diciembre 5, 2019 10:12 pm

El fiscal Ríos Estavillo propuso a Echeverría suspender su proceso legal

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El 18 de julio, la Fiscalía General del Estado solicitó una audiencia para la Suspensión Condicional del proceso a Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud con Mario López Valdez.

Lea: Echeverría cierra un proceso por corrupción y le abren otros https://bit.ly/2E5ZSu5

El doctor inscrito en Servicios de Salud de Sinaloa tenía la acusación de dos delitos: Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, por haber participado en la contratación irregular de la empresa Herramientas Médicas.

La Fiscalía pudo irse al límite —16 años de prisión y una multa por 64 mil 480 pesos— pero de un día a otro prefirió cambiar su solicitud: un procedimiento que le permitió al ex Secretario pagar 7 millones de pesos para que se le exonerara.

En la acusación original, de la cual Ríodoce tiene una copia, se incluyeron dos razones para solicitar una pena máxima y que luego se dejaron inválidas:

“Ésta representación social estima que por su calidad de servidor público como Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, al momento de los hechos, tomando en cuenta también que cuenta con estudios de Médico Cirujano con especialización en Otorrinolaringología, también se advierte que el acusado ha ostentado diferentes cargos públicos”, indica la acusación.

La primera es la advertencia de su conocimiento en el servicio público. La Fiscalía enlistó cada uno de los cargos que ha tenido el galeno desde 2001 al 2016.

Fue director de coordinación sectorial de Servicios de Salud, Secretario de Despacho de la dependencia, y Secretario titular.

La segunda es su participación en la empresa de su socio Javier Salido: “Ostentó el cargo de director general de la empresa Mi Salud, dentro del ramo privado”, señala.

Ese dato no es menor. Javier Salido fue su socio en esa empresa y la firma Herramientas Médicas, la misma por la que se señaló contratación indebida.

La Auditoría Superior del Estado acusó ante la Fiscalía que el ex Secretario aprobó el arrendamiento de aparatos para servicios de imagenología por 18 millones de pesos a la empresa Herramientas Médicas.

La renta de los aparatos se hizo sin licitación pública. Además, se encontró que en el contrato se indicó una dirección en la que no se ubica físicamente dicha empresa.

Herramientas Médicas es una empresa que fue fundada el 5 de noviembre de 2007 por Ildefonso Salido Artola y la empresa “Sinaloa Títulos, Sociedad de Responsabilidad Limitada”, que a su vez fue fundada en 2003 por el mismo Salido Ibarra, su esposa María del Pilar Artola Sada y sus hijos Luis Javier y María Pilar Salido Artola, además de Guillermo Jesús Aguirre Inzunza, Ricardo Aguirre Borboa, Esteban Carlos Aguirre Free y José Isabel Ramos Santos.

La participación del ex Secretario fue la de representante legal, hasta que asumió el cargo público con Mario López Valdez.

La Fiscalía contaba con los documentos sobre los nombramientos de Echeverría en la función pública y las constancias de su servicio laboral.

También tenía las pruebas periciales contables sobre las acusaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como el contrato de prestación de los servicios de imagenología, y los testimonios de ocho personas.

Una de ellas es Delia Barraza Ledón de la empresa HIKAJUBA SA de CV, que fue usada para justificar la renta de los servicios de Herramientas Médicas.

 

Una audiencia para el perdón

El Fiscal Juan José Ríos Estavillo insistió en que el ex Secretario de Salud tuvo la oportunidad de evitar la cárcel bajo el proceso de la Suspensión Condicional del Proceso porque Servicios de Salud así lo quiso.

Lea: Otorgó Echeverría contratos por 38 mdp a empresa que representó https://bit.ly/2Q6nDq5

Sin embargo, quien lo puso como oferta, según los documentos que se giraron después de la acusación, fue la propia Fiscalía, y que la parte ofendida, que en este caso era Gobierno del Estado, no tenía objeción alguna.

“Esta Fiscalía solicita como forma de solución alterna en la presente causa penal la suspensión condicional del imputado Ernesto Echeverría Aispuro”, se anunció el 31 de julio de 2018.

Ahí mismo se fijó un plan detallado para resarcir el daño: pagar 7 millones de pesos, no salir del país en seis meses y mantener la residencia en La Primavera.

Al final de ese tiempo, la Fiscalía hizo otra solicitud al juez encargado:

“Por parte de esta representación social no existe oposición alguna de que se decrete procedente el sobreseimiento parcial de la presente causa, toda vez que tenemos conocimiento que el imputado Ernesto Echeverría Aispuro cumplió con las condiciones que le fueron establecidas en fecha 31 de julio del año 2018”, se indicó.

Luego de ello, los fiscales mencionaron que también renunciaban a interponer algún recurso legal, a efecto de que la resolución quedara firme.

 

A Villareal tampoco lo quieren en la cárcel

Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, ya debió pisar la cárcel.

La Fiscalía General del Estado ya dejó pasar una orden de aprehensión que se tenía desde el 30 de agosto de 2018 por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, por un presunto desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos.

La orden de aprehensión estuvo vigente seis meses y no lo detuvieron.

Ríodoce dio a conocer ese recurso legal el 20 de enero y fue hasta ese momento que tanto Villarreal Ibarra, como Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y José Carlos López Ramírez, Jefe del Departamento de Caja General, también implicados, solicitaron amparo.

Las condiciones era que se presentaran ante los juzgados, y Herrera Félix y López Ramírez sí cumplieron, pero Villarreal Ibarra no.

“Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así clasificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido pero se apercibe justificable a fin de que en el término de tres días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación”, se estableció en la suspensión 57/2019 del Juzgado Quinto de Distrito en Sinaloa.

“De lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal”.

Villarreal Ibarra no se ha presentado y, por lo tanto, la Fiscalía General del Estado puede detenerlo. No lo ha hecho.

Artículo publicado el 03 de marzo de 2019 en la edición 840 del semanario Ríodoce.

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