Al señalar el incremento del número de delitos del fuero común en Sinaloa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, llamó al gobernador Quirino Ordaz Coppel a que atienda el problema de los desplazados del municipio de El Rosario.

Lamentó que alrededor de 60 familias de ese municipio se han visto en la necesidad de huir de sus hogares porque la violencia no cesa.

En tribuna pidió que el Gobierno del Estado en coordinación con la federación y ayuntamientos, no rehuya a su responsabilidad de proteger a las familias sinaloenses, ya que la presencia del ejército sólo ahuyenta momentáneamente a los delincuentes pero no acaba con el problema delictivo de raíz.

Dijo que aún cuando se difunde que el gobierno federal es el mejor evaluado, en materia de seguridad el gobierno de Sinaloa está reprobado, ya que para infortunio de los sinaloenses, el estado ocupa el deshonroso tercer lugar en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, con 23, solamente superado por Veracruz con 76 y Sonora con 35.

Es tiempo , dijo, de replantearse un nuevo diseño en materia de prevención de violencia familiar, ya que el delito se está saliendo de toda proporción y requiere que las autoridades del estado lo aborden de manera transversal.

Con base en los registros difundidos por Semáforo Delictivo, el legislador indicó que el delito de violencia familiar refleja un aumento exponencial, lo que repercute directa e indirectamente en la descomposición del tejido social, donde según cifras el número de denuncias es de: enero 334, febrero 342; marzo 380, y en abril 392, en suma en lo que van del año son mil 448 casos de violencia familiar.

El diputado panista precisó que los delitos del fuero común se han incrementado, y los que más impacto han tenido son el delito de violación, de enero a abril de este año se denunciaron 70 casos y en el mismo periodo de 2018 hubo 41, lo cual representa un aumento de 29 víctimas.

Edgar Gonzalez, diputado del PRD, se pronunció por activar un plan estatal que no consista solamente en atender o recibir a los desplazados, sino para que no los haya.

Calificó como inaudito lo que está pasando en el municipio de El Rosario, al grado que las familias que viven en la zona serrana se quedaron por más de dos semanas sin víveres, ya no sea salud y educación.

No debe permitirse, expresó, que los pueblos se vayan acabando, al huir de la violencia, dejando atrás sus propiedades y sus historias.

“Nunca será justo que esos ciudadanos que vivieron por mucho tiempo en paz hoy sean desplazados y corridos por la violencia. Ni uno más”, manifestó.

El perredista comentó que la población fue a refugiarse a la cabecera municipal de El Rosario, otros a Mazatlán y el resto se dispersó en todo Sinaloa, pero no se supo que hizo la autoridad para atender a la gente desplazada, más allá de la entrega de una despensa.

El diputado del PT, Mario Rafael González Sánchez, lamentó que existe en Sinaloa un déficit de policías del 60 por ciento y una reducción del presupuesto de seguridad cada año.

Cuestionó que los secretarios de Seguridad Pública reciben bonos y privilegios, y pagan rentas de 20 mil pesos en fraccionamientos como La Primavera con ingresos del erario público que superan los 108 mil pesos mensuales.