Coatzacoalcos, Veracruz, reafirma la presencia de niveles de violencia que con difusión o no, han estado presentes en México en la última década, y contando. El ataque es directo, un comando bloquea las salidas del bar Caballo Blanco y lo incendia. Saben que dentro están empleados y parroquianos, seguramente ajenos al enfrentamiento.

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Antes fue Uruapan, Michoacán: 19 cadáveres regados por la ciudad, colgados en puentes. De tan terroríficas muchos medios ni siquiera se atrevieron a publicar las imágenes. Las películas que han colgado cadáveres de utilería en puentes se quedan cortas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la semana pasada cocieron a tiros una vivienda. cientos de casquillos de rifles y de pistola se recogieron del lugar. Asesinaron a tres niñas, una de ellas de apenas 4 años. Se llevaron del lugar al papá de ellas.

Estos, y otros muchísimos casos tienen a 2019 como el más violento de los años violentos en México. La tendencia ubicará a 2019 peor que 2018. Y éste fue peor que el anterior.

Esta es una guerra civil, así lo han documentado entre otros Andres Schedler, que junto a otros muchos investigadores han tratado de entender cuál es el papel de los actores sociales involucrados, desde la ciudadanía que se considera ajena al conflicto, hasta las autoridades, los medios y los mismos delincuentes.

Es una guerra civil, de las llamadas “nuevas guerras”, es decir, no en el concepto tradicional donde un Estado-nación se enfrenta a otro. Aquí no hay una disputa por el poder gubernamental ni ideologías. Esta es una guerra económica, donde ciudadanos de un mismo territorio se enfrentan entre sí por el negocio, el monopolio del crimen y sus remuneraciones económicas.

“Es una guerra que son muchas guerras. Una guerra opaca donde conviven, se mezclan y se refuerzan la violencia criminal de empresas ilícitas y del Estado, la violencia entre organizaciones criminales y dentro de las mismas y la violencia ejercida contra combatientes y contra la población civil”, escribe en un largo estudio Schedler en 2015.

En este nuevo gobierno, como en el anterior de Enrique Peña, hay una constante, se busca hablar lo menos posible del asunto de la violencia homicida. Solo lo estrictamente necesario. Es lo que en 2012 llamaron los peñistas el cambio de narrativa. La diferencia es que López Obrador sigue haciendo llamados a portarse bien, como la abuela que despide a los nietos que van a la juerga y los llama a la cordura en medio del desastre.

El Presidente López Obrador tendrá poco que explicar en el informe sobre el combate a la violencia desde el gobierno federal. Podrá hablar de una Fiscalía autónoma, de una Guardia Nacional como promesa de seguridad pública directa y apoyo, de la confianza en las Fuerzas Armadas y su lealtad…el mismo discurso de sus antecesores.

Hasta ahora no se ve la contundencia del Estado en ninguno de estos casos que son emblema de la coyuntura violenta en México.
Piensan, como Felipe Calderón y Enrique Peña, que la violencia homicida es un asunto inflado por los medios y opinadores. Que el ciudadano común no está interesado porque aunque sean muchos asesinatos, su concurrencia impacta a muy pocas familias al día, al mes, o al año.

López Obrador necesitará mucho más que buenos deseos si realmente espera revertir esta imparable condición violenta que no toca techo.

Margen de error
(Las fosas) Otra vertiente de la violencia homicida, en esta guerra civil, son las desapariciones. A los miles de muertos hay que sumar los miles de desaparecidos. Muchos de ellos, a cuentagotas, se van convirtiendo también en homicidios.

La semana pasada una brigada hizo el rastreo en los alrededores del complejo La Primavera, en Culiacán. Un enorme residencial construido por el grupo empresarial más importante de Sinaloa, que semeja una ciudad amurallada. Dentro de su gran barda de concreto vive la clase empresarial que representa más del 50 por ciento del PIB de Sinaloa, los Coppel, los Vizcarra, los agricultores poderosos. Fuera, desde hace decenios —incluso antes de la guerra civil actual— ya era un tiradero de cadáveres. La gran mayoría eran encontrados casi de inmediato. O eso pensábamos hasta ahora.

En el rastreo de las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, junto a colectivos que han emprendido por sí mismos las luchas, se encontraron 10 cuerpos de personas asesinadas y un total de 5 mil fragmentos de restos óseos, principalmente de manos. Imposible determinar, por ahora, a cuántas personas correspondan.

Como sea, es cuestión de tiempo conocer el nivel de cementerio clandestino que será La Primavera.

Mirilla
(Alumbrado) En medio de lo ofensivo que resulta para centenares de familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Renato Ocampo, atribuye el tiradero de cadáveres de La Primavera a la falta de alumbrado público.

Con esa misma audacia y alcances de propuestas novedosas que requiere el país en materia de seguridad pública, el recién nombrado Secretario de Seguridad de Mazatlán —el tercero en lo que va de la administración de Luis Guillermo Benítez— el Capitán Federico Rivas Valdez, dijo que hará las cosas “más y mejor” que su antecesor. Esa es arma secreta(PUNTO)

Columna publicada el 1 de septiembre de 2019 en la edición 866 del semanario Ríodoce.