Sin dinero para pagar deuda que dejó Malova

Sin dinero para pagar deuda que dejó Malova

 

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Gobierno de Quirino pronostica detención de obra pública y de pago a proveedores

 

 

 

De los ocho mil millones de pesos de deuda a corto plazo que heredó la administración de Mario López Valdez, el gobierno de Sinaloa apenas ha logrado pagar un cinco por ciento.

Y el panorama para el segundo semestre del año no se ve alentador, admitió el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, Carlos Ortega Carricarte.

“Un grave déficit financiero y estructural que compromete las finanzas”, fue el resumen que presentó a inicios de este 2017, el gobierno de Ordaz Coppel. A seis meses de distancia, la situación no ha cambiado mucho.

A proveedores y contratistas no se les ha pagado un peso de los 2 mil 241 millones de pesos que Malova quedó a deber. El gobierno de Ordaz Coppel se ha concentrado en pagarle primero a sus empleados: aguinaldos, sueldos y retenciones. La deuda con los burócratas es de casi 5 mil millones de pesos.

En entrevista, Ortega Carricarte advierte que el segundo semestre del 2017 será complejo debido a una caída de las participaciones federales, lo que podría ocasionar que se detenga la obra pública y se deje de abonar a los acreedores.

 

—A principios de año usted expuso una situación crítica en las finanzas, ¿cómo lograron cerrar este primer semestre?

—El cierre del primer semestre hasta ahorita es favorable porque ha permitido bajar algunos pasivos que teníamos. Se han estado amortizando pasivos de años pasados que teníamos con los trabajadores, no se les ha pagado a proveedores, el trabajador está primero, se les ha dado prioridad.

“Se han estado amortizando, en el caso del ISSSTESIN, retenciones de años anteriores, también algunos aguinaldos que no se habían finiquitado en periodos anteriores, teníamos maestros que no se les habían podido pagar sus horas extras, salarios devengados, hemos establecidos mesas para aclarar los pasivos e irlos cubriendo paulatinamente”, detalló.

 

Ortega Carricarte precisó que se logró pagar alrededor de 500 millones de pesos de deuda a corto plazo. Sin embargo, la cifra total es de 8 mil 612 millones de pesos. Apenas se ha pagado un cinco por ciento.

Según las cifras oficiales que se presentaron en febrero de este año, cuando la tesorería del Estado hizo público un balance de las finanzas recibidas del gobierno de López Valdez, la deuda total que heredó el sexenio saliente es de 13 mil 130 millones de pesos, una cifra nunca antes registrada en Sinaloa.

De esa cantidad, cuatro mil 518 millones de pesos fueron contratados como deuda a largo plazo, es decir a través de esquemas crediticios que tienen un plazo pactado para su pago. Pero el resto, los ocho mil 612 millones, es deuda que se adquirió por encima de un presupuesto, sin recursos para poder pagarla.

Entre esta deuda sin fuente de pago se  incluye a proveedores y contratistas, las retenciones que no se aportaron al Instituto de Pensiones por mil 725 millones de pesos; una deuda de mil 500 millones en el sector salud y 396 millones en Educación.

 

—¿Cuál es el panorama para este segundo semestre?

­—Va a ser más complejo, a nivel federal ya están anunciando una caída de las participaciones federales, el flujo positivo ya no lo tendríamos y ya no tendríamos la posibilidad de seguir amortizando tanta deuda. Lo grave es que tenemos todavía presión de seguir cubriendo pasivos anteriores. Las presiones que tenemos de gastos, son mayores a los ingresos que tenemos.

Para el próximo año, el gobierno de Sinaloa enfrentará un periodo de austeridad debido a un recorte del presupuesto federal por alrededor de 80 mil millones de pesos. Sin embargo, también se trata de un año electoral.

 

—¿Cómo pretende blindar la tesorería de Sinaloa, ante este año electoral?

­—Aquí va a ser muy importante la participación ciudadana y los medios de comunicación. Es muy importante que exista una vigilancia ciudadana a través de todas las herramientas de transparencia que existen. Pero obviamente, el gobierno del Estado tiene como prioridad la transparencia y rendición de cuentas en el gasto.

 

 

 

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