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  • Dias de Impunidad

Fiscalía ‘congela’ carpeta de investigación contra camioneros en Ahome

incendio camion

Don Jaime Catarino Osuna Lizárraga llegó el viernes 25 de enero a la Vicefiscalía Regional de Justicia en Ahome para saber del destino de su denuncia de hechos en contra de la dirigencia de la Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte y se enteró por voz de los funcionarios que “desde arriba” habían ordenado “congelarla”. Se indignó.

Molesto, exigió justicia, “tronó” contra el jefe de la fiscalía, Juan José Ríos Estavillo, y de lengua arrasó con todos. Les dijo hasta de lo que se iban a morir, y los acusó de conformar una mafia de poder para joder a los que ya estaban jodidos con el abuso del poder. Estaba encabronado, aunque ya es un hombre de la tercera edad.

Se veía calmo, pero su corazón latía con fuerza y acelerado. Bajó las escalares del edificio ubicado en Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, y se encaminó a su casa.

El lunes 28 de enero desarrolló las actividades que todo transportista desplazado y hostigado por el “pulpo” camionero emprende.

Pensó en su viejo camión colorado que desde hacía meses tenía aparcado frente a la casa de su hermano, Jesús, en la esquina de Febrero y Diciembre en la colonia Antonio Toledo Corro. Es un rabón, Dina, modelo 1978, color rojo, con placas 802-AL-8 del Servicio Público Federal.

El camión estaba en desuso porque la dirigencia de la alianza de camioneros lo retiró por la fuerza y por la intimidación a empresarios locales, a quienes pararon la comercialización de huevo por contratar el transporte con particulares y no con las organizaciones sociales, pese a que él tenía una suspensión del Tribunal Contencioso Administrativo que impedía a inspectores de transporte requisar el vehículo cuando prestara un servicio de carga.

Por eso, don Jaime Catarino tenía el pleito legal con los aliancistas, desde marzo del 2018. El ex concesionario recurrió a la Vicefiscalía e inició la carpeta de investigación 1736/2018 por  los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, pero por “orden de arriba” ésta se “congeló”.

En eso cavilaba don Jaime Catarino cuando su hermano Jesús le habla y le informa que manos criminales intentaron incendiar el camión colorado. Rápido llegó al lugar y comenzó el recuento de daños. Se quemó el cofre de fibra de vidrio, el neumático delantero derecho, el turbo del motor, los filtros de aire, las bandas, estalló el medallón delantero y la pintura roja se achicharró.

Justo en las espiga del aceite, bajo el turbo, don Jaime encontró evidencia del atentado. Un mechero hecho de alguna tela. No dudó de dónde provenía el ataque: de los aliancistas; ni tampoco quien lo había delatado: los fiscales.

Pese al suceso incendiario, el ex aliancista presentó una segunda denuncia.

Emilio Sam, otro ex aliancista en circunstancias similares a las de don Jaime Catarino, afirmó que los particulares que inician querellas contra cualquier alianza de camioneros de carga tienen en la fiscalía de justicia al enemigo principal y en el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel al principal obstáculo.

“La impunidad que Quirino Ordaz ofrece a los aliancistas provoca estos asaltos, y él será el responsable si ocurre una desgracia. Debe sacar las manos de los conflictos, dejar que las cosas se diriman en los tribunales y que se sancione al que la hizo, no al que la sufrió”.

Sam fue el camionero líder que organizó la defensa jurídica en contra del “pulpo”. Su expediente, 2050/2018 está también “congelado”.

“Todos estamos sufriendo lo mismo, por un gobierno que dobla las manos ante un grupo de concesionarios a los que no les asiste ningún derecho de bloquear a otros, excepto por la fuerza que les da la afiliación política. La impunidad en el sector transportista es total. Los camioneros que luchan contra ella están en estado de indefensión. Este es el Sinaloa de siempre, el actual, el de hoy”, dijo.

Artículo publicado el 3 de febrero de 2019 en la edición 836 del semanario Ríodoce.

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