Sin presentar elementos contundentes que lo demuestren, el Gobierno del Estado negó haber causado daños a la flora y fauna de la Isla de Venados con la iluminación artificial que mandó colocar durante los días que se realizó el Tianguis Turístico en Mazatlán.

El abogado Jesús Salazar informó que “ellos (gobierno estatal) dicen que actualmente no se están ejecutando obras, pero reconocen que las mismas sí fueron ejecutadas con el fin de colocar los postes y lámparas e iluminar la Isla de Venados del 16 al 19 de abril, días en que se llevó a cabo el Tianguis Turístico”.

Decenas de ciudadanos, entre ellos colectivos ambientales, estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias del Mar (Facimar) llevaron a cabo acciones para impedir que se afectara la reserva, pero ni el Ayuntamiento de Mazatlán ni las autoridades de Semarnat atendieron la petición de detener el proyecto que solicitó el gobierno del estado.

Jesús Salazar declaró que en un informe rendido por el Gobierno del Estado dio a conocer que no se afectó la flora y fauna silvestre con motivo de la colocación de postes e iluminación, y que ésta fue retirada posteriormente al terminar el evento.

“Incluso agregan un acta de una supuesta acta de inspección levantada por Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) el último día y en la que la procuraduría hace constar que no hay ningún daño ni afectación”, explicó.

En la víspera del Tianguis, un Juez Federal concedió a la agrupación ambientalista Fuego Verde S.C., representada por Jesús Salazar, la suspensión provisional de la iluminación de la Isla de Venados.

La orden del juez pide paralizar “de inmediato cualquier acción tendiente a causar un daño ambiental a la Isla de Venados (…) Se tiene la noticia de que con los trabajos que se encuentran realizando los responsables, podrían estar afectando el entorno de la Isla de Venados, ubicada en el Océano Pacífico, frente al litoral de esta ciudad de Mazatlán”, cita el documento.

Ahora, el informe emitido por el Gobierno del Estado da pauta para hacer valer esa denuncia a la suspensión provisional, explicó, porque ya la autoridad reconoce que sí se ejecutó y que se iluminó la isla y que fue con fines meramente decorativos.

El abogado acotó que por tratarse de una reserva, las únicas actividades autorizadas son las que tienen como fin la investigación científica.

Las autoridades estatales no consideran el daño que genera en la anidación la iluminación, agregó, se enfocan en que no colocaron cemento, no hubo construcciones permanentes, todo quedó desmontado, pero en ningún momento mencionan que cuando llegaron a instalar, arribó una barcaza que asentó sedimentos y que pudo haber dañado el arrecife rocoso de la zona donde se apostó y sobre todo que la iluminación afecta el ciclo de sueño de las aves.

“Y que sí removieron vegetación, ellos alegan que no, pero nosotros hicimos constar en fotos que para una parte de las instalaciones sí tuvieron que cortar mangle y arbustos, son pruebas que se aportarán a la denuncia de violación de suspensión provisional”.

“El seguimiento de la denuncia de violación de suspensión provisional continuará, así como al juicio principal. Se espera que un juez declare inconstitucional la ejecución de esas obras, y se ponga en evidencia que el Gobierno del Estado actuó en forma contraria a derecho, pese a que las organizaciones de la sociedad civil denunciaron de forma previa ese proyecto”, dijo.

“Hay un fin también que busca resarcir de alguna manera, o legitimar o poner en evidencia que el Gobierno del Estado, pese a esa denuncia insistió, y un juez va a determinar que lo hicieron mal, lo que puede dar pie posteriormente a procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos, pero eso ya se harán valer en su momento”.

En cuanto a las decenas de denuncias populares que se presentaron en su momento, dijo, ya hay respuesta de Profepa.

“La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece la figura de denuncia popular, mecanismo que otorga legitimación a los ciudadanos para denunciar cualquier daño al ambiente, y éste tiene la obligación de investigar y abrir una investigación con ese fin, no es difícil anticipar que si levantaron un acta de inspección van a determinar que no hubo ningún daño en la isla, pero lo interesante es que nos dan diez días para acreditar que formamos parte una colectividad y formalizar la denuncia y se le dará seguimiento”, explicó.

La convocatoria fue lanzada en redes sociales con un formato que imprimieron decenas de ciudadanos y la presentaron por su cuenta, dijo.

En la solicitud del permiso que obtuvo el Gobierno del Estado, hicieron alusión que no era necesario contar con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) porque hay una situación descrita como de bajo riesgo que los exenta, pero esas consideraciones están fuera de la ley, no hay ninguna norma que permita la exención de ese estudio.

“Con o sin manifiesto, la obra es contraria a derecho, no puede haber otra obra ahí que no tenga el fin de investigaciones ecológicas”, indicó.

En la solicitud que hicieron las autoridades se desprende información falsa, como la rehabilitación de una obra que data de la década de 1960, ya inexistente, se desprenden coordenadas que no corresponden a donde se hizo la nueva colocación de postes para las luminarias, porque las primeras estaban sobre la meseta y las nuevas en la zona de playa, expuso.

“La otra cuestión es que la ley impide la ejecución de ese tipo de obras por la protección de áreas protegidas”, argumentó.

Artículo publicado el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.