abril 18, 2021 6:05 PM

“Retratos” de impunidad

 

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ATILANO ROMÁN. Dos años de impunidad.

 

A pesar de su promesa de esclarecer el homicidio de Atilano Román, Malova solo deja “retratos hablados” de los probables responsables

 

 

 

A dos años del asesinato del líder de los afectados por la construcción de la presa Picachos, Octavio Atilano Román Tirado, y a menos de cien días de que termine el mandato del gobernador Mario López Valdez, impera la impunidad.

El cinco de noviembre de 2014, el mandatario estatal dijo tener un compromiso y una promesa de que el homicidio sería esclarecido.

“Hace unas semanas atrás se nos juntó lo de la Banda de El Recodo, lo del periodista Tony Gamboa, era una enorme presión, yo me junté con el procurador, con el comandante de la Ministerial y pudimos sacarlo adelante. Tengo el compromiso y la promesa de que lo de Atilano se resolverá. No puedo decirles las líneas de investigación. Todas están ahí, yo espero que pronto podamos encontrar a los culpables”, expresó López Valdez.

 

Atilano

 

El 11 de octubre de 2014, aproximadamente a las 10:36 horas, mientras Atilano Román conducía su programa sabatino Así es mi tierra, dos sicarios irrumpieron violentamente portando armas cortas, a la cabina de Fiesta Mexicana ABC Radio, del diario El Sol de Mazatlán, y uno de ellos le descargó dos balazos —uno en la cara y otro en el cuello— al líder de los comuneros.

Román Tirado fue llevado de emergencia por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, a la clínica Sharp, donde momentos después murió debido a la gravedad de las lesiones causadas por las balas calibre .9 milímetros.

El 16 de octubre de 2014, Marco Antonio Higuera Gómez, procurador General de Justicia del Estado, informó que la dependencia a su cargo ya tenía retratos hablados de los probables responsables del homicidio de Román Tirado.

“Se ha trabajado, se tienen retratos hablados de las personas que son los probables responsables de estos hechos y  ya el paso que tenemos ahorita es la búsqueda y localización e identificación de estas personas”, dijo el fiscal.

El 20 de febrero de 2015, Higuera Gómez aseguró a un diario local de Mazatlán, que pronto caería el asesino del líder de los comuneros, porque ya estaba plenamente identificado y solo estaba esperando hacer dos diligencias.

“Estamos esperando un par de diligencias que para nosotros es importante cerrarlas”, sostuvo.

Entre el “yo espero que pronto podamos encontrar a los culpables”, expresado por el gobernador Mario López Valdez, y el “estamos esperando un par de diligencias”, del procurador Marco Antonio Higuera Gómez, está la espera de los deudos de que se cumpla el “tengo el compromiso y la promesa de que lo de Atilano se resolverá”, de Malova, a menos de cien días de que se vaya.

 

Isidro

 

Los signos de que el común denominador de los crímenes de alto impacto sería la impunidad, se empezaron a ver desde el 1 de junio de 2013, cuando el exjuez Mixto de Concordia, Isidro Hernández Ramírez, fue encontrado asesinado junto con su esposa Isabel Espinosa Gastélum y sus hijas Esmeralda y Linda Cristal Hernández Espinosa, de 60, 59, 21 y 20 años, respectivamente.

Miguel Hernández Ramírez dijo a Ríodoce que su hermano Isidro había sido plagiado junto con su familia la noche del 18 de marzo de 2013, aparentemente mientras había salido a pasear en su camioneta hacia el malecón de Mazatlán.

Los cadáveres de la familia Hernández Espinosa fueron hallados en estado de putrefacción en el fondo de un barranco del Cerro del Oro, situado en la comunidad de El Cantil,  perteneciente al municipio de Concordia.

Todavía en mayo pasado, el consanguíneo del exjuez Mixto de Concordia, que criticaba que en Sinaloa no había justicia pronta ni expedita, pedía tanto al Gobernador del estado, como al Procurador de justicia que esclarecieran el multihomcidio.

“La petición al Gobernador y al Procurador es que manden más gente aquí a Mazatlán,  a esa agencia, y que se pongan a cumplir con la investigación de los hechos hasta las últimas consecuencias”, clamaba Hernández Ramírez.

Los deudos de la familia masacrada se cansaron de pedir justicia al gobierno encabezado por Mario López Valdez, y criticaban que a tres años de ocurrido el multihomicidio no hay ningún detenido.

 

Javier

 

El atentado del exjuez civil, Javier Sámano Bazúa, de 60 años de edad, fue perpetrado por un sicario, aproximadamente a las 10:50 horas del 5 de febrero de 2014, cerca de sus oficinas ubicadas en calle Río Bravo, número 207, entre las calles Papagayo y Jesús García, en la colonia Ferrocarrilera.

La víctima fue llevada a la clínica del Issste, donde murió más tarde a consecuencia de los balazos calibre .9 milímetros.

Sámano Bazúa fue juez Primero y Segundo de lo civil, y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y conocía los laberintos de la justicia penal, pero no por ello dejó de ser víctima de la impunidad de su victimario, quien hasta la fecha no ha sido detenido.

En junio de 2013, Ríodoce lo entrevistó sobre el silencio del gremio de  jueces y abogados sobre el asesinato del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, y dijo algo que puede aplicarse al pie de la letra respecto a su propia muerte: “Es un crimen muy grave y sí preocupa el silencio y la falta de información a la ciudadanía”.

En Mazatlán, durante una gira de trabajo, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, dijo que estaban indignados por la violencia que tenían en Sinaloa, y exigió justicia pronta y expedita para el maestro Sámano Bazúa.

Han pasado dos años y ocho meses, y como decía el formador de abogados en la zona sur del estado: “…sí preocupa el silencio y la falta de información a la ciudadanía”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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