Por orden judicial, Ingenio de Los Mochis paga 263 mdp a demandantes

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Tras dos años de litigio concurso mercantil en el Juzgado Quinto de Distrito, cinco acreedores de la Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa) recibieron bienes por 263 millones de pesos, por lo que sus deudas quedaron finiquitadas.

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Este viernes 9 de agosto, los acreedores recibieron físicamente los lotes 11 y 16, confirmaron por separado José Manuel Arreola Macías, apoderado legal de la empresa y representante de Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, socios de Calmsa, y Eduardo Tlatuani Montaño Salinas, apoderado legal de LANRAM, SA de CV y quien promovió el juicio concurso mercantil 30/2016-4A,resuelto el 28 de junio (2019), cuya sentencia fue ejecutada el segundo viernes de agosto.

Las afirmaciones de ambos fueron manifestadas ante el juez de control Luis Nicanor Barajas Peregrina dentro del desahogo de la audiencia inicial del juicio 407/2018 que se sigue a Arreola Macías y a los coacusados Elizondo Macías y de la Vega Valladolid por el delito de fraude genérico en perjuicio de Francisco Javier Paredes Alvarado, propietario de Comercializadora y Procesadora de Alimentos (Copasa), quien reclama un quebranto de seis millones de dólares.

“El viernes entregamos activos a quienes reclamaron deuda”, dijo, Arreola Macías, entonces acusado. “El pasado fin de semana recibimos las garantías quienes acreditamos deudas con la Compañía Azucarera de Los Mochis, que tiene falta de liquidez, pero no está en insolvencia. Como empresa, aún se mantiene”, aclaró Montaño Salinas, quien hablaba en calidad de testigo, en el juicio penal.

De acuerdo con la versión pública de sentencia del expediente 30/2016-4A de 451 fojas, los acreedores que saldaron sus créditos con Calmsa fueron LANRAM con 159.8 millones de pesos, Servicio de Administración Tributaria (SAT) 47.8 millones de pesos, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 31.2 millones de pesos, 35 trabajadores, 12.4 millones de pesos y Comisión Federal de Electricidad (CFE) 11.6 millones de pesos.

El agente conciliador y dos peritos también cobraron diversas cantidades por sus servicios en el asunto.

En la sentencia, el juez dejó intocados activos por 608.1 millones de pesos para que diversos acreedores que no comparecieron a juicio tuvieran posibilidad de recuperar sus créditos. La no comparecencia a juicio de concurso mercantil fue derivada de que los acreedores ya habían iniciado juicios civiles en diversos tribunales.

Entre estos figuran Amerra Capital Managemet LLC que mantiene tres juicios civiles: 115/2016, 515/2016 y 516/2016 y reclama a Calmsa el pago de 162 millones de pesos o 22.1 millones de dólares; Delamac, que intenta cobrar 486 mil dólares y un monto no determinado por Luis Puente Pérez, ex socio de los ahora demandados, que mantiene vivo el juicio mercantil 1808/2012 en el Juzgado Segundo de lo Mercantil en Zapopan, Jalisco; así como el IMSS y el SAT que alegan más adeudos.

Existen otros acreedores que no han fijado créditos, como la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Primos and Cousins S.A. de C.V. y el Sindicato Nacional de la Industria Azucarera Sección 12.

La tesorería municipal de Ahome, municipio en donde se asienta Calmsa, perdió su derecho de reclamar pago de créditos porque no compareció a justificarlos ante el conciliador.

El juez anuló los gravámenes sobre el lote 17 de las empresas Promotora Industrial Azucarera S.A. de C.V., Marcela Castellanos Barone, esposa de Rodolfo de la Vega Valladolid, Juan Pablo de la Vega (hijo del socio del Calmsa, Rodolfo de la Vega Valladolid), Procavelf S.A. de C.V. y Tamandaro S.R.L. de C.V., anotados desde el 23 de diciembre del 2012 hasta el 15 de septiembre de 2014.

La anulación de los gravámenes se fijó porque no se encontraron contratos “ni se tiene conocimiento de que existieran”, anota en su sentencia el juez.

De acuerdo con la sentencia, el concurso mercantil inició el 22 de noviembre del 2016 en esta ciudad, cuando la empresa comenzó a incumplir las obligaciones de pago, dándose a la tarea de llamar a los acreedores por medio de edictos publicados durante un año en los diarios de mayor circulación estatal, el Diario Oficial del Estado y Estrados.

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El 28 de julio del 2018 se califica de procedente y el 22 de agosto de ese mismo año se designa al conciliador para que los acreedores inicien el trámite de reconocimiento de deuda.

El 11 de septiembre del 2018 inicia la etapa de conciliación que concluyó el 14 de marzo del 2019.

En tanto, el 11 de octubre del 2018 se elabora la lista provisional de créditos y el 29 de noviembre se elabora el listado definitivo comenzando los procesos de consolidación y acuerdo de liquidación de créditos.

El 7 de enero del 2019, el Juez Quinto de Distrito dicta sentencia reconociendo los acuerdos, y el 30 de mayo se oficializa el acuerdo, presentándose a los acreedores al día siguiente.

El 12 de junio concluye el juicio y la entrega física de las garantías se consuma el viernes 9 de agosto del 2019.

Artículo publicado el 18 de agosto de 2019 en la edición 864 del semanario Ríodoce.

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