El 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley de Amnistía, que pretende sea aprobada en este periodo legislativo.

Con ésta, el Ejecutivo podrá otorgar el perdón a personas acusadas por ciertos delitos, como aborto, producción de narcóticos, introducir narcóticos al país, posesión de narcóticos para consumo y la producción de éstos como actividad económica.

Sin embargo, de aprobarse únicamente será aplicable para personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, contar con alguna discapacidad, haber cometido el delito por instrucción o en compañía de la pareja sentimental, de un familiar y/o haber cometido el delito por temor u obligado por algún grupo de la delincuencia organizada.

¿Qué dice la iniciativa?

III. Cualquier delito cometido por persona indígena, en caso de que no haya tenido un verdadero acceso a la justicia, no haya contado con un defensor y con un intérprete que conozca y entienda su lengua y su cultura.

IV. Robo simple y sin violencia, cuya pena no exceda cuatro años.

V. Sedición y delitos relacionados con ideologías políticas y protestas sociales, con la determinación previa de la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa excluye aquellos casos en los que se presente reincidencia o se hayan empleado armas de fuego. También aquellos delitos en los que se haya privado de la vida a otra persona, delitos contra la integridad personal, secuestro y lesiones graves con secuelas permanentes y, en general, aquellos considerados como graves previstos en el artículo 19 de la Constitución.

La ley será aplicable únicamente en el fuero federal, por lo que su impacto e incidencia en supuestos como los del delito de aborto, podría ser muy baja.

Para la organización Reinserta, la iniciativa tiene relevancia porque pretende despresurizar las cárceles sobre casos que históricamente han sido polémicos, por tratarse de personas indígenas o mujeres que fueron procesadas sin una adecuada defensa.

“Creo que es muy importante para el sistema de justicia penal en nuestro país, para despresurizar las cárceles, y más porque hay una alta impunidad y eso ha provocado que las cárceles se llenen de personas que no necesariamente son esos delincuentes que vemos en las noticias”, dijo Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.

“Creo que es muy importante también porque esto permitirá evaluar qué perfiles están dentro de las cárceles y también lo es porque permitirá la salida de mujeres y personas indígenas que no tuvieron defensa en su mismo lenguaje, no tuvieron acceso a una buena defensoría”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 alrededor de 12 mil 715 personas que cometieron un delito por primera vez fueron ingresadas por robo simple, estas personas tendrán la oportunidad de salir con la Ley de Amnistía.

En 2016, 8 de cada 10 mujeres detenidas en penales federales lo están por delitos vinculados a las drogas. El 99 por ciento de estas mujeres son primodelincuentes y, cuando se trata de mujeres indígenas, el 43 por ciento está privada de libertad por transportar drogas en una situación de necesidad económica o violencia.

Para el 2018, el 53 por ciento de las condenas en el país fue por delitos no graves, lo que equivale a alrededor de 65 mil personas con condenas de tres años o menos, que pudieron ser resueltas por mecanismos alternos a la reclusión.

La iniciativa de Presidencia apenas fue enviada a la Cámara de Diputados, pero lo que sobresale es que la propuesta solo es para la liberación de personas, sin garantizar una reinserción.

“Se tiene que hacer una estrategia, porque hay que recordar que se planteó cuando se inició el mandato, que arreglar las cárceles iba a ser una de las prioridades principales y tenemos que entender que no debe liberarse un gran número de personas de las cárceles para que luego vuelvan a llenarse”, dijo Niño de Rivera.

“Tenemos que capacitar a los jueces para que no sigan consignando este tipo de delitos y que no vuelva a llenar las cárceles por un tema de números”.

Esta iniciativa aún no se discute y al momento no hay un balance total del número de personas que se encuentran en las cárceles y que pueden ser liberadas.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, dijo que la Ley de Amnistía aún no es clara ante la falta de lineamientos para los jueces.

“Mientras no se establezca cuáles son las políticas y qué política va a llevar cada uno de los jueces para atender el caso, no es para que vayan a salir todos al mismo tiempo, tendrán que asistir con el juez encargado que lleva cada uno de los casos y tendrán que ir desahogando paulatinamente”, expresó.

“Falta que se den muchos detalles, es una propuesta aún, no se han dado los detalles y bajo qué términos podrían ser en ese aspecto y obviamente seremos respetuosos del marco jurídico, pero reitero, será responsabilidad de los jueces quién entra o quién sale de cualquier centro penitenciario”.

La iniciativa de Ley establece que solo se podrá tener amnistía cuando se solicite a la Fiscalía General dela República, salvo en los casos de prisión política, pues para ello estará encargada la Secretaría de Gobernación.

La petición de amnistía la podrá realizar un familiar o alguna organización civil que acompañe el caso.

Se otorgará la amnistía en los siguientes supuestos:

Aborto, tanto para mujeres como a médicos o parteras que lo practiquen.

Delitos contra la salud, para las personas acusadas de narcomenudeo solo si comprueban que cometieron dicho delito por condiciones de pobreza, por ejemplo, aquellas que pertenecen a comunidades que siembran amapola o mariguana y que son obligados por familiares o grupos delincuenciales.

Presos políticos, es decir, aquellos que fueron encerrados por pertenecer a grupos con ideologías diversas.

Robo simple y sin violencia, solo si fue la primera ocasión en que cometió el delito y no se incurrió en otro delito, como lesiones o asesinato.

Consumo de drogas, para aquellas personas que fueron encarceladas por portar hasta dos veces la dosis máxima.

De acuerdo con Imelda Castro Castro, senadora de la República, esta iniciativa forma parte de una justicia transicional que se planteó para que México pueda transitar hacia la paz.

“Varios son los requisitos que se deben de tomar en cuenta, pero uno de ellos será ser primodelincuente, es decir, haber delinquido por una sola ocasión y donde no haya homicidios, donde no hay secuestros, es decir, solo personas que hayan sido encarceladas porque no tuvieron asesoría jurídica o porque eran muy pobres, a veces las dos cosas están juntas”, dijo.

Castro Castro advirtió que la Ley de Amnistía será ampliamente discutida en el Congreso, tal como sucedió con la Ley que regula la Guardia Nacional, debido a que hay opositores a que se transite con esa vía como proceso de paz.

Artículo publicado el 22 de septiembre de 2019 en la edición 869 del semanario Ríodoce.