“Joel Ernesto Soto, el que me cesa con una orden verbal, no tiene la capacidad para hacerlo, el juez aquí lo está ordenando que queda nula su orden verbal”, expresa Mario González Sánchez, ex jefe policial cesado por el Teniente Coronel de Caballería, Joel Ernesto Soto.
El ex director operativo de la Policía Preventiva de Mazatlán ganó la demanda laboral que interpuso el 26 de mayo de 2017, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contra el alcalde Fernando Pucheta Sánchez y el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Joel Ernesto Soto.
Según los cálculos económicos hechos por el damnificado, el Ayuntamiento de Mazatlán deberá pagarle alrededor de 700 mil pesos, a partir del 10 de febrero próximo, por salarios caídos, vacaciones y bonos, entre otros conceptos.
El 30 de abril de 2017, Mario González Sánchez fue cesado de su puesto, por el teniente coronel Joel Ernesto Soto, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el argumento de que tuvo una “falla operativa”.
González Sánchez señala que ni el Presidente Municipal de Mazatlán ni la Comisión de Honor y Justicia del Cabildo dijeron “esta boca es mía” y cuando rompieron el silencio fue para decir “es que yo no puedo hacer nada”.
El cesado sostiene que tanto el primer munícipe, como algunos regidores, uno quien protestó cumplir y hacer cumplir la ley, y otros fiscalizar y transparentar el cumplimiento de la misma, decidieron el cómodo silencio ante el autoritarismo.
En ese contexto, critica, el silencio del alcalde y de los regidores costará por lo pronto 700 mil pesos, mismos que no pagarán con dinero de los funcionarios omisos, sino que saldrán de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos.
“En esta sentencia que gané queda nula la orden verbal del Teniente coronel y obliga a la autoridad a pagarme mis salarios caídos, bonos y pago de impuestos, porque ellos no han hecho ningún pago de impuestos desde que yo empecé a trabajar”, asegura.
“Joel Ernesto Soto no es la autoridad para cesar a nadie, pues se tiene un procedimiento y este señor desconoce los protocolos del procedimiento, lo cual se demuestra que es un ignorante y no puede mantener un puesto de esa envergadura”, argumenta.
Nosotros vamos a pelear la reinstalación por vía civil, advierte, demostramos que ya hubo una sentencia y una nulidad a la orden verbal.
“Y me están aplicando mal el artículo 123 de la carta magna, añade, porque nunca he sido vencido, no he sido ganado en ningún juicio penal o administrativo, por lo cual se me está violando mi derecho de audiencia y mi derecho a la defensa que tiene todo ciudadano”.
González Sánchez asegura que su entonces jefe jerárquico cometió un abuso de autoridad al cesarlo como director operativo mediante una orden verbal y que el Tribunal de lo Contencioso debe actuar en consecuencia, separándolo del cargo, porque de lo contrario va a interponer una demanda por la vía civil.
“Pero si no veo esa separación de ese cargo, enfatiza, yo voy a proceder vía civil a lo que continúa, voy a demandar vía civil a las autoridades porque yo no estoy a que se me reinstale únicamente y se me pague conforme a derecho”.
Entrevistado en el tribunal, a González Sánchez se le preguntó si alguna vez durante su carrera policial había sido cesado por alguna “falla operativa”.
Respondió; “Yo soy un policía de carrera de 35 años, donde nunca había tenido ni una sola raspadura hasta que estos señores (militares) llegaron a su modo con una orden verbal que la sentencia del tribunal echó abajo”.
—Después del fallo favorable del tribunal, ¿qué sigue?
—Me causaron un daño moral en mi vida profesional y familiar. Mi familia quedó dañada, mi persona quedó dañada y no se va a subsanar con el pago de un salario caído. Eso es un asunto aparte, ahora va el daño moral. Va el abuso de autoridad, van muchas cosas. Y además, en caso de que me llegara a suceder algo, dejo todos los beneficios de la demanda civil y de lo laboral a mi familia, a mi esposa, para que ellos hagan el cobro de esas demandas tanto civil como la administrativa que acabo de ganar, si me llegara a pasar algo…
—¿Teme por su vida?
—Sí temo por mi vida, eh, no creas que no, por las cosas que suceden en la ciudad. Este señor es una persona que no le tengo las más mínima confianza y además es una persona con unas entrañas muy malas. El señor Teniente coronel, cualquier cosa que me pase, lo hago responsable a él de mi integridad física y la de mi familia.
Cronología del conflicto
—29 de abril de 2017. El teniente coronel Joel Ernesto Soto, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), notifica a Mario González, director operativo de la Policía Preventiva del puerto, que su baja de la corporación fue solicitada por el general Genaro Robles Casillas, secretario de Seguridad Pública del Estado.
—30 de abril de 2017. Joel Ernesto Soto informa que Mario González fue cesado por “una falla operativa”.
—27 de mayo de 2017. Mario González interpone ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, demanda laboral contra el alcalde Fernando Pucheta Sánchez y el titular de la SSPyTM, Joel Ernesto Soto.
—18 de enero de 2018. El Tribunal da revés a la orden verbal del secretario Joel Ernesto Soto, y obliga a las autoridades a pagarle salarios caídos al damnificado.
Artículo publicado el 21 de enero de 2018 en la edición 782 del semanario Ríodoce.
