La Suprema Corte ordena investigar el encarcelamiento de comuneros de la Picachos; la Procuraduría del Estado le da largas…
Desde 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debió investigar a los policías ministeriales que detuvieron a los comuneros de la presa Picachos en Mazatlán, pero ha dado largas a la investigación.
A pesar de que un Juez de Distrito y los magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenaron abrir la averiguación previa y resolverla, la fiscalía estatal no lo ha hecho.
El Agente del Ministerio Público mantiene abierta la averiguación previa iniciada contra los policías por los probables delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, lesiones y los que resulten.
Los agentes investigados son los que participaron en la detención de 25 comuneros el 10 de febrero de 2013, en el Centro de Mazatlán.
Entre los afectados se encuentran el líder del grupo, Atilano Román Tirado, asesinado a balazos el 11 de octubre de 2014, en una cabina de radio en el puerto.
En 2013, los comuneros pretendían entrar al desfile del carnaval para manifestarse acompañados de un hombre que parodiaría al gobernador Mario López Valdez, pero fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado.
El mandatario estatal argumentó que habían sido arrestados debido a que portaban armas y drogas, y negó que haya sido como medida represiva.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur, acusados de delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana.
El 25 de febrero el Ministerio Público los puso en libertad bajo reservas de ley.
Los acusados presentaron una denuncia penal contra los agentes que participaron en la detención, pero la fiscalía estatal no inició la averiguación previa en ese momento, sino hasta que un Juez de Distrito lo ordenó en noviembre de 2013.
El representante social inició la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en marzo de 2014 el Juez consideró que no se había cumplido la sentencia y envió el expediente al Tribunal Colegiado, que a su vez lo remitió a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 10 de junio de 2015, los magistrados de la SCJN ordenaron que se iniciara una nueva averiguación previa con motivo de la denuncia presentada en febrero de 2013.
“Requiera a la autoridad vinculada Director de Averiguaciones Previas con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que actúe con prontitud y celeridad, respetando los términos que para dicho fin se establecen en los cuerpos normativos conducentes, así como ajustándose a las disposiciones legales aplicables al trámite e integración de la averiguación previa respectiva”, señala la resolución.
Después de recibir informes y constancias, en febrero de este año el Juez de Distrito resolvió que las autoridades de la PGJE no habían acatado puntualmente las directrices establecidas en la sentencia de amparo de la Suprema Corte y envió el expediente al Tribunal Colegiado Administrativo por inejecución de sentencia.
Los magistrados resolvieron devolver el expediente al Juez y ordenaron que analice las constancias para establecer si se tiene por cumplida la sentencia de amparo o si ha existido una actitud evasiva o procedimientos ilegales dilatorios por parte de la PGJE.
En caso de determinar que existe actitud evasiva, indica, deberá aplicar las multas a las autoridades responsables de cumplir con la sentencia.
La detención
De acuerdo con el parte informativo de la detención, a las 16:30 horas los agentes recibieron una llamada anónima que les informaba que en la colonia Centro había un grupo de personas armadas que pretendían entrar al desfile y por la noche causar desmanes en la plazuela Machado.
Los agentes acudieron al lugar y supuestamente fueron recibidos con agresiones.
“Una persona golpeó con mucha fuerza a uno de los agentes en los testículos, por tal motivo se procedió al aseguramiento de esas personas quienes comenzaron a darse a la fuga entre las calles y en su huida arrojaron una caja de cartón corrugado conteniendo en su interior un número indeterminado de volantes informativos y en el fondo de dicho cartón se encontraba una bolsa de polietileno transparente conteniendo en su interior 15 bolsitas de polietileno transparente, conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la droga conocida como cocaína”, señala el parte informativo.
En el cartón, presuntamente también había 20 bolsas con mariguana, un revólver calibre 22 y cinco cartuchos útiles.
A los comuneros además les aseguraron cuatro latas de pintura en aerosol, un listón con la leyenda Malova, un látigo, una peluca, un antifaz, una billetera, 20 celulares y volantes informativos.
Como afectados aparecen Octavio Atilano Román Tirado, Alma Barraza, Tomás García Tirado, Julio César García Aguilar, Plácido Aguilar Moreno, Bernabé Valenzuela Calderón, Sergio Valenzuela Calderón, Julio César Ruiz Valenzuela, Jesús Antonio Ruiz Valenzuela, Mario Valenzuela Ibarra, Víctor Valenzuela Ibarra, Mario Alberto García Sánchez y Loreto Manjarrez Bastidas.
También fueron acusados Efraín García Tirado, Guillermo García Tirado, Jorge Tirado Moreno, Antonio Espinoza Moreno, Alfonso Moreno, Juan Pablo Lizárraga Lizárraga, Alberto Alemán Gutiérrez, Alfonso Enciso Campillo, Pedro Guevara Ulloa, Damián Lazcano, Azareth “N” ,Luis Alberto Moreno Ibarra y Francisco Moreno Ibarra.
