abril 13, 2021 12:57 AM

La prisa de Malova por deslindarse

 

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No podía ser de otra manera, la emboscada al convoy militar convulsionó de nuevo el ya desequilibrado clima violento de Sinaloa y cerró un septiembre que se disparó en homicidios. Diez días después, el gobernador Malova muestra un apuro inusual por aclarar la actuación local en el ataque. En ese apuro no hay un afán de transparencia o compromiso por las explicaciones para la tranquilidad ciudadana, sino un reclamo enérgico en público y en privado de los mandos federales de la Defensa. Y van desde el comandante de la Novena Zona Militar hasta el General Secretario. En esa socialización que se intenta desde el gobierno se busca un cobijo a los reclamos federales.

Entre más intenta congraciarse el gobernador Malova —ofreciendo un pago de un millón a familiares de militares muertos y mostrando la cronología de la llegada de las policías—, más le reclaman al gobernador y a su gabinete en las reuniones del Grupo Coordinación, tanto la intervención anterior y posterior a la emboscada.

Hasta dónde es culpable la autoridad local del ataque al convoy adquirió poca importancia con la dinámica que tomó el caso, porque en la comandancia del Ejército el suceso avivó la desconfianza con muchos de los mandos locales, desde comandantes y policías hasta los mismos directores de las corporaciones. Y así lo han expresado directamente al gobernador y su gabinete.

El gobernador lleva diez días defendiéndose cuando hay una docena de aristas internas que podrían investigarse en el fuero común, diferentes por supuesto a la investigación de los homicidios y el ataque al convoy que está en el ámbito federal. Pero en las aclaraciones del gobierno estatal no hay hasta ahora ningún señalamiento y menos asumir alguna omisión.

La primera lleva a las aclaraciones que han venido haciendo con la cronología y la llegada de las corporaciones: ¿Está en los rangos esperados para el acceso principal a la ciudad? ¿La reacción policiaca correspondió a lo esperado? porque hasta ahora solo parece que llegaron a recoger heridos y no a ubicar a los agresores. ¿Por qué la Ministerial detectó a municipales que solo observaban y no actuaban? ¿A quién le tocaba el sector y dónde andaban en ese momento? ¿El resto de patrullas no escucharon el escándalo de balazos y explosiones en una madrugada silenciosa?

Las preguntas de la emboscada pueden extenderse aún más: ¿Qué recorrido dentro de la ciudad hizo el convoy que atacó a los militares? Y una fundamental, ¿por qué localmente evaden hablar del único vehículo de los atacantes que quedó en la emboscada? Esa camioneta Chevrolet, Cheyenne, placas UE 65352 que se registró en Eldorado.

 

Margen de error

(El Chapo, otra vez) Al interior del Ejército no es creíble el deslinde de la emboscada de los hermanos Guzmán. La información que tienen las fuerzas armadas apunta siempre a ellos por la conexión con el herido que trasladaban. Aun así, no detenían la versión que se trataba de un miembro más importante de la organización que Julio Óscar Ortiz, y para detener las especulaciones entregó el Ejército a medios la fotografía del Kevin, que tenían desde antes de que se autorizara el traslado de Badiraguato a Culiacán.

Las preguntas pendientes sobre la emboscada también incluyen al Ejército: ¿No tenían ubicado al Kevin en la estructura criminal y por eso se autorizó el traslado? ¿La desconfianza a la autoridad local los llevó a no avisar para el apoyo al llegar a la ciudad o en el traslado?

El deslinde de los Guzmán carece de cualquier validez, por supuesto, pero llevaba un propósito.

 

Mirilla

(Despedida) La prisa de Malova por responder sobre la reacción policiaca local a la emboscada se suma a la serie de aclaraciones en que está quedando envuelto en el cierre de sexenio. La inmediata anterior fue sobre la permanencia de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso.

El propósito de Malova es no permitir que crezca algún tema que podría llevarlo al rincón en que se encuentran ahora los Duarte —César y Javier—, y Roberto Borge, con acusaciones de corrupción con una carga mediática fuerte y por muchos flancos. No se encuentra en esa tesitura, todavía, pero como cualquier atención de crisis debe atajarla antes de que lo envuelva.

Más que el tema de corrupción, podría ser la seguridad la que ponga en la mira a Malova, cuando entre en su condición de exgobernador.

 

Primera cita

(Repetición) La cita de la semana ratifica que el gobernador Malova no quiere investigar, dentro de las facultades que le tocan, a las corporaciones y mandos involucrados en la reacción policiaca a la emboscada. Busca que sean otros —en este caso la PGR— quienes dentro de la investigación del homicidio a los militares incluyan a las policías locales.

Dice Malova: “Porque si queremos una investigación seria, profunda y dar con los responsables no debe quedar absolutamente nadie exento de investigación”. Pero de ese modo evade lo que le toca desde el ámbito local. Pero aunque no se diga tendrá sus repercusiones inmediatas.

 

DEATRASALANTE

(Aponte) Podrían citarse perfectamente en extenso aquellas palabras de finales de 2005, en el primer año del gobierno de Jesús Aguilar, del general Sergio Aponte Polito, y encajarían a cabalidad una década después. Y eso que Aponte le dijo en su cara al gobernador aquello que se tomó como un regaño antes de la guerra contra el narco de Calderón, antes de pasar siquiera de 500 homicidios al año en Sinaloa: “A mí me sorprende profundamente que tomen como un aspecto rutinario o normal a la gran cantidad de muertes que hay en un año, en un mes, en un día. Eso debe ser anormal; lo normal debe de ser que no se presentaran muertos por hechos violentos.” (PUNTO)

 

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