Un Juez de Distrito negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso al ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas.

El ex funcionario fue vinculado por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas el 23 de octubre de 2018, por la compra de colchones que fueron entregados a los damnificados por la depresión tropical 19-E y resultaron podridos.

Tras ser vinculado, promovió un amparo y alegó que el Juez de Control no analizó los argumentos de la defensa ni justificó su decisión y que de los datos de prueba presentados por la Fiscalía no se advierte la existencia de los elementos necesarios para acreditar el delito.

El Juez de Distrito consideró que los alegatos son infundados y negó el amparo.

“Tal como lo consideró el Juez de Control responsable, los datos de la investigación emprendida por el Ministerio Público se reputan idóneos, pertinentes, y en su conjunto suficientes, hasta este momento procesal, para establecer que en el caso se cometió el hecho delictivo proceso”, estableció el Juez de Distrito.

El ex funcionario fue detenido el 18 de octubre del año pasado y vinculado a proceso el día 23.

En la audiencia inicial la Fiscalía señaló que Castro Olivas fue quien eligió a los proveedores de los colchones y quien realizó los pagos por 2 millones 970 mil pesos.

Los colchones fueron comprados a la empresa El Mariachi y a Francisco Benjamín Landgrave Buelna, quienes no se dedican a la venta de colchones.

Ante el Juez de Control, Carlos declaró que los pagos se hacían con autorización del entonces titular de la Sedesol, Raúl Carrillo Castaños; y que quien elegía a los proveedores era la Subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.