La Fiscalía Anticorrupción logró que un Juez dictara auto de apertura de juicio oral a la ex Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, pero la ex funcionaria lo frenó momentáneamente con un amparo.

Con sólo 7 mdp de multa libra la cárcel Ernesto Echeverría https://bit.ly/2M1HXdO

La ex funcionaria está acusada de los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público al entregar un contrato sin licitación para la prestación de servicio de imagenología.

Junto con ella fueron acusados el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien recurrió a una solución alterna para evitar el juicio oral y pagó como reparación del daño 7 millones de pesos; y el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, a quien la fiscalía le retiró los cargos.

En la audiencia intermedia celebrada el viernes 31 de agosto en el Centro de Justicia Penal en Culiacán, el juez Juan Luis Quiñónez Beltrán dictó la apertura del juicio oral.

Sin embargo, la defensa promovió un amparo, por lo que el juicio oral no se llevará a cabo hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.

En la audiencia, la Fiscalía solicitó como pena por el delito de ejercicio indebido del servicio público siete años de prisión y una multa de 300 días de unidad de medida de actualización y por el delito de desempeño irregular de la función pública una condena de nueve años de cárcel y multa de mil días.

Otorgó Echeverría contratos por 38 mdp a empresa que representó https://bit.ly/2Q6nDq5

De ser encontraba culpable podría ser condenada por ambos delitos a 16 años de prisión y una multa de 104 mil 780 pesos.

Además pidió como reparación del daño el pago de 14 millones 775 mil 554 pesos.

Previo a iniciar con el descubrimiento de pruebas, el Juez preguntó a las partes si habían acordado una solución alterna y ambos dijeron que no.

El defensor de la acusada, Carlos Enrique Olguín Álvarez, dijo que la Fiscalía no podrá demostrar la responsabilidad de María Alejandra Gil Álvarez porque la conducta que se le acusa no constituye un delito y consideró que el proceso es de índole político.

En la acusación inicial, la Fiscalía señaló a María Alejandra, a Ernesto Echeverría y a Jaime Otáñez de haber contratado servicio de imagenología sin licitación.

De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios no justificaron la excepción de licitación y la procedencia de la adjudicación directa y tampoco realizaron un estudio de mercado para conocer las propuestas económicas de otras empresas y elegir la más conveniente.

El contrato fue firmado con la empresa Herramientas Médicas SA de CV por 18 millones de pesos, de los que solo se pagaron 14 millones de pesos.

La Fiscalía asegura que el contrato y los pagos fueron ilegales.

La defensa asegura que la solicitud de no realizar procedimiento de licitación y la procedencia de la adjudicación directa para contratar los servicios fue realizada por Jaime Otáñez y Ernesto Echeverría.

Para el juicio oral, ambos ex funcionarios serán llamados a declarar sobre la intervención que tuvieron en la solicitud de no celebrar licitación y adjudicar el contrato a Herramientas Médicas.

El abogado de la ex funcionaría señaló además que sí hubo un estudio de mercado y presentará los documentos de las propuestas económicas que hicieron tres empresas.

Para demostrarlo, anunció, llamarán a declarar a la ex Subdirectora de Recursos Materiales de los Servicios de Salud, quien validó el estudio de mercado.

Ernesto Echeverría; el cinismo que ahoga https://bit.ly/2wMYUia

También rendirá su declaración el ex jefe del Departamento de Servicios Generales, quien revisó el estudio de mercado; y los representantes legales de las empresas para que proporcionen información sobre las propuestas económicas que hicieron.

La defensa presentará los documentos de las propuestas económicas y un peritaje contable, solicitado a un perito particular para refutar el peritaje realizado por el perito oficial.

La Fiscalía llevará a comparecer a cuatro auditores de la Auditoría Superior del Estado que fueron quienes detectaron las irregularidades en la adjudicación del contrato, pero la defensa también los llamará para demostrar que no se siguió el debido proceso durante la revisión y análisis de los documentos.

Para el juicio oral en total serán citadas a declarar 15 personas, solicitadas tanto por la defensa como por los fiscales.

La Ministerio Público Norma Rosario Neri Gutiérrez pidió al Juez excluir el peritaje contable que ofreció la defensa ya que no se incluyó el currículum del perito como establece el Código Nacional de Procedimientos, pero el Juez respondió que no era obligatorio incluirlo y rechazó la petición.

La Fiscal también solicitó al Juez excluir los testimonios de los cuatro auditores ya que consideró que era redundante, pues todos declararían sobre lo mismo.

El Juez dijo que la Fiscalía también llevará a los mismos cuatro auditores a declarar y los testimonios serán sobre la participación que tuvo cada uno de ellos en la auditoría, por lo que rechazó la solicitud de la Fiscal.

La Fiscal además pidió excluir el testimonio de dos personas que presentará la defensa para que hablen sobre el modus vivendi de la acusada y la forma en que se ha conducido en su vida, debido a que no se entregó copia de la declaración.

El Juez señaló que la defensa no está obligada a incluir las copias y también rechazó esa petición de la fiscal.

El Juez dictó el auto de apertura de juicio oral, pero debido a que la acusada tiene un amparo en trámite, éste no se llevará a cabo hasta que se resuelva el juicio de amparo.

La ex funcionaria fue vinculada a proceso desde noviembre del año pasado.

El 17 de agosto, la defensa solicitó al Juez retirar los cargos a la acusada como había ocurrido con Jaime Otáñez y alegaron que se estaba aplicando justicia selectiva y el Juez negó sobreseer el caso.

Artículo publicado el 2 de septiembre de 2018 en la edición 814 del semanario Ríodoce.