sábado, enero 22, 2022
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Justicia estatal, al servicio de los gobernantes

presos picachos
La Suprema Corte ordena investigar el encarcelamiento de comuneros de la Picachos; la Procuraduría del Estado le da largas…
Desde 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debió investigar a los policías ministeriales que detuvieron a los comuneros de la presa Picachos en Mazatlán, pero ha dado largas a la investigación.
A pesar de que un Juez de Distrito y los magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenaron abrir la averiguación previa y resolverla, la fiscalía estatal no lo ha hecho.
El Agente del Ministerio Público mantiene abierta la averiguación previa iniciada contra los policías por los probables delitos de privación  ilegal  de  la libertad,  abuso  de  autoridad,  lesiones  y  los que resulten.
Los agentes investigados son los que participaron en la detención de 25 comuneros el 10 de febrero de 2013, en el Centro de Mazatlán.
Entre los afectados se encuentran el líder del grupo, Atilano Román Tirado, asesinado a balazos el 11 de octubre de 2014, en una cabina de radio en el puerto.
En 2013, los comuneros pretendían entrar al desfile del carnaval para manifestarse acompañados de un hombre que parodiaría al gobernador Mario López Valdez, pero fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado.
El mandatario estatal argumentó que habían sido arrestados debido a que portaban armas y drogas, y negó que haya sido como medida represiva.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del  Ministerio  Público  Especializado en  Delitos  contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur, acusados de delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana.
El 25 de febrero el Ministerio Público los puso en libertad bajo reservas de ley.
Los acusados presentaron una denuncia penal contra los agentes que participaron en la detención, pero la fiscalía estatal no inició la averiguación previa en ese momento, sino hasta que un Juez de Distrito lo ordenó en noviembre de 2013.
El representante social inició la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en marzo de 2014 el Juez consideró que no se había cumplido la sentencia y envió el expediente al Tribunal Colegiado, que a su vez lo remitió a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 10 de junio de 2015, los magistrados de la SCJN ordenaron que se iniciara una nueva averiguación previa con motivo de la denuncia presentada en febrero de 2013.
“Requiera  a  la  autoridad  vinculada  Director  de Averiguaciones  Previas  con  residencia  en  Culiacán, Sinaloa,  para  que  actúe  con  prontitud  y  celeridad, respetando  los  términos  que  para  dicho  fin  se establecen  en  los  cuerpos  normativos  conducentes, así  como  ajustándose  a  las  disposiciones  legales aplicables  al  trámite  e  integración  de  la  averiguación previa respectiva”, señala la resolución.
Después de recibir informes y constancias, en febrero de este año el Juez de Distrito resolvió que las autoridades de la PGJE no habían acatado puntualmente las directrices establecidas en la sentencia de amparo de la Suprema Corte y envió el expediente al Tribunal Colegiado Administrativo por inejecución de sentencia.
Los magistrados resolvieron devolver el expediente al Juez y ordenaron que analice las constancias para establecer si se tiene por cumplida la sentencia de amparo o si ha existido una actitud evasiva o procedimientos ilegales dilatorios por parte de la PGJE.
En caso de determinar que existe actitud evasiva, indica, deberá aplicar las multas a las autoridades responsables de cumplir con la sentencia.
La detención
De acuerdo con el parte informativo de la detención, a las 16:30 horas los agentes recibieron una llamada anónima que les informaba que en la colonia Centro había un grupo de personas armadas que pretendían entrar al desfile y por la noche causar desmanes en la plazuela Machado.
Los agentes acudieron al lugar y supuestamente fueron recibidos con agresiones.
“Una persona  golpeó  con  mucha  fuerza  a  uno  de  los agentes  en  los  testículos,  por  tal  motivo  se  procedió al  aseguramiento  de  esas  personas  quienes comenzaron  a  darse  a  la  fuga  entre  las  calles  y  en su  huida  arrojaron  una  caja  de  cartón  corrugado conteniendo  en  su  interior  un  número  indeterminado de  volantes  informativos  y  en  el  fondo  de  dicho cartón  se  encontraba  una  bolsa  de  polietileno transparente  conteniendo  en  su  interior  15  bolsitas de  polietileno  transparente,  conteniendo  en  su interior  polvo  blanco  con  las  características  de  la droga  conocida  como  cocaína”, señala el parte informativo.
En el cartón, presuntamente también había 20 bolsas con mariguana, un revólver calibre 22 y cinco cartuchos útiles.
A los comuneros además les aseguraron cuatro latas de pintura en aerosol, un listón con la leyenda Malova, un látigo, una peluca, un antifaz, una billetera, 20 celulares y volantes informativos.
Como afectados aparecen  Octavio Atilano  Román  Tirado,  Alma  Barraza,  Tomás García  Tirado,  Julio  César  García  Aguilar, Plácido  Aguilar  Moreno,  Bernabé  Valenzuela Calderón,  Sergio  Valenzuela  Calderón,  Julio César  Ruiz  Valenzuela,  Jesús  Antonio  Ruiz Valenzuela,  Mario  Valenzuela  Ibarra,  Víctor Valenzuela  Ibarra,  Mario  Alberto  García Sánchez y  Loreto  Manjarrez  Bastidas.
También fueron acusados  Efraín García  Tirado,  Guillermo  García  Tirado,  Jorge Tirado  Moreno,  Antonio  Espinoza  Moreno, Alfonso  Moreno,  Juan  Pablo  Lizárraga Lizárraga, Alberto Alemán Gutiérrez, Alfonso  Enciso  Campillo,  Pedro  Guevara  Ulloa,  Damián Lazcano,  Azareth “N” ,Luis  Alberto  Moreno  Ibarra y Francisco  Moreno  Ibarra.

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