“Entrando en materia, la cuestión administrativa y financiera del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa se encuentra endeble y con limitaciones considerables. Aunque jurídicamente tenemos la condición de autónomos, en los hechos es distinto”, señala el informe 2018-2019 del Tribunal de Justicia Administrativa.
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Ese párrafo fue leído por Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, ante Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Marco Almaral, presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
“Actualmente, el Tribunal no cuenta con el control directo de su nómina, ni del presupuesto asignado anualmente por el Congreso del Estado, éstos los administra el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado”, agregó.
“Lo previamente mencionado obstaculiza en gran medida el funcionamiento del Tribunal, pues al no tener el mando de los recursos se presentan retrasos en variados aspectos sustantivos que requieren atención inmediata y a mediano plazo. Es decir, algunas de nuestras áreas no operan, y aquéllas que se encuentran operando presentan rezagos y retrasos por acumulación de trabajo que no puede procesarse en tiempo y forma por falta de capital humano y material. Las carencias se marcan puntualmente en la falta de personal y de vehículos, así como de equipos tecnológicos y de cómputo”.
La revelación la hizo como un grito desesperado de mostrar la realidad del órgano y su carencia de autonomía de gestión financiera.
Ese acto también hizo notar otro hecho: la relación entre la administración de Quirino Ordaz Coppel y el Tribunal es tensa.
En esta ocasión, el actor que volvió a sobresalir es Héctor Samuel Torres Ulloa, el ex Magistrado que fue designado con vicios desde el Poder Ejecutivo en 2017, y que fue destituido tras un amparo en favor de Lucila Ayala de Moreschi, con el que se reveló el manoteo que hubo desde Gobierno del Estado para la imposición.
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Ese amparo detalla cómo el Poder Ejecutivo violó la autonomía del Tribunal enviando dos ternas al Congreso para que fueran elegidos dos magistrados que suplieron a Gilberto Plata Cervantes y a Ayala de Moreschi.
Esta última se fue a los tribunales y en una primera instancia perdió, pero en una revisión por un tribunal colegiado ganó un amparo que le permitió ser reinstalada y ahora está a la espera de que se le repongan dos años de salarios.
El caso dividió al Congreso, pues los priistas se apostaron por defender al Gobernador que salió postulado por su partido, mientras que Morena, con una sesión polémica, dio trámite al mandato judicial y dar vista de la reinstalación de la Magistrada.
Ahora se avisó ya de otro escándalo que muestra, una vez más, la mano del Poder Ejecutivo por tratar de concentrar el poder.
Con la salida de Torres Ulloa se debió entregar un informe financiero en un acto de entrega-recepción, pero no sucedió.
Tras un análisis del Pleno del Tribunal y el área administrativa se encontró el intento de control:
“El presupuesto asignado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa para el presente año 2019 es de 44 millones 332 mil 986 pesos”, se señaló.
“A la fecha de este informe, dicho presupuesto se administra mayoritariamente por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, quien mantiene a su cargo la nómina de este Tribunal, como si se tratase del antiguo y ya extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
El Pleno encontró también que hay distintos dispendios desde 2017 que debieron darse por Gobierno del Estado y que no se informaron en las sesiones de pleno por Torres Ulloa.
Solo en los últimos dos meses se encontró que en la cuenta bancaria del Tribunal había 56 mil 315.04 pesos, teniendo faltantes por hasta 2 millones 300 mil pesos.
Además, se presenta otro inconveniente, pues hay una cuenta por pagar por parte de Servicios Generales por hasta un millón 796 mil 543.68 pesos, que no pueden ser liquidados por falta de los dispendios.
Tras el análisis, los magistrados sostuvieron reuniones en las secretarías de Administración y Finanzas y General de Gobierno, donde se acordó hacer un balance financiero y liquidación de las cuentas a través de los órganos de recursos humanos, partiendo de que ese rubro debe ser manejado de forma autónoma y no dependiente de Gobierno del Estado.
Las acciones no concluyeron en un par de reuniones, el Tribunal solicitó al Congreso del Estado la autorización de una auditoría externa, que sea vigilada por la Auditoría Superior del Estado, pues hay dos sospechas.
La primera es que los recursos del Tribunal no fueron entregados en su totalidad para ser ejercidos, lo que provocó obstáculos para el desarrollo del mismo.
La segunda compromete a Héctor Samuel Torres Ulloa, bajo la idea de que pudo haber hecho un mal uso del dinero del Tribunal.
Jesús Iván Chávez Rangel rechazó dar un juicio, sugiriendo que debe esperarse a que concluya la auditoría financiera, y que partiendo de los resultados se hará un pronunciamiento y toma de decisiones sobre el actuar del órgano.
Artículo publicado el 9 de junio de 2019 en la edición 854 del semanario Ríodoce.
