La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, afirmó que no existe razón por la cual el gobernador Quirino Ordaz Coppel no haya publicado en el Periódico Oficial los decretos de las leyes de Austeridad y Remuneraciones, aprobados hace un mes por el Poder Legislativo.
Manifestó que corresponde al Ejecutivo Estatal explicar los motivos que han evitado que no se haga la promulgación.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena expresó que no tienen una razón clara del porqué no se han publicado, sólo la versión del Ejecutivo Estatal de que en cualquier momento pudiesen ser publicadas junto con el decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, la cual tampoco ha sido promulgada.
Indicó que el pasado el 16 de enero se venció el plazo para la publicación de las Leyes de Austeridad y de Remuneraciones del Estado de Sinaloa.
“El veto de bolsillo”, como se le llama coloquialmente, cuando el Ejecutivo Estatal no publica o retarda la publicación de un decreto aprobado por el Congreso del Estado, señala la legisladora debe desaparecer, situación en la que el Poder Legislativo deberá de trabajar en el futuro.
La Ley de Austeridad fue aprobada por unanimidad el pasado 28 de diciembre, eliminó los servicios médicos privados, la creación de nuevas plazas en mandos medios y superiores, prohíbe el uso particular y/o familiar de los vehículos oficiales, acota los viajes para servidores público en vuelos comerciales, en todos los poderes, Ayuntamientos y órganos autónomos.
La referida ley deberá aplicar a todos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos municipales y órganos autónomos.
La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa fue aprobada por mayoría en la sesión del pasado 31 de diciembre, en la misma sesión que se discutió el Presupuesto 2019.
En la nueva legislación ningún servidor público de la entidad deberá percibir ingresos mayores al presidente de la República.
De acuerdo con el marco legal, la publicación en el Periódico Oficial de un decreto aprobado por el Congreso del Estado es indispensable para que pueda entrar en vigor, y corresponde al Ejecutivo Estatal su promulgación.
