El Estado mexicano se encuentra muy limitado para combatir eficazmente a la delincuencia porque no se ha querido extender el derecho ganado de las mujeres a abortar en la Ciudad de México, así como el matrimonio del mismo sexo, aseguró Diego Valadez durante foro con abogados expertos.
El investigador constitucionalista señaló que se ha preferido pagar el costo de la violencia derivado de la impunidad por no contar con un código penal uniforme aplicable a todas las entidades del país, situación que aprovechan los delincuentes para salir libres.
Al participar como ponente en el foro “Estado Laico, Igualdad y No Discriminación”, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM planteó que las resistencias a contar con un Código Penal uniforme obedece a que se tendrían que reconocer derechos como los ganados por las mujeres de la Ciudad de México a decidir sobre la interrupción del embarazo.
Durante el foro, convocado por el Poder Legislativo en forma conjunta con otras instituciones como la UAS, El Colegio de Sinaloa, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sirvió para presentar los argumentos jurídicos válidos para que pueda legislarse en la entidad en torno al aborto y el matrimonio igualitario, dentro de la existencia de un Estado laico.
Durante su participación, Diego Valadez planteó que mientras en la Ciudad de México se estableció el derecho de las mujeres a dar por terminado su embarazo dentro de las 12 primeras semanas de embarazo, reconocido por la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), se puede extender a todo el país por la vía jurisdiccional o por la legislativa.
Lamentó que en 18 estados del país se legisló en sentido contrario para establecer la vida a partir de la fecundación del óvulo, ni siquiera del embarazo, lo cual son cosas distintas, situación que es claramente inconstitucional por lo resuelto por la SCJN, por tanto puede ser impugnado por cualquier mujer con un amparo.
En el caso de matrimonios del mismo sexo es también un derecho, indicó, que se puede extender en todo el país por la vía del amparo, pero que todavía existen resistencias a que se ejerza.
Señaló que todavía se cree que las legislaciones locales tienen facultades para limitar el derecho para el matrimonio igualitario, lo cual es evidentemente inconstitucional, además que cualquier pareja se pueda casar en este momento en cualquier parte del país aunque la legislación civil diga otra cosa porque basta que consigan un amparo.
Participaron también en el foro el profesor del Colegio de México, Roberto Plancarte Pimentel; el catedrático de la UAS, Gonzalo Armienta Hernández; y Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes defendieron el Estado laico y el derecho a la libertad de conciencia y religión.
