresos mostró una reducción en prevención del delito en 27 por ciento; en temas antisecuestro se redujo 33 por ciento; en procuración de justicia 17 por ciento; búsqueda de personas 50 por ciento; y en derechos humanos un 10 por ciento. En contraparte, quien está recibiendo mayor recurso es el Ejército por sobre la Guardia Nacional.

La falta de dinero se agrava con la ausencia de una estrategia en el marco de un debilitamiento institucional, con el incipiente proceso de formación de la Guardia Nacional, a la que le están pidiendo cosas que no va a poder hacer, porque no está lista.

Juan Manuel Hernández Niebla, del CCSP, destacó que en Baja California no se ha visto mejoría y, pese al compromiso hecho por el gobernador Jaime Bonilla, sin dinero no se puede.

Agregó que el organismo que dirige ya tuvo oportunidad de presentar sus propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado al recién estrenado mandatario, “estamos hablando primero de un esquema de métricas del desempeño, porque la manera

cómo están estructurados ahorita, no tienen ni la infraestructura ni material, humana o la funcionalidad para poder dar cabida y solución a los altos números de incidencia criminal en el Estado”, declaró Hernández Niebla.

“Los análisis por fiscalías estatales en el país ubican a Baja California en los últimos lugares, el Poder Judicial no está mejor, hacen falta jueces, salas de audiencia, ministerios públicos, lo que no se puede obtener sin recursos”.

Explicó que cuando Bonilla los escuchó, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para mejorar los servicios y  empatar Fiscalía con Poder Judicial para evitar los cuellos de botella y fomentar la justicia expedita.

“Pero entiendo ahora que los presupuestos no se están dando, incluso vienen recortados. Y ese va a ser el gran problema. La Federación nos promete seguridad y no vemos que los dineros vayan a fluir, y las autoridades locales no van a poder hacer milagros”, advirtió, considerando que en los índices de inseguridad, la estrategia financiera no tiene lógica. “Entre 2018 y 2019 se redujo la inversión en este tema en un 10 por ciento, este año aún más, y destacan las disminuciones en áreas prioritarias como Poder Judicial y  la Fiscalía General, eso explica por qué México ocupa el nada digno último lugar entre los países integrados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde el promedio de inversión es de 1.7 por ciento del recurso, mientras en México es apenas del 0.9 por ciento.

Cuestionado respecto a si el CCSP ha manifestado su inquietud ante el Gobierno Federal, Juan Manuel Hernández Niebla indicó:

“Todavía anda muy sesgado, para ellos la participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil en cualquiera de los temas, no la consideran necesaria, ha sido muy poco el juego que nos ha dado. En lo particular, invité dos veces al delegado Ruiz Uribe para explicarle nuestra opinión de la problemática, presentarle nuestra propuesta, pero ni siquiera tuvo la cortesía de contestarnos. Diferente a la apertura del gobernador, que siempre nos ha recibido”.

Entre los días 18 y 19 de diciembre, el CCSP presentará al fiscal estatal, Guillermo Ruiz Hernández, las propuestas que ya le entregaron a Jaime Bonilla, no obstante, Hernández Niebla planteó: “¿Pero cómo le vamos hacer, si no estamos asignando los dineros suficiente? El panorama es desalentador”.

2 mil 062 ejecutados en 2019; 213 víctimas son mujeres

A semanas de que culmine el año, en Tijuana se han perpetrado 2 mil 062 homicidios.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, del total de las víctimas 213 eran mujeres. En los primeros cinco días de diciembre se registraron 25 ejecuciones, cinco de estas contra féminas.

De acuerdo a un investigador, el móvil del crimen de Rubí Esmeralda López López fue pasional. Los familiares de la mujer de 32 años de edad, la reportaron como desaparecida el 25 de noviembre. Siete días después, su cadáver apareció en la cajuela de su vehículo en la colonia Obrera segunda sección. Médicos legistas señalaron que la causa de muerte fue anoxemia por estrangulamiento.

Según testigos, el vehículo de la mujer —un Volkswagen Jetta 2007— tenía por lo menos nueve días estacionado sobre la calle María Díaz y de la unidad despedían olores fétidos, por lo que residentes de la zona denunciaron, pero no les hicieron caso. Fue hasta el lunes 2 de diciembre que se descubrió el cuerpo sin vida.

Una fuente confió a Zeta, que la mujer vivía en el fraccionamiento Ke Casas y se dedicaba a la venta de seguros. Según pesquisas, Rubí Esmeralda mantenía una relación sentimental con dos hombres.

El lunes 2, Guadalupe Arroyo González fue asesinada junto a Silvestre Santa Cruz Sánchez el Chivo, de 53 años, a bordo de una camioneta Mercedes Benz  en el fraccionamiento Las Huertas cuarta sección.

Al día siguiente, en el interior de una mochila negra se localizó la cabeza cercenada de una mujer de entre 50 y 55 años, así como dos piernas y dos manos. El hallazgo tuvo lugar en un tramo de terracería en la Ruiz Cortines. El mismo martes 3 de diciembre, en la calle Guadalupe Victoria, frente al número 6030 de la colonia Altamira, se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años dentro de la cajuela de un vehículo Honda color negro; presentaba lesiones por arma de fuego en cuello y espalda.

Más tarde, en la Zona Norte, fue asesinada Magaly Guadalupe Bush Flores, de 19 años. Recibió dos tiros en la cabeza.

Solo en el crimen de esta última se detuvo a un presunto responsable, identificado como José Pedro Tadeo Zamora, de 37 años.

Los crímenes de la primera semana

Domingo 1 de diciembre. Envuelto en una sábana y una lona, fue encontrado el cadáver de un hombre. En Natura se localizó el cuerpo calcinado de otro masculino. Omar Alejandro Barrera Jiménez, de 42 años, pereció en el Hospital General tras ser baleado y golpeado. En Valle Redondo se hallaron restos humanos calcinados (cabeza, pierna y dorso) dentro de una maleta color rojo. En Mariano Matamoros Sur fue encontrado muerto Juan Alfonso Ruiz Morales, de 46 años.

Lunes 2. En Los Altos fue hallado el cadáver de un masculino de 45 años, con doce lesiones por proyectil de arma de fuego en rostro, espalda y pectoral; en la escena se localizaron ocho casquillos calibre 40 milímetros, una bala y una gorra. Un joven de 20 años fue ultimado a tiros en un predio baldío en Rancho Santa Cruz. Manuel López González, de 47 años, fue asesinado en Infonavit Lomas del Porvenir. En el negocio Ciber House de Villas del Sol III, fue ejecutado Jesús Salvador Rodríguez Rosas, de 40 años. En la colonia Guadalajara fue privado de la vida un masculino de 35 años.

Martes 3.  En un terreno en construcción en Las Torres parte baja, murió un hombre de entre 50 y 55 años por seis tiros en pectoral y espalda. En la canalización del Río, a la altura del Puente México, fue encontrado el cuerpo de un hombre de alrededor de 50 años. En un auto Honda color negro se hallaron los cadáveres calcinados de dos hombres en la colonia Chihuahua.

Miércoles 4. Envuelto en una cobija fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en la Zona Centro.  En el Hospital General falleció Juan José Zambrano Rodríguez, de 52 años, quien recibió un tiro en el abdomen dos días antes. En la recámara de un domicilio en el Ejido Maclovio Rojas, Cristián Mendoza Salgado, de 35 años, fue apuñalado en siete ocasiones. Melquíades Gómez Alarcón, de 36 años, fue ultimado a balazos en Lomas de San Martín.

Jueves 5. En el Hospital General perdió la vida José Manuel Mata Gómez, de 44 años. Fue baleado en el abdomen en la colonia Lázaro Cárdenas.

Hasta el cierre de esta edición, jueves 5 de diciembre, Baja California contabilizó 2 mil 702 homicidios dolosos en el transcurso de 2019.

(Colaboró con información Uriel Saucedo Ramírez)

Artículo publicado el 8 de diciembre de 2019 en la edición 880 del semanario Ríodoce.