En el caso contra el abogado Juan Collado estarían involucrados los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de acuerdo a una publicación del diario Reforma.

De acuerdo al reportaje, el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien presentó la denuncia contra Collado, denunció que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros, que lo estafó, son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

En una comparecencia ante la Fiscalía General de la República el pasado 10 de junio, Bustamente Figueroa, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, dijo que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del gobernador queretano, según Reforma.

Bustamante es quien denunció haber sido timado por Collado en una operación relacionada con la compra de un inmueble de 156 millones de pesos en donde se construyó un edificio de seis pisos de oficinas y seis de estacionamiento, en la Zona Comercial Centro Sur de la capital del estado.

“Quisiera mencionar que el señor José Antonio Rico Rico (su exsocio en la inmobiliaria y expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad), en una ríspida plática que tuvimos, recién descubrí el fraude que me había cometido, repito, el señor Rico me comentó textualmente ‘tu pinche parte del edificio y otros dineros” (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio) se los dimos a Pancho Domínguez para su campaña’, se refería al que en ese momento era el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como gobernador”, declaró Bustamante.

“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”.

El denunciante afirma que Jesús Beltrán González, cuando fungía como director General de Libertad Servicios Financieros, le corroboró que los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular eran los políticos y el casinero Rodríguez Borgio.

“Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”, reiteró el denunciante.

“No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, S.A. DE C.V. S.F.P., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que mencionó para su protección”.

De acuerdo con la orden de aprehensión librada el pasado sábado por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, en la causa penal 269/2019, de momento no están incluidos los políticos y el casinero en la lista de personas buscadas por la justicia, aunque la investigación de la FGR continúa en curso.

Además de Collado, los mandatos fueron librados contra el empresario José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, quienes continúan prófugos de la justicia.